“El gobierno está en contra de la censura”. Rosa Icela sobre caso Puebla

¿Se derogará?

EMEEQUIS.– La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez se manifestó de forma tajante en contra de la “ley censura” en Puebla que entró en vigor este sábado y que castiga el llamado “ciberacoso” hasta con tres años de cárcel. 

“El gobierno de México está en contra de cualquier tipo de censura. Nosotros nos preciamos de seguir la línea de un gobierno por las libertades y los derechos. Entonces, de ninguna manera, el gobierno de la Cuarta Transformación está por una cuestión de la censura hacia los medios de comunicación. Absolutamente, estamos en contra de cualquier intento”.

Consideró positivo que el gobernador Alejandro Armenta haya tenido la iniciativa el fin de semana de pedir al Congreso local que organice consultas sobre los alcances de esta ley, aunque lo hizo después de la presión mediática y ya que la ley había entrado en vigor. 

Elogió que el gobernador haya pedido consultas, aunque lo hizo después de la entrada en vigor.

“Y por cierto que se me hizo bien la iniciativa que tomó el gobernador de enviarle al Congreso de Puebla una cordial invitación para que revisen lo relativo al artículo que ha causado polémica sobre el ciberacoso.

“Me parece muy importante que participen este pues toda la sociedad poblana sobre y la de México, la que así consideraría sobre este tipo de artículos que han aprobado en el Congreso del Estado.

MANTÉNGASE INFORMADO

Recibe nuestro boletín semanal

Si continúas, aceptas la política de privacidad

“Entonces, que se ponga a consideración y que pues sean muchos los periodistas que participen, los padres de familia, en fin, que participen todo mundo para que pueda dar su opinión sobre que pues en México no debe haber censura, libertad, libertad y derecho”.

UNA LEY AMBIGUA

Este domingo, después de la publicación en el Periódico del Estado y entrada en vigor de la reforma al Código Penal en materia de ciberseguridad en Puebla, mejor conocida como “Ley Censura”, el gobernador Alejandro Armenta pidió la realización de foros para analizar sus alcances.

Normalmente los procesos de parlamento abierto se dan antes de aprobarse una ley, pero ante la ola de críticas, el gobernador Armenta decidió pedir el análisis de la ley, sin adelantar si se derogará en caso de resultar nociva según los foros. 

Según la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Congreso tiene la facultad de legislar en materia penal, lo que incluye la capacidad de derogar disposiciones legales mediante la aprobación de un decreto.

“Le solicito respetuosamente a la Mtra. @artemisa_laura, Presidenta en Junta de Gobierno y Coordinación Política del @CongresoPue y los integrantes de la LXII Legislatura establecer foros en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, asociaciones de padres de familia, organismos de derechos humanos y colegio de abogados para analizar la Ley de Ciberseguridad en lo correspondiente al ciberacoso. Siempre con el propósito de proteger los derechos humanos universales con el mayor consenso posible. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, publicó Armenta en su cuenta de X.

Su petición fue atendida de inmediato y Laura Artemisa informó que ya se están organizando las consultas.

La Ley de Ciberseguridad de Puebla, conocida popularmente como “Ley Censura”, es una reforma al Código Penal del estado aprobada el 12 de junio de 2025 y publicada el 13 de junio en el Periódico Oficial del Estado. 

Esta ley tipifica el delito de ciberasedio (o ciberacoso), entre otros, y establece sanciones de hasta tres años de prisión y multas de entre 5,657 y 39,599 pesos (50 a 350 UMAs) para quienes, a través de redes sociales, correo electrónico u otros medios digitales, insulten, ofendan, agravian o vejen a otra persona de manera insistente, causando un daño físico o emocional. Las penas se agravan si la víctima es menor de edad.

Organizaciones como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla advierten que la definición de “ciberasedio” es ambigua y subjetiva. Términos como “insultar” o “ofender” no están claramente delimitados, lo que podría permitir su uso arbitrario para criminalizar críticas legítimas al gobierno, especialmente de periodistas, activistas y ciudadanos.

@emeequis