Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Otis: el factor crimen antes y después del desastre
A las autoridades de Guerrero no sólo se les critica por la tardanza para hacer llegar la ayuda humanitaria, sino para controlar una situación de inseguridad, saqueos, robos y otros delitos que el crimen organizado presente en esa entidad aprovechó para realizar. La gobernadora fue alertada por su equipo de problemas de seguridad en su entorno.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.–Tras las primeras horas del paso de Otis en Guerrero, las críticas a las autoridades municipales, estatales y federales no se hicieron esperar por la respuesta, calificada por muchos como tardía, no sólo para acercar ayuda humanitaria, sino para controlar una situación de inseguridad, saqueos, robos y otros delitos que el crimen organizado presente en esa entidad aprovechó para realizar.
Según expertos en seguridad, después de la catástrofe climática los saqueos que se documentaron en tiendas departamentales, de autoservicio, almacenes y camiones fueron coordinados por células delincuenciales; las mencionadas movilizaciones también comenzaron a servir como espacios para que los criminales- cuya presencia es innegable e inminente en Guerrero- siguieran reclutando entre la población que lo perdió todo, casas y empleos por igual.
TARDANZA DE LA GOBERNADORA
La gobernadora morenista Evelyn Salgado apareció ante las cámaras muy poco los primeros días después de que Otis devastó Acapulco.
Recientes hechos de violencia, asesinatos y atentados, relacionados con personas cercanas a la mandataria, pusieron en alerta al gabinete de seguridad, que le habría sugerido bajar el perfil y resguardarse. Fuentes confirman que incluso se habría sugerido a Salgado Pineda pedir licencia al cargo para designar a un gobernador interino.
Este miércoles seguía la discusión para asignar fondos a damnificados por Otis. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro.com.
LOS HECHOS DELICTIVOS
El más reciente fue el asesinato del secretario de Seguridad de Coyuca, Alfredo Alonso López, quien fuera familiar de Joaquín Alonso Piedra, expareja de la gobernadora. Junto con él fueron ultimados el director de la policía y una decena de agentes.
Antes, un comando asesinó al empresario José Guadalupe Fuentes Brito, tío de la actual pareja de la morenista y quien se desempeña como su jefe de Oficina, Rubén Hernández Fuentes.
Hace un par de meses, se registró un atentado contra Zulma Carvajal Salgado, prima de la gobernadora; ahí, el esposo de ésta, Humberto del Valle Zúñiga, perdió la vida.
CRIMEN EN GUERRERO
Las autoridades tienen detectada la presencia de al menos 14 diferentes grupos criminales en prácticamente todo el estado de Guerrero; la mayoría se concentra en el devastado Acapulco, que gobierna Abelina López. Ahí coexisten La Familia Michoacana, Cártel de Sinaloa, Beltrán Leyva, Los Tequileros, y Los Granados.
Asimismo, operan al mismo tiempo Los Ardillos, Los Tlacos, Guerreros Unidos, Cártel Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios, Los Viagras y el Cártel Independiente de Acapulco, por mencionar algunos grupos.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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