Sheinbaum asegura transparencia, pero se mantiene la “seguridad nacional” para reservar contratos

La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria Raquel Buenrostro firmaron un decreto para asumir la política de transparencia tras la extinción del INAI, estableciendo actualizaciones mensuales obligatorias de contratos y filiales de Pemex y CFE, así como la simplificación de reservas de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Frente al anuncio, la excomisionada del extinto INAI, Julieta del Río Venegas, replicó que la apertura de contratos ya era una obligación constitucional previa y no una novedad, asegurando además que la PNT se entregó plenamente funcional y con respaldo legal.

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¿Quién decidirá cuando aplica “seguridad nacional” para reservar contratos? Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.–  El Gobierno de México emitió un decreto ejecutivo para reestructurar y asumir de forma directa el control del modelo de rendición de cuentas en la Administración Pública Federal, una medida institucional que se da en el contexto de la reciente reforma constitucional que concretó la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la trasferencia de sus facultades normativas a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

EL ALCANCE DEL DECRETO Y LAS NUEVAS OBLIGACIONES FEDERALES

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fundamentó la emisión de estas reglas en la aplicación directa del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sosteniendo que el marco legal exige un estándar más alto de apertura en las instituciones públicas.

“Esto está en la Constitución, está en los lineamientos, pero vamos a ser todavía más transparentes. Es la garantía de la transparencia de la información del Gobierno de México”, aseguró la mandataria mexicana.

Sheinbaum subrayó que el mandato legal vigila que la totalidad de los datos en poder de las autoridades sea pública, limitando las excepciones a criterios estrictos.

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad […] es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes”, leyó la mandataria al citar la norma constitucional.

REESTRUCTURACIÓN DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Por su parte, la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que el decreto busca estrechar drásticamente los criterios con los que las dependencias solían ocultar expedientes bajo la figura del resguardo institucional.

“Se van a eliminar reservas actualmente, se tienen en las fracciones diecisiete reservas, aunque las diecisiete están clasificadas entre interés público y seguridad nacional. Sin embargo, se va a hacer una simplificación para pasar nada más a abocarnos y ser expresamente nada más lo de interés público y seguridad nacional”, explicó la funcionaria federal.

La secretaria enfatizó que la prioridad de la nueva gestión será garantizar el acceso efectivo a la información mediante versiones públicas, promoviendo la máxima difusión a través de instrumentos técnicos abiertos.

“Y de preferencia se va a dar prioridad a que la información que se reserve no solo sea temporal, sino también se publique, aunque se reserve alguna, se publique en versiones públicas, preferentemente cuando ocurra que haya información de interés público y de seguridad nacional, se hagan versiones públicas para que solo se reserve esa información”, expuso Buenrostro.

LOS CUATRO EJES ESTRATÉGICOS DE APERTURA GUBERNAMENTAL

Buenrostro profundizó en las cuatro áreas clave del gobierno donde se aplicará este reforzamiento de la transparencia:

  • Contrataciones públicas: La actualización de licitaciones, contratos celebrados y convenios modificatorios pasará de ser un reporte trimestral a una obligación de carga mensual detallada.
  • Empresas productivas del Estado (Pemex y CFE): Se exigirá la difusión de estados financieros, gobierno corporativo y contratos de sus empresas filiales, incluidas las que operan en el extranjero.
  • Fiscalización y auditoría: Se transparentará el Programa Anual de Fiscalización, el seguimiento a las observaciones de los Órganos Internos de Control (OIC) y el padrón de despachos externos.
  • Reingeniería de la PNT: Se otorgó un plazo de 30 días hábiles para incorporar bases de datos masivas y formatos de fácil descarga en la Plataforma Nacional de Transparencia.

La ley como está ahora.

LA REACCIÓN DE JULIETA DEL RÍO: CRÍTICA A LA NARRATIVA OFICIAL

Frente a la presentación del nuevo marco gubernamental, la excomisionada del extinto INAI, Julieta del Río Venegas, cuestionó enérgicamente el discurso oficial, señalando que el gobierno presenta como “innovaciones” obligaciones legales que han estado vigentes en la legislación mexicana durante años.

“Los contratos son información pública por obligación legal. No se trata de un favor de la autoridad, sino del cumplimiento del principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6º constitucional. ¿Dónde está la novedad? Increíble”, recriminó Del Río en un pronunciamiento público.

La exfuncionaria abordó el tema del uso de las reservas de información, argumentando que el problema real no reside en la falta de decretos, sino en la tendencia de las propias instituciones públicas a abusar de las causales de excepción.

“Las reservas de información también están reguladas por la ley. Son excepcionales, deben estar plenamente justificadas y no pueden ampliarse o utilizarse como pretexto para negar información pública. Deberían mejor eliminar las causales que integraron para ocultar información”, aseveró.

DEFENSA TÉCNICA DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Del Río Venegas defendió con firmeza la infraestructura técnica de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), desmintiendo que el sistema haya sido entregado inoperante o con vulnerabilidades tras la transición institucional.

“La Plataforma Nacional de Transparencia #PNT nunca fue hackeada. Era funcional. La #PNT no se entregó caída. Se entregó funcional, innovadora y operando. Existen oficios, informes, evidencia técnica y actas de entrega-recepción que así lo acreditaban”, sostuvo.

EL LLAMADO A EVALUAR RESULTADOS CON DATOS OBJETIVOS

Finalmente, la excomisionada hizo un llamado a evaluar la transparencia a través de datos fríos y no de discursos políticos, señalando que la ciudadanía requiere que los sistemas sigan operando con eficiencia sin desmantelar lo construido.

“Por eso resulta preocupante que se insista en difundir versiones que no corresponden a los hechos. Tampoco es correcto generalizar y convertir casos aislados de corrupción en una descalificación de todo un sistema […]. Ojalá a la Presidenta le presenten los hechos con objetividad y no con narrativas que distorsionan algo y no la realidad. Las narrativas cambian; los documentos oficiales permanecen”, concluyó.

Puntos clave

  • Decreto de reestructuración: El Ejecutivo firmó un ordenamiento para asumir las directrices de transparencia en la Administración Pública Federal tras la extinción del INAI.
  • Declaraciones de Raquel Buenrostro: La titular de Anticorrupción precisó que se simplificarán las 17 fracciones de reserva para priorizar versiones públicas de expedientes confidenciales y obligar a la publicación mensual de contratos, auditorías e información financiera de filiales de Pemex y CFE.
  • Modernización tecnológica: La Secretaría de Anticorrupción fijó un plazo de 30 días hábiles para integrar bases de datos masivas y formatos de fácil descarga en la Plataforma Nacional de Transparencia.
  • Réplica del extinto INAI: Julieta del Río afirmó que la apertura de contratos es una obligación constitucional previa y no una novedad del decreto, al tiempo que defendió la funcionalidad e integridad técnica con la que se entregó la PNT.

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