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Sheinbaum lee la cartilla a Sansores y Armenta: no a la censura
Sheinbaum es tajante: “Mi gobierno siempre va a estar en contra de la censura. No debe haber sanciones penales por ejercer la libertad de expresión”.
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Pide frenar censura en Puebla y Campeche. ¿Le harán caso?
EMEEQUIS.– Tras su regreso de Canadá, la presidenta Sheinbaum puso orden y marcó distancia con Sansores y Armenta: “Mi gobierno está en contra de la censura”, menciona.
En medio de una creciente polémica por casos de censura en Campeche y Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien regresó este 18 de junio de la cumbre G7 en Canadá, fijó una postura clara respecto a los posibles casos de censura en Puebla y Campeche.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre dos hechos recientes: la entrada en vigor de la llamada “Ley Censura” en Puebla, que penaliza el llamado ciberasedio con hasta tres años de cárcel, y el proceso judicial contra el periodista Jorge Luis González Valdez en Campeche, impulsado por la gobernadora Layda Sansores.
Aunque admitió no estar plenamente informada del caso de Campeche, fue enfática: “El caso de Campeche no conozco exactamente cómo es la situación, pero cualquier cosa que tenga que ver con la censura estamos en contra, que les quede perfectamente claro. Está garantizada la libertad de expresión y los gobernadores deben garantizarla”, afirmó.
“Todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión no debe ser sancionado y menos de manera penal”, mencionó Sheinbaum sobre Campeche.
Respecto a la situación en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta impulsó una ley aprobada sin consulta previa que castiga el “ciberasedio”, Sheinbaum fue tajante: “Mi gobierno siempre va a estar en contra de la censura. No debe haber sanciones penales por ejercer la libertad de expresión”.
En referencia a los foros de análisis que Armenta propuso después de la entrada en vigor de la ley, la presidenta consideró positivo abrir el diálogo, pero insistió en que las consultas deben ser previas a la aprobación de cualquier legislación que impacte derechos fundamentales.
ROSA ICELA TAMPOCO LE DIÓ ENTRADA
Un día antes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también se posicionó contra la reforma poblana: “El gobierno de México está en contra de cualquier tipo de censura. Nosotros nos preciamos de seguir la línea de un gobierno por las libertades y los derechos (…) absolutamente estamos en contra de cualquier intento”.
Aunque reconoció que Armenta pidió al Congreso local revisar el artículo polémico, subrayó que dicha acción llegó después de la presión pública. “Me parece muy importante que participe toda la sociedad poblana y la de México sobre este tipo de artículos”, añadió.
“NO SOY VIRREY”, ARMENTA SE DEFIENDE
En respuesta, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, negó que la ley busque coartar la libertad de expresión. “No soy virrey ni señor feudal. Respeto la labor periodística y la defenderé con el mismo rigor con el que protejo a niños y madres buscadoras”, declaró.
Sin embargo, organizaciones como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla han advertido que el nuevo tipo penal, “ciberasedio” es ambiguo y podría ser utilizado para perseguir a periodistas críticos, especialmente en redes sociales. El artículo 480 del Código Penal del Estado establece penas de hasta tres años de cárcel por “ofender o vejar de manera insistente” a una persona a través de medios digitales, sin definir con claridad qué constituye una ofensa.
SANSORES ATRAPA PERIODISTAS
Mientras tanto, en Campeche, el periodista Jorge Luis González Valdez, de 71 años, enfrenta un proceso penal por “incitación al odio y la violencia”, derivado de publicaciones críticas en el portal Tribuna. La demanda fue presentada directamente por la gobernadora Layda Sansores, quien aseguró que las críticas constituyen un “ataque sistemático” motivado por misoginia.
“Esta denuncia la pusimos directamente en contra de él porque es un comportamiento sistemático, todos los días. Está obsesionado conmigo”, declaró Sansores, quien ha calificado las publicaciones como “libertad de agresión”.
González Valdez, quien asegura haberse jubilado en 2016 y no tener injerencia en el medio, podría perder su vivienda ante una sentencia paralela que lo obliga a pagar 2 millones de pesos por una demanda presentada en 2022 por el sobrino de Sansores y un vocero estatal. “Me amenazan con embargar la casa que mi padre me regaló hace más de 40 años”, denunció el periodista.
El debate en ambos estados ha encendido alertas en organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa. La preocupación deriva de los actos de autoridad de gobernadores que puedan usarse como herramientas de censura.
@emeequis

