La propuesta de reforma judicial contempla mayores facultades al Senado de la República, en la que destaca que será esta cámara la responsable de nombrar a jueces y magistrados. La medida pretende evitar que los impartidores de justicia sean corrompidos por poderes locales, ya sean de carácter político, económico o vinculados al crimen organizado.
La reforma también plantea otorgar autonomía en la asignación, reparto, distribución, manejo, seguimiento y control de presupuesto a la Fiscalía General de la República.
Los coordinadores parlamentarios del Senado tendrán encuentros clave el día de hoy para discutir estos temas. Así, hoy, miércoles 15 de enero de 2020, Ricardo Monreal (Morena), Mauricio Kuri (PAN), Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Miguel Ángel Mancera (PRD) y Dante Delgado (Movimiento Ciudadano) protagonizarán el decisivo encuentro con la cúpula de la 4T. El reto: sacar avante los ambiciosos ajustes al marco normativo de las transformaciones en materia judicial.
Los cambios que comenzarán a ser discutidos en la Cámara alta contemplan profundas adecuaciones al Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Amparo y Ley de la Fiscalía General. La ampliación de la manera en que podrán ser utilizadas las escuchas telefónicas dentro de los juicios será uno de los asuntos que suscite más polémica.
Los coordinadores parlamentarios se reunirán con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, y con el fiscal general de la Republica, Alejandro Gertz Manero, para discutir las iniciativas de reforma. La primera es a nivel constitucional y las demás son leyes secundarias para operar lo que se cambie en la Carta Magna.
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En ese encuentro también participarán el secretario de Seguridad Publica, Alfonso Durazo, y la secretaria de Gobernacion, Olga Sánchez Cordero. Todos han guardado el contenido de las iniciativas de manera sigilosa para que sean dadas a conocer una vez que hayan sido conocidas formalmente.
Sin embargo, en EMEEQUIS hemos podido saber que en la propuesta de cambio a la Constitución se incluyen los temas que hablan de una transformación de forma y de fondo con el propósito de abatir vicios arraigados como la corrupción, la impunidad, la dilación y la injusticia, condiciones que han padecido millones de mexicanos en las últimas décadas.
Entre ellos se contempla la expedición del Código Penal Nacional, que prevé un mínimo de reglas generales para la persecución de los delitos; los tipos penales que regirán a nivel nacional y sus sanciones, así como aquellos que conocerá de forma exclusiva la Federacion.
Los congresos locales conservarán la facultad de legislar y expedir los tipos penales y sanciones de conductas eminentemente del fuero común cuando sean diversas a las conductas previstas en la legislación nacional penal, pero el Congreso de la Unión se podrá reservar su facultad de atracción para conocer y legislar sobre aquellas conductas delictivas del ámbito local que surjan o representen una afectación nacional.
Otra de las modificaciones sustanciales es que, con esta nueva reforma, será el Senado de la República el responsable de la designación de jueces y magistrados, para que tengan mayor transparencia en la impartición de justicia en todo proceso sin favoritismos ni asignaciones privadas. Además busca facultar a esta Cámara para vigilar y supervisar el trabajo que realicen los Juzgados y Tribunales especializados, quienes durarán en el cargo 9 años.
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Por otra parte, se propone establecer como obligación constitucional el trabajo en favor de la comunidad cuando sea impuesto como pena por una autoridad administrativa derivado de una sanción de justicia cívica. Las jornadas no podrían exceder de 8 horas diarias o 7 horas en caso de que sean por la noche. Quedarían excluidas todas aquellas labores insalubres o peligrosas, así como el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche asignado a los menores de 16 años.
Ya no desaparecería la figura del arraigo, como había propuesto Morena con el respaldo de todas las fracciones al presentar esa iniciativa. La reforma de hoy permitiría su aplicación exclusivamente por un plazo de 40 días, sin posibilidad de renovarse. Se ampliaría a todos los delitos eliminándose la restricción para delitos en materia de delincuencia organizada.
Se eliminará el auto de vinculación a proceso. Una vez que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial se citará a audiencia inicial y esta autoridad deberá determinar sin demora si el imputado será o no sometido a una medida cautelar. Dicha detención solo sería durante el desarrollo de la audiencia inicial hasta la determinación de la medida cautelar.
El nuevo diseño jurídico contemplaría la figura del trabajo penitenciario como un requisito para el otorgamiento de las figuras de preliberación y reducción de penas, lo que implica un ingreso económico y la obtención de adiestramiento o capacitación.
La reforma del sistema judicial mexicano, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, intenta permitir la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en los juicios, así como restringir el uso de amparos para evitar postergar las extradiciones.
Todas estas disposiciones constitucionales y otras más, así como sus leyes reglamentarias entrarían en vigor este mismo año porque el objetivo es que sean aprobadas antes del 30 de abril, cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones que el Congreso de la Unión iniciará en febrero.
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