Para Estados Unidos, los 66 días entre el abatimiento de “El Mencho” y las acusaciones contra Rocha Moya, significan un golpe a Los Chapitos, debido a que también se detuvo a “El Jardinero”, líder del CJNG que mediaba en la alianza.
El tema Rocha Moya parece tabú alrededor de Palacio Nacional, donde Sheinbaum se encerró con su gabinete, sin que nadie quiera admitir que se trató el tema del gobernador con licencia.
La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 marca un punto de inflexión en la relación bilateral al declarar una guerra frontal contra la impunidad institucional en México, elevando a los cárteles al estatus de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y advirtiendo que la rendición de cuentas alcanzará a gobiernos y funcionarios que faciliten el narcotráfico. Con un enfoque de "tolerancia cero", Washington condiciona la cooperación y el fortalecimiento de capacidades a resultados tangibles, como el desmantelamiento de laboratorios y la extradición de líderes, mientras utiliza herramientas como la cancelación masiva de visas y acusaciones directas contra altos perfiles políticos para desarticular las redes de corrupción y mando extraterritorial que sostienen el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos
García Harfuch incurre en contradicciones, por ejemplo, no saber con precisión dónde está Rocha Moya, pero asignarle escoltas... Aunque no sabe dónde está con precisión.
Para Estados Unidos, los 66 días entre el abatimiento de “El Mencho” y las acusaciones contra Rocha Moya, significan un golpe a Los Chapitos, debido a que también se detuvo a “El Jardinero”, líder del CJNG que mediaba en la alianza.
Los ministros actuales de la Corte dejarían el cargo para que entraran los nuevos mediante voto popular, como parte de las reformas que propondría AMLO este 5 de febrero.
Para Estados Unidos, los 66 días entre el abatimiento de “El Mencho” y las acusaciones contra Rocha Moya, significan un golpe a Los Chapitos, debido a que también se detuvo a “El Jardinero”, líder del CJNG que mediaba en la alianza.
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López Obrador en Villahermosa, Tabasco, este 2 de febrero. Foto: Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– El presidente no quita el dedo del renglón y continúa con su cruzada por transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Andrés Manuel López Obrador y su equipo preparan una iniciativa que busca hacer que los ministros sean elegidos por elección popular y que no cuenten con pensión al retirarse, entre otras reformas que propondrá este 5 de febrero.
En documentos que empiezan a circular se puede leer que la reforma propone que las magistradas y magistrados de la Suprema Corte (así como magistrados de circuito, jueces de distrito, y magistrados de la Sala Superior y Salas regionales del Tribunal Electoral) “que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, concluirán su cargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria que se celebre, conforme a las disposiciones aplicables del presente Decreto”.
El mecanismo haría que después de que se aprobase esta iniciativa, procediera la renovación casi inmediata de la SCJN: “El Senado de la República, por única ocasión, tendrá un plazo de veinte días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para emitir la convocatoria para integrar el listado de las personas aspirantes que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del mando del Poder Judicial de la Federación señalados en el párrafo anterior”.
El Instituto Federal Electoral sería el encargado de organizar la elección para los nuevos magistrados. Luego, tendría que haber una revisión en el Senado de la República y otra más con el propio Tribunal Electoral.
La iniciativa deja como plazo el 1 de septiembre para desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal. En esta fecha también serían despedidos los ministros actuales. La onda expansiva alcanzaría a los integrantes del TEPJF, que tendría que renovar su plantilla en la Sala Superior y en sus salas regionales el 1 de octubre del siguiente año.
Los profesionales elegidos para el cargo serán “personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o impartición de justicia, o bien, que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.
Estas acciones radicales serían acompañadas con otras igualmente polémicas, como que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puedan aspirar a entrar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, no tendrían derecho a pensión (como actualmente lo marca la ley) y tendrían el mismo salario que el presidente. También se plantea que pasen de ser 11 a nueve los ministros que integran la Corte (para que la mayoría calificada sea de seis votos, en vez de ocho), para cargos de máximo 15 años (mínimo 12).
Otras de las líneas más polémicas tienen que ver con prohibir la “suspensión de las normas generales” que entren en controversia o en acciones de anticonstitucionalidad. Cabe resaltar que muchas de las reformas que ha presentado el Ejecutivo Federal durante este sexenio han sido frenadas en seco a través de este mecanismo.
Otra de las reformas sería que el presidente pueda proponer una terna de 10 candidatos para la corte, 10 el Poder Judicial y cinco el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados.
“Comentamos aquí lo que hacen los del Poder Judicial, los de la Suprema Corte del derecho, que es bastante, porque de la justicia no, no; que sacan ahí un documento diciendo que tienen fundamentos legales y que el amparo, no tienen remedio”, dijo el presidente este 2 de febrero en su mañanera al hablar de los esfuerzos de Morena por hacer juicio político al ministro Alberto Pérez Dayán (quien fue el artífice para “tirar” la reforma eléctrica de AMLO) y la posterior defensa que la corte hizo sobre su ministro.
“Por ahí no hay ninguna posibilidad, eso está mal, predomina la corrupción y hay que renovar ese poder”, agregó.
El gobierno afirma que Pérez Dayán no podía romper el empate a dos en la sala que tomó la decisión de declarar inconstitucional la reforma eléctrica, porque antes de usar su voto de calidad debió turnar a la ministra presidente para escoger otro ministro.
Sin embargo, la Suprema Corte aclaró que fue correcto el voto de calidad porque está permitido en la Ley de Amparo.
Sobre el tema, el constitucionalista Francisco Burgoa le comentó a la periodista Azucena Uresti: “Es inadmisible que Morena esté presentando una denuncia de juicio político contra Pérez Dayán, no hay ninguna violación a la ley”.
@emeequis
Para Estados Unidos, los 66 días entre el abatimiento de “El Mencho” y las acusaciones contra Rocha Moya, significan un golpe a Los Chapitos, debido a que también se detuvo a “El Jardinero”, líder del CJNG que mediaba en la alianza.
El tema Rocha Moya parece tabú alrededor de Palacio Nacional, donde Sheinbaum se encerró con su gabinete, sin que nadie quiera admitir que se trató el tema del gobernador con licencia.
La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 marca un punto de inflexión en la relación bilateral al declarar una guerra frontal contra la impunidad institucional en México, elevando a los cárteles al estatus de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y advirtiendo que la rendición de cuentas alcanzará a gobiernos y funcionarios que faciliten el narcotráfico. Con un enfoque de "tolerancia cero", Washington condiciona la cooperación y el fortalecimiento de capacidades a resultados tangibles, como el desmantelamiento de laboratorios y la extradición de líderes, mientras utiliza herramientas como la cancelación masiva de visas y acusaciones directas contra altos perfiles políticos para desarticular las redes de corrupción y mando extraterritorial que sostienen el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos
García Harfuch incurre en contradicciones, por ejemplo, no saber con precisión dónde está Rocha Moya, pero asignarle escoltas... Aunque no sabe dónde está con precisión.
