Confrontan cifras de desaparecidos a Gobierno y colectivos de búsqueda

La depuración del registro de desaparecidos enfrenta al gobierno de Claudia Sheinbaum con colectivos de búsqueda, quienes acusan una "rasura" estadística para minimizar la crisis. Mientras la autoridad defiende el cruce de datos y la localización de miles de personas como un avance técnico, las familias denuncian una maniobra política que invisibiliza a las víctimas y exigen búsquedas reales en campo frente a una impunidad estructural

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30 DE MARZO DE 2026
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EMEEQUIS.– La disputa por las cifras de personas desaparecidas en México escaló este lunes 30 de marzo de 2026. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum defiende la depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), colectivos de búsqueda acusan una “rasura” estadística que, dicen, minimiza la crisis humanitaria.

Desde Palacio Nacional, la mandataria rechazó que su administración esté borrando casos. Aseguró que la revisión del registro, presentada el viernes 27,  no elimina la obligación de búsqueda, ni administrativa ni en campo. “Nuestra responsabilidad es seguir buscando a todas las personas desaparecidas”, sostuvo, al tiempo que insistió en que se mantiene el acompañamiento a familias y colectivos.

Como parte de su defensa, Sheinbaum destacó que desde el inicio de su gobierno, en octubre de 2024, se ha logrado localizar a más de 31 mil personas, muchas de ellas con vida, lo que implica su salida del registro activo. También subrayó que nunca se ha negado la responsabilidad del Estado mexicano frente a este fenómeno.

Sin embargo, el corazón de la controversia está en los números. De acuerdo con el informe oficial, el registro histórico acumula 394 mil 645 reportes desde 1952, de los cuales 262 mil 111 ya fueron localizados. La cifra actual ronda las 132 mil 534 personas desaparecidas, pero el gobierno clasificó los casos en tres grandes bloques: 46 mil 742 con datos insuficientes; 40 mil 308 con actividad posterior a su reporte, como uso de servicios bancarios o médicos, y 43 mil 128 sin actividad registrada, considerados los más críticos.

Además, el diagnóstico reveló que apenas 3 mil 869 casos desde 2006 cuentan con una carpeta de investigación formal, lo que llevó al anuncio de reforzar la obligación de las fiscalías para abrir expedientes en todos los reportes.

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NO ES TÉCNICA SINO POLÍTICA 

Para los colectivos, esa metodología no es técnica sino política.

Más de 200 organizaciones, entre ellas el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, rechazaron el informe y acusaron que la clasificación reduce artificialmente la magnitud del problema. “No somos 43 mil”, repiten madres buscadoras, en referencia al subconjunto de casos sin actividad, “nos faltan más de 133 mil, más la cifra negra”.

“Se nos hace una burla”, han expresado buscadoras en distintos estados, quienes esperaban una estrategia reforzada de búsqueda en campo, no un ajuste metodológico. Voces como Ceci Flores han manifestado indignación ante lo que consideran un intento de reducir el problema a cifras.

MUNDIAL LLENO DE RECLAMOS 

El descontento también se ha trasladado a las calles. Este fin de semana y lunes, manifestaciones en distintos puntos del país, incluida la capital, evidenciaron el choque entre narrativa oficial y realidad de las familias. Afuera del rebautizado Estadio Banorte, colectivos desplegaron mantas con mensajes como: “Se necesitan dos estadios para que quepan los desaparecidos”.

Entre las voces, destacó la de Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García, desaparecida en el Ajusco en 2025, quien reclamó falta de coordinación institucional y pidió visibilizar especialmente los casos de jóvenes. “Que el mundo vea que tenemos una crisis de desapariciones”, dijo.

Brenda Valenzuela, madre de un joven desaparecido en Sinaloa, resumió el sentimiento compartido: “Alzo la voz desde el dolor de una madre que lleva meses sin saber de su hijo, como miles”.

En paralelo, organizaciones como el Centro Prodh y colectivos regionales advirtieron que condicionar el reconocimiento de una desaparición a registros formales distorsiona la dimensión real del problema y perpetúa la impunidad, que estiman cercana al 99.9%.

El gobierno, por su parte, sostiene que la depuración busca hacer más eficiente la localización mediante cruces de información entre bases de datos oficiales, no reducir cifras. Pero la desconfianza persiste.

@emeequis



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