La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
“La Secretaría de Marina expresa su profundo pesar por el fallecimiento de seis de las ocho personas involucradas en este lamentable suceso”.
EMEEQUIS.– La Secretaría de Marina informó que, con apoyo de autoridades locales, fue encontrada en Galveston, Texas, la sexta víctima fatal del avionazo de ayer, con lo que el saldo final es de seis muertos y dos sobrevivientes.
“La Secretaría de Marina expresa su profundo pesar por el fallecimiento de seis de las ocho personas involucradas en este lamentable suceso. Las dos personas que sobrevivieron al percance se encuentran estables y reciben la atención médica correspondiente. Ante este doloroso resultado, la SEMAR mantiene la coordinación interinstitucional e internacional, así como el acompañamiento cercano a los familiares, a fin de brindarles el apoyo y la atención necesarios”.
La Marina agradeció el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado General de México en Houston y autoridades locales de Estados Unidos.
Previamente, la Marina dio a conocer que, entre las víctimas está el menor que viajaba a la fundación Michou y Mau desde Mérida, Yucatán, debido a quemaduras en el 40% de su cuerpo.
Dieron los nombres de las cinco víctimas hasta ese momento: Federico Efraín Ramírez, niño de 2 años; los tenientes Víctor Rafael Pérez y Juan Iván Zaragoza, el marinero Guadalupe Flores y Juan Alfonso Adame, médico originario de Jalisco.
La persona que faltaba era un miembro de la tripulación de la Marina. Según reportes, se trataba del teniente Luis Enrique Castillo Terrones, aunque las autoridades no han detallado de manera oficial en todos los comunicados.
Las sobrevivientes son una enfermera, Miriam de Jesús Rosas Mancilla, y una acompañante del paciente, Julia Aracelis Cruz Vera.
La aeronave King Air de la SEMAR despegó de Mérida con destino al Aeropuerto Internacional Scholes, pero no logró aterrizar. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, se perdió comunicación con el avión aproximadamente 10 minutos antes del accidente, lo que incluso llevó a pensar que ya había tocado tierra.
“Está desde el primer momento el secretario de Marina trabajando, con apoyo de Relaciones Exteriores y de Estados Unidos. Hasta que no salga la caja negra no se puede saber la causa”, dijo.
Ya al final de la conferencia de este martes, Sheinbaum confirmó que había un marino que seguía desaparecido. Dijo que llevaban a un niño de Yucatán con quemaduras a Galveston. “Hay dos personas heridas, los demás fallecieron y una persona que no se ha encontrado todavía. Eran ocho tripulantes”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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