El informe sobre desaparecidos presentado por Claudia Sheinbaum revela una crisis de más de 130 mil ausencias desde 2006, marcada por una estrategia oficial que prioriza la “depuración” administrativa sobre la búsqueda en campo. Mientras el Gobierno destaca la localización de 31 mil personas y categoriza los registros mediante cruces de datos con el INE o el SAT, los colectivos de búsqueda denuncian que estas clasificaciones y la falta de carpetas de investigación en uno de cada tres casos recientes invisibilizan la realidad del reclutamiento forzado y la violencia criminal. En este escenario, la narrativa estatal de “datos verdaderos” choca con la labor de familias que, con recursos propios, intentan llenar el vacío de un Estado que parece más enfocado en corregir bases de datos que en localizar a las víctimas