Sinaloa ocupa un lugar alarmante en cuanto a feminicidios: el 13.0% de todo el país de enero a abril de 2026. La situación en lugar de mejorar ha empeorado en los últimos días.
Se entregaron becas Codeson a más de 600 deportistas, entrenadores y talentos de Sonora, con una inversión superior a 31.2 millones de pesos.
Es un documento “mal hecho y con muchas incongruencias”, dice Maru Campos del citatorio de la FGR que la trata como si fuera culpable de antemano. Advierte de posibles acciones legales.
“El INE no debe convertirse en juez y parte de una contienda política, nuestra función constitucional es organizar elecciones, no es validar la integridad de las candidaturas”, advierte Taddei.
Sinaloa ocupa un lugar alarmante en cuanto a feminicidios: el 13.0% de todo el país de enero a abril de 2026. La situación en lugar de mejorar ha empeorado en los últimos días.
La jornada de este martes en Morelos quedó marcada por una crisis de gobernabilidad y un profundo estallido de indignación social tras la confirmación del feminicidio de Kimberly Joselin Ramos, estudiante de la UAEM cuyo cuerpo fue localizado en una zona de "guaridas" delictivas colindante con el Campus Chamilpa. La tensión escaló de una movilización pacífica a un enfrentamiento directo en el Palacio de Gobierno, donde miles de estudiantes radicalizaron su protesta con incendios y destrozos ante el hartazgo por la inseguridad, provocando el colapso de la actividad económica en Cuernavaca. Mientras la gobernadora Margarita González Saravia intentó proyectar una imagen de justicia y orden pidiendo evitar la "puerta giratoria" para el presunto feminicida detenido, Jared Alejandro "N", la respuesta de funcionarios que minimizaron los disturbios al asegurar que "no pasa nada" y que los daños fueron "mínimos" terminó por profundizar la fractura entre la juventud y el Estado
Sinaloa ocupa un lugar alarmante en cuanto a feminicidios: el 13.0% de todo el país de enero a abril de 2026. La situación en lugar de mejorar ha empeorado en los últimos días.
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Miles de estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, además de ciudadanos en general, participaron en la Marcha por Kimberly. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO.COM
EMEEQUIS.– Morelos se encuentra sumido en un clima de inestabilidad crítica. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por parte de una familia, ha derivado en un levantamiento estudiantil que este martes paralizó el corazón de Cuernavaca.
El hallazgo del cuerpo de Kimberly Joselin Ramos, de apenas 18 años, en una zona de alta peligrosidad colindante con la UAEM, ha expuesto la incapacidad de las autoridades para contener una rabia social que hoy se manifestó con fuego y rocas frente a la sede del Poder Ejecutivo.
A primeras horas de este martes, la gobernadora Margarita González Saravia intentó establecer un cordón de calma frente a la inminente movilización. La mandataria fue enfática al pedir prudencia: “Antes de dar noticias de manera irresponsable sobre este caso, necesitamos esperar por respeto a los padres la información oficial de la fiscalía”, declaró en un intento por desactivar la narrativa de negligencia que ya circulaba en las facultades.
La gobernadora aseguró que su gobierno sería garante de la libre manifestación, afirmando que “respetaremos las marchas, las manifestaciones pacíficas de protesta que tengan que hacerse por parte de la universidad… estaremos muy atentos a que sea una marcha segura”.
Sin embargo, su llamado a la “paz” chocó frontalmente con una realidad donde la comunidad universitaria percibe que la impunidad y la “puerta giratoria” han convertido a Morelos en un terreno fértil para el feminicidio. “Le pedimos al Poder Judicial que de ninguna manera haya puerta giratoria en este caso”, sentenció la mandataria antes de que la situación se saliera de control.
Más tarde, la actitud de la gobernadora enardeció aún más a los inconformes. Cuando fue cuestionada y le pidieron un mensaje a la comunidad salió corriendo y dijo: “Hoy no, perdón”.
El clima de inestabilidad escaló drásticamente cuando el contingente de más de 3,000 universitarios llegó al centro de la ciudad. La indignación estalló al ver el Palacio de Gobierno blindado y con las puertas cerradas. El grupo radicalizó sus acciones al confirmar que el cuerpo de su compañera fue hallado en una “guarida de delincuentes” en la parte alta de Chamilpa, un punto rojo de inseguridad ignorado por las autoridades.
El asalto simbólico al palacio, que incluyó la quiebra sistemática de ventanales y conatos de incendio, obligó a la evacuación total del personal. La imagen de las columnas de humo y las pintas de “Justicia para Kimberly” reflejan una fractura profunda entre la juventud y el Estado. La actividad económica colapsó; el miedo a una escalada de violencia mayor obligó a los locatarios a bajar sus cortinas, transformando el centro histórico en una zona de conflicto.
En medio del caos, la narrativa gubernamental sufrió un revés cuando un empleado estatal, en declaraciones que buscaron minimizar el impacto de los disturbios, afirmó con ligereza: “Están haciendo la evaluación, pero fueron mínimos los daños, no pasa nada”. Esta postura, que intentó priorizar la imagen de estabilidad económica, fue recibida como un acto de insensibilidad institucional.
Mientras el funcionario insistía en que “hay gobernabilidad, está trabajando el gobierno, sigue adelante” y que “los actos violentos siempre son mensajes encontrados para el desarrollo”, el contraste con la realidad del feminicidio resultó demoledor. La percepción de que el gobierno estatal prioriza la estética de sus edificios sobre la vida de sus ciudadanas ha agudizado la desconfianza ciudadana.
El empleado incluso llegó a afirmar: “Aquí estuvimos todo el tiempo mostrando disposición para dialogar, o sea, no nos escondemos, estamos dando la cara”, frase que encendió aún más los ánimos de los estudiantes que veían las puertas del Palacio cerradas con cadenas.
El hallazgo del cuerpo de Kimberly en un predio rústico, ubicado en una zona que conecta con la colonia Nueva Jerusalén —conocida por ser un tiradero de cadáveres—, pone en entredicho los programas de seguridad. La existencia de una “guarida” delictiva a metros de las facultades evidencia un abandonado territorial absoluto.
Actualmente, el proceso se centra en la vinculación a proceso de la expareja de la joven, quien se encuentra bajo prisión preventiva. Sin embargo, para la comunidad estudiantil, la captura de un sospechoso no resuelve el problema de fondo: un estado donde estudiar se ha convertido en una actividad de alto riesgo y donde la respuesta oficial parece más preocupada por el orden público que por erradicar la violencia feminicida.
@emeequis
Sinaloa ocupa un lugar alarmante en cuanto a feminicidios: el 13.0% de todo el país de enero a abril de 2026. La situación en lugar de mejorar ha empeorado en los últimos días.
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