Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Propuesta de diputado de Morena dejaría sin agua potable a Quintana Roo
El diputado morenista Humberto Aldana Navarrete propuso en el Congreso de Quintana Roo revocar la concesión de agua potable que tiene vigente Aguakan para los próximos 30 años, por lo que, partir del 1 de enero del 2024, será la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) la que ofrezca esos servicios, dejando a 11 municipios de la entidad en la incertidumbre.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.– El diputado morenista Humberto Aldana Navarrete propuso en el Congreso de Quintana Roo revocar la concesión para el servicio de agua potable y alcantarillado que ostenta la empresa Aguakán hasta el 31 de diciembre del 2054 en municipios turísticos como Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad (Playa del Carmen).
Según la propuesta apoyada por 19 legisladores quintanarroenses, a partir del 1 de enero del 2024 será la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) la que ofrezca esos servicios; por lo que los once municipios de la entidad tendrían prácticamente tres días para buscar alternativas para atender los servicios que ofrece la concesionaria.
Desde el año pasado el Movimiento de Regeneración Nacional había intentado rescindir el contrato de Aguakan; específicamente, a propuesta de la senadora cuartotransformista Marybel Villegas, en la zona norte de Quintana Roo se llevó a cabo una consulta para determinar la permanencia o no de la compañía, por lo que ésta inició la correspondiente defensa legal para seguir suministrando el servicio.
La razón que la 4T ha dado como argumento para buscar la cancelación es que presuntamente existen múltiples quejas sobre el servicio prestado; en la realidad, se intenta que sea el estado el que lleve a cabo esas actividades sin pagar a un tercero, esto a pesar de que la compañía ha pagado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y la Comisión Nacional del Agua derechos por casi 8 mil millones de pesos.
La empresa obtuvo la mencionada licencia en 2014, en tiempos del priista Roberto Borge, esa es la otra razón por la cual en Regeneración Nacional buscan terminar el acuerdo.
La empresa ha invertido en infraestructura.
LA RESPUESTA DE AGUAKAN
Después de la votación en el Congreso el pasado 22 de diciembre, la empresa resolvió que seguirá dando servicio con normalidad y que tomará el camino judicial correspondiente para cumplir con el contrato que tiene vigente por 30 años más.
Para este espacio se confirmó que la compañía ha presentado ante la CAPA sus planes de trabajo, inversión y desarrollo, con detalles como el compromiso de saneamiento del 100% de las aguas que se recolectan y se trasladan a las 13 plantas de tratamiento. Además, se convirtieron en el único proveedor del país con 3 desaladoras en operación en el mismo municipio para mantener la capacidad de servicio necesaria.
La medida que parece haberse tomado a la ligera en el Congreso estatal hizo que la Bolsa Mexicana de Valores emitiera ya una postura a la que este espacio tuvo acceso. Aguakan (DESARROLLOS HIDRÁULICOS DE CANCÚN, S.A. DE C.V.) es “una empresa de clase mundial y más de 22 millones de trabajadores participan indirectamente como accionistas en su capital a través de las Afores. Con la seriedad y compromiso que le caracteriza, DHC continuará prestando con normalidad los servicios públicos de agua potable concesionados en su favor en y por los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad en el Estado de Quintana Roo en apego a lo dispuesto por el Título de Concesión y su modificación de 18 de diciembre de 2014”.
En tanto, la compañía calificó de ilegal la votación por lo que anticipó ya que iniciará todos los medios de impugnación y defensa legalmente a su alcance para combatirlo. “El Decreto 195 desconoce absolutamente la naturaleza y normatividad rectora del Título de Concesión e invade esferas y atribuciones de los Municipios soberanos concedentes de la Concesión, así como del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, lo que representa una clara transgresión al orden constitucional y legal aplicable”.
Las inversiones que ha realizado Aguakan desde el inicio de su concesión han resultado en una infraestructura que consta de 217 pozos de extracción, 71 tanques de agua potable, 101 cárcamos de agua residual, 3,250 kilómetros de tuberías de agua, 2,157 km de tuberías de alcantarillado, 3 Plantas de Osmosis Inversa y 13 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. De 1994 a 2023 Aguakan invirtió 8,005 millones de pesos en infraestructura hidráulica, lo que representa un 18.9% respecto a la cobranza.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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