El proceso electoral de 2027 pondrá a prueba nuevas reglas operativas y mayores exigencias de fiscalización, destacando la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE para frenar la infiltración del crimen organizado en las campañas. Además del ingreso de dos nuevos partidos políticos nacionales y la erradicación de los actos anticipados, las autoridades deberán combatir la desinformación y garantizar la transparencia, abriendo un escenario inédito donde el trabajo de investigación periodística será clave para fiscalizar a los actores políticos y fortalecer la democracia. La opinión de @fdodiaznaranjo.
Una jueza dictó prisión preventiva a Danna Yanina “N”, de 18 años, exalumna e instructora auxiliar de la Academia Militarizada Marina Doenitz, al convertirse en la primera detenida tras ser imputada por la Fiscalía de Tamaulipas por la muerte de la menor Dafne Zapata Quintos, caso investigado bajo el protocolo de feminicidio. La acusada, quien acudió voluntariamente a declarar y fue aprehendida al concluir su comparecencia, permanecerá en el penal de Altamira tras una audiencia de más de 13 horas donde se solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir su vinculación a proceso. Mientras la necropsia confirmó que la menor falleció por asfixia por sumersión tras sufrir maltratos e inmersiones forzadas a cuatro días de haber ingresado al campamento de verano, la madre de la víctima, Alejandra Quintos, exige la captura de al menos cuatro personas más de la cadena de mando del plantel y rechaza la postura de la defensa, que sostiene que la joven imputada también era víctima del sistema de abusos ejercido en la institución.
Tras el asesinato a balazos del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, perpetrado el 22 de julio dentro del Palacio Municipal por dos hombres que huyeron en motocicleta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la principal línea de investigación apunta a una disputa territorial entre células delictivas. El titular de la SSPC reveló que el munícipe se encontraba bajo investigación federal por presuntos nexos con los grupos criminales "Los Aparicio" y "Los Guazulco" —dedicados al secuestro, extorsión y narcomenudeo—, estructura en la que su suegra y extesorera municipal, Andrea Angelina "N", alias "La Patrona", operaba como líder criminal hasta su detención. El crimen ocurrió tras un primer atentado al que el edil sobrevivió el 31 de enero de 2026 y en medio de carpetas de investigación abiertas en su contra por la presunta autoría intelectual de homicidios en la región oriente de Morelos
A cinco años de haber perdido la visión del ojo izquierdo tras recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, la abogada Elizabeth Zavala libra una batalla legal sin precedentes contra la Secretaría de Salud federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por responsabilidad patrimonial del Estado; una demanda por reparación integral que no sólo busca sentar un precedente histórico sobre las obligaciones de las autoridades ante eventos adversos graves en campañas masivas de inmunización, sino también abrir la vía de reclamo para miles de personas afectadas en México y América Latina
El proceso electoral de 2027 pondrá a prueba nuevas reglas operativas y mayores exigencias de fiscalización, destacando la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE para frenar la infiltración del crimen organizado en las campañas. Además del ingreso de dos nuevos partidos políticos nacionales y la erradicación de los actos anticipados, las autoridades deberán combatir la desinformación y garantizar la transparencia, abriendo un escenario inédito donde el trabajo de investigación periodística será clave para fiscalizar a los actores políticos y fortalecer la democracia. La opinión de @fdodiaznaranjo.
El proceso electoral de 2027 pondrá a prueba nuevas reglas operativas y mayores exigencias de fiscalización, destacando la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE para frenar la infiltración del crimen organizado en las campañas. Además del ingreso de dos nuevos partidos políticos nacionales y la erradicación de los actos anticipados, las autoridades deberán combatir la desinformación y garantizar la transparencia, abriendo un escenario inédito donde el trabajo de investigación periodística será clave para fiscalizar a los actores políticos y fortalecer la democracia. La opinión de @fdodiaznaranjo.
EMEEQUIS.–El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, dio a conocer que fue capturado Fernando “N”, quien el 31 de julio golpeó a Santiago, menor de edad de 15 años, quien laboraba en un establecimiento de la cadena Subway para aprovechar su periodo vacacional.
“En San Luis Potosí no cabe la impunidad! Siempre habremos de cumplir con la sociedad. Se hará justicia para Santiago. Acaba de ser detenido Fernando Medina (el Tiburón). ¡En San Luis Potosí nadie por encima de la Ley!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, con una foto del sujeto detenido, sin dar más detalles de la detención.
Fernando “N” propinó una golpiza a Santiago sólo porque le indicó que se formara en la fila. El video se hizo viral y se desató una cacería para capturar al presunto responsable, sin éxito hasta este sábado, cinco días después de ocurridos los hechos.
El joven fue hospitalizado varios días por fractura de nariz y pómulo y fue dado de alta el miércoles pasado, aunque continúa la rehabilitación en su casa.
El hecho suscitó una presión social para las autoridades, que no atinaban a dar con el paradero del susodicho.
COMUNICADO DE LA FISCALÍA
La Fiscalía de San Luis Potosí informó:“Esta mañana de sábado 5 de agosto fue detenido en la Capital del Estado Fernando “N”, quien el 31 de julio golpeó de manera brutal a un menor de edad dentro de un local de una cadena de restaurantes.
“Santiago, de 15 años, recibió diversas lesiones que lo llevaron a ser atendido en un centro de salud, y posteriormente su madre interpuso una querella para que se capturara al responsable.
“Agentes de la Policía de Investigación pudieron lograr su aseguramiento, luego de que se tramitara y consiguiera la correspondiente orden de aprehensión.
“Fernando “N” podría enfrentar cargos con penalidad agravada, debido a que su víctima es menor de 18 años y a que al parecer es experto en artes marciales”.
¿QUÉ LE ESPERA?
A Fernando “N”, identificado desde el día pasado como el agresor en redes sociales, se le busca por el delito de lesiones, el cuál se agrava debido a que las lesiones tardarán en sanar más de 15 días y la víctima es un menor de edad.
De acuerdo con el Código Penal de San Luis Potosí, en su capítulo tercero correspondiente a lesiones se desglosa lo siguiente:
“ARTÍCULO 136. Comete el delito de lesiones quien causa una alteración o daño en la salud producido por una causa externa
II. Al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar más de quince días, se le impondrá una pena de cuatro meses a dos años de prisión y una sanción pecuniaria de cuarenta a doscientos días del valor de la unidad de medida y actualización. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella necesaria.
ARTÍCULO 141. A quien ocasional o habitualmente ejecute actos de violencia física, psíquica o ambas, ya sea por acción u omisión y de manera dolosa a menores de edad, ancianos o personas con discapacidad, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de cien a trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de la que corresponda por las lesiones causadas en los términos de este capítulo”.
De uno a tres años de prisión podría recibir según el Código Penal de SLP.
Sin embargo, según el abogado penalista Francisco Gaytán, entrevistado en el programa Telediario, debe pasar un poco más de tiempo para evaluar las lesiones para que se pueda medir la pena, pero que en un caso de estas características, probablemente se busque que la sanción sea económica, para reparar el daño con la familia de la víctima.
“El juez debería imponer medidas para que no sólo la víctima o la sociedad no corran peligro de ser violentadas. Si existieran otros casos de agresión, deben denunciarse de manera independiente”, respondió con respecto a que existen videos que demuestran que Fernando “N” ha agredido a otras personas.
El proceso electoral de 2027 pondrá a prueba nuevas reglas operativas y mayores exigencias de fiscalización, destacando la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE para frenar la infiltración del crimen organizado en las campañas. Además del ingreso de dos nuevos partidos políticos nacionales y la erradicación de los actos anticipados, las autoridades deberán combatir la desinformación y garantizar la transparencia, abriendo un escenario inédito donde el trabajo de investigación periodística será clave para fiscalizar a los actores políticos y fortalecer la democracia. La opinión de @fdodiaznaranjo.
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Tras el asesinato a balazos del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, perpetrado el 22 de julio dentro del Palacio Municipal por dos hombres que huyeron en motocicleta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la principal línea de investigación apunta a una disputa territorial entre células delictivas. El titular de la SSPC reveló que el munícipe se encontraba bajo investigación federal por presuntos nexos con los grupos criminales "Los Aparicio" y "Los Guazulco" —dedicados al secuestro, extorsión y narcomenudeo—, estructura en la que su suegra y extesorera municipal, Andrea Angelina "N", alias "La Patrona", operaba como líder criminal hasta su detención. El crimen ocurrió tras un primer atentado al que el edil sobrevivió el 31 de enero de 2026 y en medio de carpetas de investigación abiertas en su contra por la presunta autoría intelectual de homicidios en la región oriente de Morelos
A cinco años de haber perdido la visión del ojo izquierdo tras recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, la abogada Elizabeth Zavala libra una batalla legal sin precedentes contra la Secretaría de Salud federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por responsabilidad patrimonial del Estado; una demanda por reparación integral que no sólo busca sentar un precedente histórico sobre las obligaciones de las autoridades ante eventos adversos graves en campañas masivas de inmunización, sino también abrir la vía de reclamo para miles de personas afectadas en México y América Latina
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