Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Luego de ser condenado a cadena perpetua en Nueva York, Ismael "El Mayo" Zambada no irá a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, sino que el juez Brian M. Cogan recomendó oficialmente su traslado a un centro médico federal (FMF) con régimen penitenciario. Debido a sus 78 años de edad y a sus severos padecimientos de salud, el cofundador del Cártel de Sinaloa cumplirá su sentencia de por vida en un penal especializado de alta contención equipado con la infraestructura clínica necesaria para brindarle atención médica constante. En el marco del fallo, el capo aceptó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, se mostró dispuesto a responder ante la justicia mexicana si es requerido, y leyó una carta ante el tribunal donde asumió la responsabilidad de sus actos y advirtió a los jóvenes que el narcotráfico solo conduce a la cárcel o a la muerte.
El proceso electoral de 2027 pondrá a prueba nuevas reglas operativas y mayores exigencias de fiscalización, destacando la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE para frenar la infiltración del crimen organizado en las campañas. Además del ingreso de dos nuevos partidos políticos nacionales y la erradicación de los actos anticipados, las autoridades deberán combatir la desinformación y garantizar la transparencia, abriendo un escenario inédito donde el trabajo de investigación periodística será clave para fiscalizar a los actores políticos y fortalecer la democracia. La opinión de @fdodiaznaranjo.
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Crisis forense complica búsqueda de personas desaparecidas
La falta de una homologación de datos forenses dificulta la localización de personas desaparecidas, así lo alertó César Contreras, abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
EMEEQUIS.– México está sumido en una crisis forense en medio de las miles de personas desaparecidas que existen, discordancia en las cifras y la falta de una homologación de datos forenses que puedan facilitar la localización, así lo alertó César Contreras, abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En entrevista con EMEEQUIS, el abogado detalla cómo es que el país llegó a la situación actual.
El primer error que César destaca es el de las cifras, puesto que, por una parte, el número de 52 mil personas fallecidas cuyo cuerpo e identidad se desconoce está desactualizado, ya que es del año 2020 y además no puede considerarse “oficial” pues se trata de un censo realizado por familias de personas desaparecidas, quienes a través de solicitudes de información recabaron la información.
“Éste sí debió de ser un censo que el Estado mexicano y en particular la Fiscalía General de la República deberían haber realizado: contar a los cuerpos sin identificar. ¿Qué fue lo que pasó? Que primero los Servicios Periciales no estuvieron preparados para poder recibir la cantidad de cuerpos sin identificar que iban llegando. No contaban con las herramientas tecnológicas ni con los insumos para la identificación o el personal capacitado, y lo que ocurrió fue una acumulación, un rezago en las identificaciones y también ante el cúmulo de casos”, señala.
Por otra parte César advierte el rezago en la organización de la información forense: “hubo y hay una gran desorganización de la información, hubo pérdidas de la información, irregularidades en las identificaciones y que muchos de estos cuerpos fueron enviados a las fosas comunes”.
“Muchos cuerpos pasaron de las fosas clandestinas donde se les localizó a las fosas comunes. Hay una inhumación pero no se les identifica y entonces no se les devuelve a sus familias ni les permiten cerrar el ciclo de duelo mientras el Estado se queda con el pendiente de identificar y lo único que hace es acumular y acumular cuerpos sin identificar”, explica.
Frente a la crisis forense, César recuerda cómo a partir de la presión de los colectivos de familiares se logra crear la Ley General en Materia de Desaparición en 2017 la cual ordena crear diferentes herramientas para tener registros especializados como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como el Banco Nacional de Datos Forenses, sin embargo éste último continúa siendo un pendiente para la administración actual.
“Tanto las huellas dactilares como la toma de muestras genéticas a los cuerpos se deberían de confrontar con el perfil genético de las familias, esa información es la que debería de estar almacenada en el Banco Nacional de Datos forenses y tendría que estar concentrada por la Fiscalía General de la República. Porque toda esa información o bien no se tiene porque no se tomó adecuadamente en su momento o bien, se encuentra desperdigada la información en todas las fiscalías del país”, señala.
Para ejemplificar, César cuenta un caso hipotético en el que una persona desaparece en Celaya, Guanajuato, pero el cuerpo es localizado en Querétaro. Explica que si las muestras genéticas no son compartidas entre ambas fiscalías no podrá lograrse la identificación.
“Si no se logran las identificaciones se pierde la oportunidad de devolverles la identidad y que regresen a casa con sus familias”, urge.
LA PREOCUPACIÓN POR EL CENSO PROPUESTO POR AMLO
Sobre el censo propuesto por el presidente de visitar casa por casa a las familias de las personas desaparecidas, César señala que se trata de un abordaje equivocado de la seguridad pública.
“Ésto no va a responder a las políticas de prevención y de investigación y de búsqueda que se requieren en el país por otro lado también lo que sabemos es que quienes están realizando esta visita casa por casa es personal de la Secretaría del Bienestar y también personal, inclusive de la Guardia Nacional que es una institución hoy por hoy de corte militar y que en ese sentido son instituciones y son personas, no capacitado y cuyas funciones distan de ser las óptimas para poder realizar este ejercicio.
“De igual manera pues acudir casa por casa, pues es revictimizante para las familias de personas desaparecidas, quienes con toda justicia podrían responder ‘ustedes deberían de saber si está o no está mi familiar desaparecido’ a quienes vayan a censarlos”, señala.
En el marco del Día de víctimas de desapariciones forzadas, familias colocaron mosaicos con fotografías de sus seres queridos enfrente de la Fiscalía General de la República. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM.
Asimismo, otra preocupante dentro de este censo propuesto es el de la cifra negra:
“No hay un abordaje tampoco o un planteamiento de cómo recuperar la información de la cifra negra, es decir, de los casos en los cuales las familias no denuncian y no reportan a las autoridades las desapariciones por el temor fundado ya sea por la desconfianza en las mismas autoridades o por el riesgo y amenazas del crimen organizado en sus comunidades y en las diferentes regiones del país que como sabemos es muy grave. La cifra negra en todos los delitos es muy alta y esa parte nos estaría considerando en esta metodología”.
ACTIVIDADES EN TODO EL PAÍS EN MEMORIA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
Con motivo de este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada -declarado por la ONU desde 2010-, colectivos de familias buscadoras, organizaciones, activistas y ciudadanos en general organizaron decenas de actividades alrededor de todo el país para exigir justicia y aparición con vida de los desaparecidos.
El comité organizador de Hasta Encontrarles, en la Glorieta de las y los Desaparecidos en la Ciudad de México convocó a una jornada de acciones de visibilización de las 10:00 horas hasta las 21:30. Las actividades contemplan exposición de fotografías, talleres artísticos, obras de teatro, proyección de documentales, pega de mosaicos, una ceremonia ecuménica y la invitación al diálogo con autoridades capitalinas.
De esta última, convocada a las 13:00 horas, de las autoridades invitadas, únicamente asistió personal de la Comisión de Derechos Humanos capitalina pero ni el jefe de Gobierno Martí Batres ni el subsecretario Alejandro Encinas acudieron al lugar.
Por otra parte, en todos los estados del país se prevén movilizaciones hacia las Fiscalías estatales así como brigadeos, realización de mariposas por la dignidad y misas en memoria de sus desaparecidos.
Como actividades adicionales, en Chihuahua se colocó un mural con los nombres de las personas desaparecidas en la entidad; en Guanajuato se colocaron mosaicos con las fotografías de personas desaparecidas; en Veracruz se convocó a una caminata pacífica; en Sinaloa se realizó una marcha de luz; en Guerrero se elaboraron papalotes con los rostros de desaparecidos y consignas por justicia; en Zacatecas se realizó una pega masiva de fichas de búsqueda en el “Muro de la Memoria” de la capital del estado.
SUMARSE A LA DIGNIDAD
Además de reconocer la crisis forense, César señala como crucial que la población se sume en solidaridad a las familias de las personas desaparecidas para poder escucharles y consolidar la lucha y búsqueda incansable.
“Necesitamos generar un espacio de de reflexión sobre cómo haremos frente en los próximos años a la violencia, más allá del del gobierno que está en turno”, finaliza.
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
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