El proceso electoral de 2027 pondrá a prueba nuevas reglas operativas y mayores exigencias de fiscalización, destacando la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE para frenar la infiltración del crimen organizado en las campañas. Además del ingreso de dos nuevos partidos políticos nacionales y la erradicación de los actos anticipados, las autoridades deberán combatir la desinformación y garantizar la transparencia, abriendo un escenario inédito donde el trabajo de investigación periodística será clave para fiscalizar a los actores políticos y fortalecer la democracia. La opinión de @fdodiaznaranjo.
Una jueza dictó prisión preventiva a Danna Yanina “N”, de 18 años, exalumna e instructora auxiliar de la Academia Militarizada Marina Doenitz, al convertirse en la primera detenida tras ser imputada por la Fiscalía de Tamaulipas por la muerte de la menor Dafne Zapata Quintos, caso investigado bajo el protocolo de feminicidio. La acusada, quien acudió voluntariamente a declarar y fue aprehendida al concluir su comparecencia, permanecerá en el penal de Altamira tras una audiencia de más de 13 horas donde se solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir su vinculación a proceso. Mientras la necropsia confirmó que la menor falleció por asfixia por sumersión tras sufrir maltratos e inmersiones forzadas a cuatro días de haber ingresado al campamento de verano, la madre de la víctima, Alejandra Quintos, exige la captura de al menos cuatro personas más de la cadena de mando del plantel y rechaza la postura de la defensa, que sostiene que la joven imputada también era víctima del sistema de abusos ejercido en la institución.
Tras el asesinato a balazos del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, perpetrado el 22 de julio dentro del Palacio Municipal por dos hombres que huyeron en motocicleta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la principal línea de investigación apunta a una disputa territorial entre células delictivas. El titular de la SSPC reveló que el munícipe se encontraba bajo investigación federal por presuntos nexos con los grupos criminales "Los Aparicio" y "Los Guazulco" —dedicados al secuestro, extorsión y narcomenudeo—, estructura en la que su suegra y extesorera municipal, Andrea Angelina "N", alias "La Patrona", operaba como líder criminal hasta su detención. El crimen ocurrió tras un primer atentado al que el edil sobrevivió el 31 de enero de 2026 y en medio de carpetas de investigación abiertas en su contra por la presunta autoría intelectual de homicidios en la región oriente de Morelos
A cinco años de haber perdido la visión del ojo izquierdo tras recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, la abogada Elizabeth Zavala libra una batalla legal sin precedentes contra la Secretaría de Salud federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por responsabilidad patrimonial del Estado; una demanda por reparación integral que no sólo busca sentar un precedente histórico sobre las obligaciones de las autoridades ante eventos adversos graves en campañas masivas de inmunización, sino también abrir la vía de reclamo para miles de personas afectadas en México y América Latina
El proceso electoral de 2027 pondrá a prueba nuevas reglas operativas y mayores exigencias de fiscalización, destacando la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE para frenar la infiltración del crimen organizado en las campañas. Además del ingreso de dos nuevos partidos políticos nacionales y la erradicación de los actos anticipados, las autoridades deberán combatir la desinformación y garantizar la transparencia, abriendo un escenario inédito donde el trabajo de investigación periodística será clave para fiscalizar a los actores políticos y fortalecer la democracia. La opinión de @fdodiaznaranjo.
Espionaje en CDMX y los testigos en el juicio de “El Chapo”: informe de EU
De acuerdo con el Departamento de Justicia de EU, un hacker al servicio del Cártel de Sinaloa utilizó el sistema de cámaras de la Ciudad de México para identificar, intimidar o incluso matar potenciales testigos en el juicio de “El Chapo” Guzmán en Nueva York en 2018.
El proceso electoral de 2027 pondrá a prueba nuevas reglas operativas y mayores exigencias de fiscalización, destacando la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE para frenar la infiltración del crimen organizado en las campañas. Además del ingreso de dos nuevos partidos políticos nacionales y la erradicación de los actos anticipados, las autoridades deberán combatir la desinformación y garantizar la transparencia, abriendo un escenario inédito donde el trabajo de investigación periodística será clave para fiscalizar a los actores políticos y fortalecer la democracia. La opinión de @fdodiaznaranjo.
Espionaje y terror del Cártel de Sinaloa. Imagen de “El Chapo” de enero de 2017 al ser trasladado a Estados Unidos.
EMEEQUIS.– Un hacker que trabajaba para el Cártel de Sinaloa obtuvo los registros telefónicos de un asistente del FBI en la embajada de Estados Unidos en México y usó las cámaras de vigilancia de la capital para rastrear o eliminar a los informantes potenciales del juicio de “El Chapo” Guzmán en 2018, de acuerdo con un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El incidente viene incluido en una auditoría del Inspector General del Departamento de Justicia sobre los esfuerzos del FBI para mitigar los efectos de la “vigilancia técnica ubicua”, un término utilizado para describir la proliferación global de cámaras, comunicaciones, viajes y ubicación permanente del flujo de personas.
En apenas unas líneas, bajo el apartado de “Visuales y físicos”, se describe el incidente: “En 2018, mientras el FBI trabajaba en el caso del cártel de drogas de ‘El Chapo’, un individuo vinculado al cártel contactó a un agente del FBI. Este declaró que el cártel había contratado a un hacker que ofrecía diversos servicios relacionados con la explotación de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Según el individuo, el hacker había observado a personas entrar y salir de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México e identificó a personas de interés para el cártel, incluyendo al Agregado Legal Adjunto del FBI (ALAT por sus siglas en inglés), y posteriormente utilizó el número de teléfono móvil del ALAT para obtener las llamadas realizadas y recibidas, así como los datos de geolocalización asociados al teléfono del ALAT. Según el FBI, el hacker también utilizó el sistema de cámaras de la Ciudad de México para seguir al ALAT por la ciudad e identificar a las personas con las que se reunía. Según el agente del caso, el cártel utilizó esa información para intimidar y, en algunos casos, eliminar a posibles fuentes o testigos colaboradores”.
Descripción en dibujo del juicio.
¿QUÉ PASABA EN 2018 CON EL CASO DE ‘EL CHAPO’?
“El Chapo” Guzmán, arrestado en 2016 junto con un guardaespaldas al salir de una alcantarilla en Los Mochis, Sinaloa, fue extraditado al año siguiente a Estados Unidos.
El juicio de “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, comenzó en noviembre de 2018 en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. La Fiscalía presentó a 56 testigos, muchos de ellos excolaboradores o socios del cártel, que aceptaron cooperar con las autoridades estadounidenses, a cambio de reducciones en sus sentencias o beneficios legales, lo que los convirtió en objetivos potenciales de represalias por parte del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades de Nueva York implementaron medidas de seguridad extremas para proteger a los testigos e informantes. Los nombres de la mayoría de los testigos fueron ocultados en documentos públicos y muchos de ellos estaban bajo custodia en celdas especiales o en programas de protección de testigos, debido al temor de venganzas por parte del Cártel de Sinaloa.
El juez Brian Cogan ordenó que el jurado fuera anónimo y escoltado por alguaciles armados durante el juicio, justificando estas medidas por los antecedentes de Guzmán, que incluían el uso de sicarios para cometer “cientos de actos de violencia, incluidos asesinatos, asaltos y secuestros” con el objetivo de silenciar a testigos o colaboradores con la justicia.
La Fiscalía advirtió que Guzmán tenía un historial de ordenar asesinatos de personas que testificaban en su contra. Un caso mencionado fue el asesinato en 2009 del padre de dos colaboradores de Chicago (los hermanos Pedro y Margarito Flores) en México, como represalia por su cooperación con las autoridades estadounidenses.
De los 56 testigos, 14 eran cooperantes que habían trabajado directamente con Guzmán o el Cártel de Sinaloa, incluyendo figuras como Jesús “El Rey” Zambada García, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, y los hermanos Jorge y Alex Cifuentes, quienes proporcionaron información sobre las operaciones del cártel.
SU EXPERTO EN COMPUTACIÓN, PIEZA CLAVE
Christian Rodríguez, un técnico informático colombiano que instaló el sistema de comunicaciones encriptadas de Guzmán, fue un testigo clave. Rodríguez colaboró con el FBI, proporcionando acceso a más de 200 llamadas y mensajes interceptados que incriminaban a Guzmán. Debido al riesgo que enfrentaba, se tomaron medidas especiales para proteger su identidad, como evitar que su rostro fuera retratado en la corte, y actualmente vive en un lugar no revelado en Estados Unidos bajo protección.
Durante el juicio, se reveló que Guzmán había ordenado el asesinato de Rodríguez cuando descubrió que colaboraba con el FBI, lo que reforzó la percepción de amenaza contra los informantes.
Computer hacker stealing data from a laptop concept for network security, identity theft and computer crime
SEGURIDAD EXTRA
Los testigos cooperantes recibían protección constante, y algunos fueron trasladados a instalaciones seguras o incluidos en programas de protección de testigos para evitar represalias.
El historial de violencia del Cártel de Sinaloa, en combinación con los antecedentes de Guzmán de ordenar asesinatos de informantes, justificó la protección extrema de testigos como Christian Rodríguez y otros.
Estas medidas fueron criticadas por la defensa como un obstáculo para un juicio justo, pero se demostraron esenciales para garantizar la seguridad de los involucrados y el desarrollo del proceso.
El juicio culminó con la condena de Guzmán a cadena perpetua en febrero de 2019.
Un a persona del pasado de Guzmán fue crucial en su caída, pero nunca testificó en el juicio. Fue blanco de los sicarios de Guzmán que intentaron matarla.
El proceso electoral de 2027 pondrá a prueba nuevas reglas operativas y mayores exigencias de fiscalización, destacando la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE para frenar la infiltración del crimen organizado en las campañas. Además del ingreso de dos nuevos partidos políticos nacionales y la erradicación de los actos anticipados, las autoridades deberán combatir la desinformación y garantizar la transparencia, abriendo un escenario inédito donde el trabajo de investigación periodística será clave para fiscalizar a los actores políticos y fortalecer la democracia. La opinión de @fdodiaznaranjo.
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Tras el asesinato a balazos del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, perpetrado el 22 de julio dentro del Palacio Municipal por dos hombres que huyeron en motocicleta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la principal línea de investigación apunta a una disputa territorial entre células delictivas. El titular de la SSPC reveló que el munícipe se encontraba bajo investigación federal por presuntos nexos con los grupos criminales "Los Aparicio" y "Los Guazulco" —dedicados al secuestro, extorsión y narcomenudeo—, estructura en la que su suegra y extesorera municipal, Andrea Angelina "N", alias "La Patrona", operaba como líder criminal hasta su detención. El crimen ocurrió tras un primer atentado al que el edil sobrevivió el 31 de enero de 2026 y en medio de carpetas de investigación abiertas en su contra por la presunta autoría intelectual de homicidios en la región oriente de Morelos
A cinco años de haber perdido la visión del ojo izquierdo tras recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, la abogada Elizabeth Zavala libra una batalla legal sin precedentes contra la Secretaría de Salud federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por responsabilidad patrimonial del Estado; una demanda por reparación integral que no sólo busca sentar un precedente histórico sobre las obligaciones de las autoridades ante eventos adversos graves en campañas masivas de inmunización, sino también abrir la vía de reclamo para miles de personas afectadas en México y América Latina
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