La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La carrera por Hermosillo en 2027 plantea un dilema entre la nostalgia de lo conocido y el potencial de lo nuevo, enfrentando el "techo de cristal" de Alejandro López Caballero —quien posee un alto reconocimiento pero nulo margen de crecimiento y pesados negativos— contra la proyección estratégica de Flor Ayala, cuyo perfil en construcción le permite conectar con el robusto sector de votantes independientes. Mientras el exalcalde parece limitado por una historia política ya juzgada y un apoyo fraccionado, Ayala surge como una opción con margen de maniobra y capacidad de respuesta para un electorado crítico que, más allá de recuerdos, busca posibilidades reales de futuro.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Cien planas de “tengo que comprobar gastos”. Zacatecas y Veracruz no hallan 10 millones
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en 6 estados por pagos a supuestos trabajadores, así como por cargar al erario servicios de los que no hay pruebas documentales. Además de Zacatecas y Veracruz, tienen que arrastrar el lápiz en Baja California Sur, Guerrero, Michoacán y Tabasco.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
EMEEQUIS.– Por pagos no autorizados a supuestos trabajadores, de los que no existió evidencia de que realizaran actividades, así como por cargar al erario servicios de los que no hay pruebas documentales de que se hayan realizado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 13 millones 918 mil 561.66 pesos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), del presupuesto ejercido por seis estados del país en 2021.
En el primer informe de la cuenta pública del año anterior, el órgano fiscalizador encontró que Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Veracruz y Zacatecas cubrieron plazas con presupuesto del FAETA sin justificar las emisiones, por lo que presume un posible daño a la hacienda pública federal. Asimismo, presupuestaron servicios que no lograron acreditar durante la inspección que realizaron los funcionarios federales.
Con base en la auditoría 458, parte de 32 realizadas al fondo –una por entidad federativa–, más otra a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en Baja California Sur están pendientes de aclaración 1 millón 296 mil 783.54 pesos, debido a que a través del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) se pagaron cuatro plazas por encima de las autorizadas en la Conciliación de Plazas y Horas 2014.
Durante el proceso de verificación del ejercicio del gasto público, el estado no logró acreditar la disposición efectiva del recurso, cuyo reintegro a la Tesorería de la Federación, más los rendimientos financieros generados hasta su devolución, demanda la ASF.
Guerrero, de acuerdo con la auditoría 947, debe justificar el uso de 536 mil 224.77 pesos por realizar 40 pagos a dos trabajadores que ostentaron las categorías denominadas “Jefe de proyecto” y “Coordinador ejecutivo”, los cuales, según la ASF, estuvieron comisionados a otras dependencias durante el ejercicio fiscal 2021 y su licencia careció de autorización con goce de sueldo.
Además, el dictamen de la auditoría refiere que no se proporcionó información de las actividades que desempeñaron y en los pagos realizados se identificaron los conceptos de percepciones “Sueldo”, “Aguinaldo”, “Prima vacacional”, “Previsión social múltiple”, “Desarrollo y capacitación”, “Despensa”, “Eficiencia en el trabajo” y “Compensación”, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, y de las Condiciones Generales de Trabajo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
En el caso de Michoacán son 2 millones 204 mil 831.31 pesos que reclama el ente federal, “por no proporcionar evidencia de la prestación del servicio de vigilancia contratado y pagado con recursos del fondo”, específicamente para los planteles Apatzingán y Uruapan, lo cual consta en los resolutivos de la auditoría 1129.
Tabasco, a su vez, debe justificar 306 mil 798.96 pesos por ejercer recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos para el pago de una plaza denominada “Técnico en Contabilidad” que no se identificó en la conciliación de plazas emitida por la Dirección de Planeación y Programación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior es parte de las observaciones de la auditoría 1726.
En los casos de Veracruz y Zacatecas, que acumulan los montos más altos por posibles inconsistencias en el uso del FAETA, las auditorías 1854 y 2000 revelan que no hubo control ni evidencias de disposición del dinero recibido.
En Veracruz, son 2 millones 890 mil 331.08 pesos que se deben aclarar, ya que el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos no acreditó el control, el registro del uso mediante bitácoras ni el consumo del saldo disponible en tarjetas de combustible del contrato número IVEA/SA/ADJ.DIR.EXCEP.LEY/005/2021, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos, administración y enajenación de bienes muebles del estado de Veracruz.
Asimismo, en Zacatecas la ASF demanda 6 millones 683 mil 592 pesos porque el gobierno no proporcionó evidencia documental que acredite la recepción de los recursos por parte de las figuras solidarias, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.
El dictamen especifica que el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) transfirió al Patronato Pro Educación de los Adultos del Estado de Zacatecas A.C. los recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2021 por esos 6.6 millones, “de los que no fue posible comprobar su ejercicio, ya que no se proporcionó la lista de raya o documento que avale la recepción de los estímulos económicos por parte de las figuras solidarias”.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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