Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El presidente ha afectado enormemente mi candidatura: Xóchitl Gálvez
Sobre las medidas cautelares contra el presidente, Xóchitl Gálvez dijo que van 51, 17 de ellas en firme, pero que no sirven de nada, pues López Obrador sigue interviniendo en la elección a favor de Claudia Sheinbaum.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Xóchitl dice que las medidas cautelares contra el presidente no sirven de nada. Fotos: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.–Xóchitl Gálvez se reunió por más de dos horas con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante quienes se quejó que el presidente López Obrador sigue interviniendo en la elección, a pesar de las medidas cautelares dictadas en su contra.
“El presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que fueron falsos, diciendo que se querían quitar los problemas sociales, cuando él sabe que eso es falso. Aduciendo problemas de corrupción en mi persona que nunca han existido. El presidente se mete a favor de su candidata abiertamente, por lo que no hay piso parejo”.
Tras la reunión, Gálvez dijo a los reporteros que los magistrados le argumentaron que han hecho lo que está a su alcance, como dictar medidas cautelares, por lo que sugirieron llevar al legislativo la necesidad de crear una ley para castigar a funcionarios que se meten en elecciones.
También señaló que presentó un juicio por incumplimiento del INE al no elaborar un mapa de riesgos electorales, mismo que ya fue realizado por la coalición Fuerza y Corazón por México, que fue entregado al Tribunal.
Las declaraciones de Xóchitl Gálvez.
“Cuando se vieron los casos de Michoacán y Tamaulipas se dijo claramente qué el INE tiene que tomar una serie de medidas que no se han tomado. Ya le hemos entregado nuestros mapas de riesgo, donde sabemos que hay posibilidades de tener situaciones violentas. Eso se le dio al Tribunal, esa información que estamos presentando”.
En cuanto a las medidas cautelares contra el presidente, dijo que van 51, 17 de ellas en firme, pero que no sirven de nada.
CIUDAD DE MÉXICO, 13MAYO2024.- Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, habló con los medios luego de la reunión que sostuvo con los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
“Sigue reincidiendo, se decidió no cancelar las mañaneras, pero el presidente sigue interviniendo en el proceso electoral, ellos argumentan que emiten las medidas cautelares y, obviamente, pues todo esto es parte de la clasificación final que se tendrá”.
Esta semana las candidatas y el candidato presidencial se preparan para lo que será el último debate presidencial del 19 de mayo, cuyo tema dominante será la inseguridad. Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano), Claudia Sheinbaum (Sigamos Haciendo Historia) y Xóchitl Gálvez (Fuerza y Corazón por México) tendrán la última oportunidad de contrastar sus ideas de cara al público.
Por otra parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó, de manera preliminar, que fue ilegal que Xóchitl Gálvez se refiriera como “narcocandidata” a Claudia Sheinbaum durante el segundo debate presidencial, pues podría configurarse el delito de calumnia.
Se editarán esas referencias de todas las plataformas oficiales donde se difundió el segundo debate.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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