El presidente Abelardo de la Espriella por fin comenzó a abrir la puerta a rescatistas internacionales en Colombia, luego de las presiones internas y las críticas a nivel internacional, con más de 200 personas desaparecidas.
Documentos oficiales revelan que la SEP solicitó el servicio de promoción de cursos para choferes de pipas una semana después de la explosión en Tlaxcala. Pagará 12 millones por algo que ya hace la dependencia.
Vinculan a proceso a Ángel Aguirre Rivero por el delito de desaparición de personas en el caso Ayotzinapa: al filo de las 3 de la madrugada, la autoridad judicial reiteró la prisión preventiva en el Altiplano y concedió cuatro meses para la investigación complementaria.
La defensa de Ángel Aguirre intenta demostrar que no estuvo en el lugar de los hechos que se le imputan. La FGR presenta testimonios que lo incriminan.
El presidente Abelardo de la Espriella por fin comenzó a abrir la puerta a rescatistas internacionales en Colombia, luego de las presiones internas y las críticas a nivel internacional, con más de 200 personas desaparecidas.
Los diputados se preparan para discutir la reforma a la Ley General de Salud, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca prohibir de manera definitiva los vapeadores y cigarrillos electrónicos en México. La iniciativa plantea sanciones de uno a ocho años de cárcel y multas que van de 11 mil a 226 mil pesos, además de facultar a las autoridades sanitarias para coordinarse con cuerpos de seguridad en la aplicación de las medidas
El presidente Abelardo de la Espriella por fin comenzó a abrir la puerta a rescatistas internacionales en Colombia, luego de las presiones internas y las críticas a nivel internacional, con más de 200 personas desaparecidas.
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EMEEQUIS.– Después de que el Congreso aprobara la Ley de Aguas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora los legisladores se preparan para discutir una nueva reforma de gran alcance: la modificación a la Ley General de Salud, que busca prohibir de manera definitiva los vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, además de endurecer las sanciones contra su uso y comercialización.
La iniciativa enviada por Sheinbaum en septiembre propone agregar el artículo 282 Quater, con el cual se establece que los vapeadores quedarán prohibidos en todo el país. La restricción abarcaría la adquisición, fabricación, envasado, transporte, almacenamiento y venta de estos dispositivos.
La reforma plantea sanciones severas en el artículo 456 de la Ley de Salud, con penas que van de uno a ocho años de prisión y multas de entre 11 mil 314 y 226 mil 280 pesos (equivalentes a 100–2,000 UMAs). El objetivo es homologar criterios y cerrar cualquier vacío legal en torno a la comercialización y consumo de vapeadores.
La presidenta recordó que la prohibición ya tiene sustento en los artículos cuarto y quinto de la Constitución, tras el decreto publicado en enero de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. La reforma busca reforzar ese marco constitucional con sanciones claras y aplicables.
Con la modificación al artículo 431, las autoridades sanitarias podrán solicitar el apoyo de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para garantizar la aplicación de las medidas. Esto permitirá operativos coordinados para frenar la distribución y consumo de estos dispositivos.
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que la reforma será discutida en la última semana de sesiones, junto con la modificación a la Ley de Importaciones, también propuesta por Sheinbaum. Ambas iniciativas forman parte de la estrategia del Ejecutivo para reforzar la política de salud pública y el control de productos considerados nocivos.
@emeequis
El presidente Abelardo de la Espriella por fin comenzó a abrir la puerta a rescatistas internacionales en Colombia, luego de las presiones internas y las críticas a nivel internacional, con más de 200 personas desaparecidas.
Documentos oficiales revelan que la SEP solicitó el servicio de promoción de cursos para choferes de pipas una semana después de la explosión en Tlaxcala. Pagará 12 millones por algo que ya hace la dependencia.
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La defensa de Ángel Aguirre intenta demostrar que no estuvo en el lugar de los hechos que se le imputan. La FGR presenta testimonios que lo incriminan.
