Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Pájaros en el alambre naranja: hackeo al chat de prensa de MC
Reporteros fueron quienes se dieron cuenta que el chat de comunicación de Movimiento Ciudadano fue hackeado, pues recibieron llamadas preguntándoles si deseaban continuar en el grupo, aunque el partido naranja desconoció esos mensajes, y no parece ser el único organismo político hackeado
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.― Los hackers han penetrado las redes de comunicación de los partidos políticos con los medios. Nadie sabe cómo, ni quién, ni el propósito preciso, pero esta semana el chat de prensa del comité nacional de Movimiento Ciudadano (MC) fue hackeado.
La intervención de los piratas electrónicos se dio a conocer desde el martes, y como medida de precaución y ante la imposibilidad de rastrear el origen del hackeo, el chat se tuvo que dar de baja.
Fueron los propios reporteros de la fuente quienes dieron la voz de alarma. Denunciaron que les llegaron llamadas preguntando si querían permanecer en el grupo y hasta les enviaron códigos de confirmación, pero el partido de Dante Delgado aclaró que nada tenía que ver con esos mensajes.
Lo más grave es que que no es sólo el de MC, sino que en los chats de otras fuentes también está sucediendo, según testimonios de los periodistas.
El tema es de alta sensibilidad dado el creciente involucramiento del gobierno mexicano en el espionaje de comunicadores.
En octubre del año pasado, la Red de Defensa de los Derechos Digitales reveló que el Ejército compró el software Pegasus en 2019 para espiar a activistas y periodistas. Incluso la cuenta de WhatsApp del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, fue espiado por los militares mexicanos con Pegasus, según reveló The New York Times en mayo pasado.
Fue una compañera periodista la que planteó: “Consulta para los administradores de este grupo: Me llegó una llamada para cuestionarme si quiero permanecer en el grupo, ¿esto es real? ¿lo está haciendo el partido? Porque hasta me pidieron un código que me mandaron por ms”.
Tras el mensaje, varios reporteros relataron sus propias experiencias y hasta enviaron capturas de pantalla de los números de los que estaban surgiendo los mensajes maliciosos: “A mi también me contactaron”, “A mi me pasó lo mismo”…
Incluso, un reportero advirtió que no es la única fuente en donde está ocurriendo el hackeo: “Compañeros, esto está pasando en otros chats; seguramente le robaron el celular a alguna reportera o a algún reportero y de ahí surgió todo”.
Los administradores de MC aclararon que nada tenían que ver con esos mensajes, a lo que repuso la denunciante inicial: “Pues aguas, porque de entrada ya les hackearon su directorio y nuestros números en él. Y ahora nos quieren hackear a nosotros. A mi me mandaron un código MS y querían que se los pasara, pero corté la llamada”.
MC NIEGA SER EL HACKEADO ORIGINAL
La coordinación de prensa aclaró que sus expertos determinaron que ellos no fueron la vía por la que los hackers entraron al chat: “La consultora dice que el hackeo ocurrió el algún celular en el grupo y de ahí se genera”.
Horas después, MC reiteró: “Nuestros equipos no fueron hackeados. Por tanto, deduce el equipo de la consultora, que a alguien del grupo lo hackearon y de ahí pudieron acceder a sus contactos en el grupo”.
Y anunció la cancelación del chat: “Daremos de baja este grupo y a la brevedad una persona que podrá ser identificada de forma oficial como Movimiento Ciudadano le llamará, este número será el de la sede nacional para su tranquilidad”.
La pregunta que quedó en el aire es, si el equipo hackeado no fue identificado, ¿está incluído en el nuevo chat?
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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