Un patrón sistemático de corrupción, extorsión y violaciones graves al debido proceso marca las operaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, una problemática heredada de la gestión de Carlos Zamarripa que se ha agudizado bajo el actual mando de Gerardo Vázquez Alatriste, según revela una investigación de EMEEQUIS. A través de testimonios de juristas y activistas, se denuncia un modus operandi donde los agentes ministeriales desconectan cámaras de seguridad, alteran actas de hechos, sustraen dinero o bienes y ejecutan operativos violentos en medio de una opacidad institucional casi absoluta. Estas irregularidades no solo han provocado una profunda desconfianza ciudadana en una de las entidades más violentas del país, sino que ya han escalado a agresiones físicas contra periodistas y a casos de desaparición forzada que son investigados bajo acciones urgentes por organismos internacionales como la ONU
