Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“No expedimos cheque en blanco a Piedra Ibarra”: Morena
El senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, dice que ahora está en manos de la titular de la CNDH dar los resultados que la sociedad exige
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Tiene un trabajo muy difícil y nosotros no expedimos en ningún nombramiento un cheque en blanco. Vamos a exigirle junto con toda la sociedad que dé resultados”, dice el presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, Julio Menchaca, sobre la designación de Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH).
Ante la pregunta sobre cuál es el costo político que tendrá que pagar la nueva directora de la CNDH, al haber sido nombrada en una votación cuestionada, contesta: “Estará en manos de la señora Piedra el dar los resultados que la sociedad le exige”.
“Yo creo que la legitimación la va a tener ella en el transcurso de su actuación. Esperamos mucho de ella y no se trata de simplemente hacer una manifestación personal, se trata de dar resultados”, afirma en entrevista exclusiva con EMEEQUIS.
La terna de Rosario Piedra Ibarra, Arturo Peimbert Calvo y José de Jesús Orozco Hernríquez fue integrada por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado. En esta última, el morenista es presidente.
LA POLÉMICA
La nueva presidenta de la CNDH fue electa después de tres votaciones. En la última de ellas, celebrada el 7 de noviembre de 2019, ganó con 76 votos en su favor. Sin embargo, el procedimiento fue cuestionado por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y por ciudadanos en redes sociales.
La bancada del PAN afirmó que los senadores de Morena robaron dos boletas. Esto debido a que, según ellos, contabilizaron 114 votos y votaron un total de 116 legisladores. Xóchitl Gálvez, senadora blanquiazul, subió un video a su cuenta de Twitter en el que acusa a Primo Dothé Mata, senador morenista, de no contabilizar un voto.
El martes pasado, tanto senadores de Morena como del PAN propusieron mociones para que la votación se repusiera, sin embargo, no llegaron a un acuerdo y el procedimiento ya no se volvió a hacer.
Horas más tarde Piedra Ibarra rindió protesta como la nueva presidenta de la CNDH entre jaloneos, gritos y mantas que decían “No al fraude en CNDH” y “Aquí Morena roba votos”.
El día de ayer la funcionaria publicó un comunicado en su Twitter en el que señala que su compromiso es con las víctimas y con la justicia. El documento también informa que presentó la licencia para separarse de la militancia en Morena.
SE VAN CONSEJEROS
Luego de esta elección, cuatro consejeras y un consejero han renunciado a la CNDH. El primero en abandonar el órgano autónomo fue Alberto Manuel Athié Gallo, integrante del Consejo Consultivo, quien afirmó que el nombramiento era una “imposición” del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
“Descaradamente se impuso a una persona desde el poder presidencial y luego del senado mayoritario con el partido de Morena”, dijo Athié Gallo luego de entregar su renuncia al Senado, al noticiero Aristegui en Vivo.
Las consejeras ciudadanas María Ampudia, Angélica Cuéllar, Mariclaire Acosta y María Olga Noriega también dejaron la CNDH. Por medio de una carta enviada a la Cámara Alta, las exfuncionarias explicaron que su renuncia se debe a que consideran la llegada de la nueva presidenta de la CNDH como “ilegítima”.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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