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Estuvo preso por narcotráfico en Texas y avalaron su candidatura a juez en Durango

Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez de distrito en Durango, fue condenado en 2015 por tráfico de metanfetamina en Texas y pasó al menos seis años en prisión en EE.UU. A pesar de ello, participa en el nuevo proceso de elección judicial por voto popular en México, con una cédula profesional expedida apenas en 2024 y afirmaciones dudosas sobre su experiencia en la Suprema Corte de Estados Unidos

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EMEEQUIS.- Leopoldo Javier Chávez Vargas, uno de los aspirantes a juez de distrito en Durango en el proceso de elección judicial del 1 de junio, figura en registros oficiales del gobierno de Estados Unidos como exconvicto por tráfico de metanfetamina

A pesar de ese antecedente, su candidatura fue avalada y publicada por el Instituto Nacional Electoral (INE) como parte del nuevo modelo de designación por voto ciudadano impulsado por el Ejecutivo federal.

La información fue revelada por el medio Pie de Nota, dirigido por el periodista Luis Chaparro, quien difundió en la red social X una imagen del perfil oficial de Chávez Vargas en el portal del INE, junto con su registro en el Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP), donde aparece con el número de identificación 99757-379.

De acuerdo con estos documentos, Chávez Vargas fue detenido y sentenciado en 2015 por un tribunal del distrito sur de Texas. Permaneció bajo custodia federal durante al menos seis años y, según el BOP, salió en libertad el 7 de junio de 2021.

Aun con este historial, el aspirante aparece en la plataforma oficial de candidaturas a jueces (eleccionjudicial.org) como postulado por el Poder Legislativo Federal. En su perfil público afirma tener experiencia en cortes mexicanas y extranjeras, y asegura haber trabajado para la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, aunque no ofrece evidencia concreta que lo acredite.

TÍTULO PROFESIONAL EXPEDIDO EN 2024

Uno de los requisitos del proceso judicial es contar con una cédula profesional expedida por una institución reconocida. En el caso de Chávez Vargas, su título de licenciado en derecho fue emitido por el Instituto Bilingüe de Durango y registrado oficialmente apenas en 2024, según el Registro Nacional de Profesionistas.

Esto plantea dudas respecto al cumplimiento del requisito de contar con cinco años de experiencia jurídica profesional, pues dicho periodo se cuenta a partir de la expedición de la cédula profesional, no de actividades anteriores sin acreditación oficial.

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INVESTIGACIÓN POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

Chávez Vargas también fue objeto de una propuesta de sanción por parte de la magistrada Janine Otálora, quien documentó entrevistas y publicaciones en redes sociales previas al 30 de marzo, fecha establecida como inicio del periodo de promoción para aspirantes. No obstante, la mayoría de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó investigar el caso, al considerar que no hubo un llamado expreso al voto.

VOCACIÓN JUDICIAL BAJO LA LUPA

Durante una entrevista reciente, el candidato se presentó como egresado de la Universidad Bilingüe de Durango y estudiante de una maestría en juicios orales en una supuesta “Universidad Trilingüe”. También declaró tener “más de cinco años de experiencia en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos”, aunque su sentencia en prisión cubre buena parte de ese lapso.

En su perfil de campaña, afirma: “Quiero ser juez para garantizar el acceso a la justicia para todos por igual, con imparcialidad, legalidad y compromiso”.

El caso de Leopoldo Javier Chávez Vargas pone en tensión los criterios de elegibilidad y escrutinio en el nuevo modelo de elección judicial, en un momento en que el país se encuentra en plena transición hacia la designación de jueces mediante voto popular.

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