Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
En entrevista con EMEEQUIS, el diputado federal Mario Zamora Gastélum sentenció que la justicia de Estados Unidos está confirmando, mediante procesos de extradición y la intervención de un Gran Jurado, la trama delictiva que permitió el ascenso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021. El legislador priista denunció que el actual clima de violencia en el estado es consecuencia de haber ignorado la intervención del narcotráfico en las urnas —recordando la soledad política que enfrentó al impugnar la elección sin apoyo de abogados locales por miedo a represalias— y exigió a la administración de Claudia Sheinbaum que la FGR aclare el "montaje" en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, advirtiendo que, ante la seriedad de las investigaciones internacionales y el retiro de visas a funcionarios, el gobierno mexicano debe actuar bajo la premisa de "tope donde tope"
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
La mayoría de Morena y sus aliados avalan reformas enviadas AMLO. En minería reducen los tiempos de concesión de 50 a 30 años y facilitan revocación de permisos por daños ambientales, mientras en aviación se autoriza a empresa paraestatal a crear aerolínea y administración de aeropuertos al mismo tiempo
Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
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EMEEQUIS. La Cámara de Diputados aprobó este jueves por la noche dos reformas para ampliar la intervención del Estado en áreas como la minería y la aviación, la primera reduce tiempos de concesión y facilita la revocación de permisos, mientras que la segunda abre las puertas a la creación de una aerolínea paraestatal y la administración de aeropuertos.
Con el respaldo de partidos aliados a Morena, los diputados aprobaron durante la madrugada con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención modificaciones a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La reforma permitirá que el Gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante un concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de facilitar la revocación de la licencia por daños al medioambiente.
En la ley actual las concesiones mineras son otorgadas por 50 años con derecho a prórroga, pero la nueva legislación reduce a 30 años la duración de los permisos, con solo una prórroga de 25 años, tras la que las empresas deben volver a concursar.
Morena flexibilizó la iniciativa original del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había propuesto reducir la duración de las licencias a solo 15 años con solo una prórroga.
Si la reforma se aprueba en el Senado, también prohibiría la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.
La diputada Laura Patricia Contreras, del PAN, alertó de riesgos para un sector que tiene 417,000 empleos, aporta el 2.5% de la economía nacional, y genera ingresos anuales por 269,000 millones de pesos (14,944 millones de dólares).
La reforma podría generar tensiones con los socios del T-MEC, en particular con Canadá, según especialistas y empresas.
TAMBIÉN A LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL Y AEROPUERTOS
Además se avalaron las reformas a la Ley de Aviación Civil y Aeropuertos para permitir que una empresa paraestatal pueda administrar aeropuertos y aerolíneas a la vez. El dictamen pasará ahora a manos del Senado para ser analizado, discutido y votado.
El paquete de modificaciones a la Ley de Aviación Civil y Aeropuertos fue enviado por el presidente de la república López Obrador y se decidió que sería discutido en dos votaciones diferentes.
La primera votación se enfocó en reformar la ley para poder recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. El proyecto se aprobó con 470 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra. Hasta ese momento, sin importar el partido, casi todos los diputados votaron de manera unánime. No hubo confrontación.
La categoría 1 fue perdida por México en mayo de 2021. La Administración Federal de Aviación, FAA, de Estados Unidos consideró que la seguridad proporcionada por las autoridades mexicanas no cumplía con los estándares internacionales por lo cual le correspondía la categoría 2.
La segunda votación realizada no tuvo tanto consenso. Esta fue solicitada por la oposición y tuvo como objetivo general, debatir las modificaciones a la ley que permiten que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, administre una aerolínea. La solicitud de que Sedena se involucre en aeropuertos y aerolíneas también fue hecha por el Ejecutivo federal.
Después de discutir los temas, la segunda parte del conjunto de modificaciones a la ley también fue aprobada. PT, PVEM y Morena votaron a favor, consiguiendo un total de 263 votos, mientras que PAN, PRI, PRD y MC consiguieron 219.
Las modificaciones aprobadas permiten que empresas paraestatales puedan administrar aeropuertos y aerolíneas de manera conjunta, posibilidad no se encontraba permitida en la ley de aeropuertos vigente hasta el momento.
Dentro de las modificaciones se establece que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT, podrá asignar a las entidades paraestatales la autorización para administrar y operar aerolíneas. Con ello se abre la posibilidad de que el proyecto del presidente de crear una aerolínea militar pueda avanzar.
La Sedena cuenta con la empresa paraestatal Olmeca-Maya-Mexica, la cual operará la nueva aerolínea del gobierno. Este nuevo servicio de transporte aéreo pretende ser lanzado a finales del 2023 con la marca y los activos de la extinta empresa Mexicana de Aviación.
El PRI en votaciones se mostró en contra de las reformas y el diputado Ildefonso Guajardo, recalcó que la creación de una aerolínea militar podría desencadenar una serie de amparos y terminar por ser un desperdicio del erario público.
“Es un subsidio regresivo, no tiremos el dinero escaso de los mexicanos en un proyecto que no tiene futuro, estamos violando las leyes de competencia económica, esto se va a perder en amparos, porque existe una ley que impide que le demos el control”, comentó el diputado.
Por su parte, los diputados del PT, PVEM y Morena defendieron su decisión argumentando que la creación de esta aerolínea permitiría ofertar precios más bajos y conectar de una mejor manera al país. Pero para la Cofece se trata de competencia desleal.
@emeequis
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Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
En entrevista con EMEEQUIS, el diputado federal Mario Zamora Gastélum sentenció que la justicia de Estados Unidos está confirmando, mediante procesos de extradición y la intervención de un Gran Jurado, la trama delictiva que permitió el ascenso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021. El legislador priista denunció que el actual clima de violencia en el estado es consecuencia de haber ignorado la intervención del narcotráfico en las urnas —recordando la soledad política que enfrentó al impugnar la elección sin apoyo de abogados locales por miedo a represalias— y exigió a la administración de Claudia Sheinbaum que la FGR aclare el "montaje" en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, advirtiendo que, ante la seriedad de las investigaciones internacionales y el retiro de visas a funcionarios, el gobierno mexicano debe actuar bajo la premisa de "tope donde tope"
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
