Autoridades de Puebla señalan que el ataque fue planeado desde hace un mes, sin embargo, familiares indican que los jóvenes muertos y heridos no tienen nada que ver con el crimen organizado. Empleados del bar señalan que los sicarios se pudieron haber equivocado de Mercedes Benz.
Se desploma caso Wallace: carta póstuma acusa a la Corte de traicionar a víctimas
En una carta escrita antes de morir, Isabel Miranda de Wallace acusó a la Suprema Corte de Justicia de actuar con corrupción al liberar a Juana Hilda González Lomelí, presunta implicada en el secuestro y asesinato de su hijo. La SCJN declaró inválida la confesión de González por haber sido obtenida bajo tortura, lo que abre la posibilidad de que otros acusados también recuperen su libertad y se desmorone el caso Wallace.
Autoridades de Puebla señalan que el ataque fue planeado desde hace un mes, sin embargo, familiares indican que los jóvenes muertos y heridos no tienen nada que ver con el crimen organizado. Empleados del bar señalan que los sicarios se pudieron haber equivocado de Mercedes Benz.
EMEEQUIS.– En una carta escrita antes de su fallecimiento el pasado 8 de marzo, Isabel Miranda de Wallace expresó su preocupación, frustración y denuncia hacia el sistema judicial mexicano, particularmente contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quien acusó de corrupción y de traicionar la lucha que ella emprendió durante casi dos décadas por el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, presuntamente secuestrado y asesinado en 2005.
El documento, dirigido a los periodistas Ciro Gómez Leyva y Manuel Feregrino, fue dado a conocer públicamente por Gómez Leyva en su espacio informativo, y muestra a una mujer convencida de que el proceso judicial iniciado tras el supuesto secuestro de su hijo estaba en riesgo de colapsar
.“Estoy muy delicada de salud… les extiendo mi agradecimiento con todo el corazón por su compromiso, profesionalismo y empatía”, comienza la carta, en la que también denuncia directamente que la SCJN actuaba como “cualquier cártel de la delincuencia organizada”.
LA LIBERACIÓN DE JUANA HILDA
Días antes, el 11 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó, por mayoría de cuatro votos, la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, una de las principales acusadas del caso Wallace, luego de permanecer presa por más de 19 años.
El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que la confesión de González Lomelí fue obtenida bajo tortura, violando el debido proceso, lo que la vuelve inválida junto con todas las pruebas derivadas de ella. Esta decisión, según el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), abre la puerta para revisar los casos de los demás coprocesados, como Brenda Quevedo, César Freyre, los hermanos Castillo y Jacobo Tagle, todos acusados con base en elementos que también estarían viciados de origen.
“SIN APEGO A DERECHO”: LA DENUNCIA PÓSTUMA
Miranda de Wallace advirtió en su carta que ya preveía la liberación de González Lomelí. “Sé que de una forma u otra se liberarán a los mismos empezando por Juana Hilda”, escribió. Y agregó que entregó evidencia, incluyendo documentos del exministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano y resoluciones judiciales previas, que respaldaban la culpabilidad de los acusados.
Lamentó que la Primera Sala de la SCJN atrayera el amparo de Juana Hilda, pues –dijo– eso derivó en una resolución que favorecería su liberación. Según Miranda, ella mantuvo comunicación directa con asesores de la Corte para argumentar por qué, a su juicio, existían suficientes pruebas en contra.
Sin embargo, la resolución de la SCJN determinó que no existían elementos válidos para sustentar su condena. El fallo fue considerado histórico por organizaciones defensoras de derechos humanos, al subrayar los abusos cometidos por el sistema penal tradicional, como tortura, falta de defensa efectiva y uso de estereotipos.
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UNA MUJER ENFERMA, PERO CONVENCIDA
“Me duele saber que la delincuencia organizada ha alcanzado la máxima tribuna del país. Me duele saber que nos están dejando sin futuro”, escribió Miranda de Wallace, en un tono profundamente emocional y de ruptura con el Poder Judicial.
La carta no sólo expresa una visión personal de una madre que luchó incansablemente por lo que creía era justicia, sino también acusa directamente a algunas ministras de la Corte de haber recibido “casas, vehículos y hasta viajes al extranjero” para favorecer la liberación de Juana Hilda, una afirmación grave, aunque sin pruebas públicas hasta el momento.
EL CASO WALLACE, EN EL OJO DEL HURACÁN
El caso Wallace ha estado envuelto en controversias desde hace más de 18 años. Isabel Miranda, quien fundó la organización “Alto al Secuestro”, fue premiada y reconocida por gobiernos anteriores. Pero en años recientes, surgieron dudas sobre la veracidad del caso: desde irregularidades en las detenciones hasta denuncias de fabricación de culpables.
Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el IFDP han señalado que los detenidos fueron víctimas de violaciones graves a derechos humanos, incluyendo tortura, detenciones ilegales y procesos sin garantías.
El caso representa un parteaguas: por un lado, la narrativa de una madre que luchó por justicia para su hijo. Por otro, la visión de un sistema que construyó culpables sin pruebas sólidas y recurriendo a métodos ilegales.
¿Y AHORA QUÉ?
Con la liberación de Juana Hilda González Lomelí, el andamiaje judicial del caso Wallace se tambalea. Las decisiones en torno a los demás procesados podrían seguir la misma lógica jurídica, lo que desataría una cadena de liberaciones.
Para los defensores de derechos humanos, se trata de una victoria contra la impunidad y el uso sistemático de la tortura. Para quienes como Miranda de Wallace defendieron la culpabilidad de los acusados, es un revés que pone en entredicho no sólo su lucha, sino también la credibilidad del sistema de justicia mexicano.
La carta de Isabel Miranda de Wallace no será sólo un testimonio personal: es también un documento histórico que refleja el profundo quiebre entre las víctimas, el sistema judicial y las organizaciones que durante años denunciaron el caso como una construcción artificial.
El debate está lejos de cerrarse.
@emeequis

