Luego de que la Corte le diera la razón al determinar que la Auditoría del Estado no puede auditar 898 millones de pesos de su gestión en Acapulco, Abelina López Rodríguez se ofrece a mostrar a otros alcaldes cómo tramitar controversias constitucionales para frenar esas revisiones. Sin embargo, los recursos siguen volando.
“En lugar de investigar de manera objetiva las violaciones a derechos humanos en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, ha optado por respaldar la actuación del Estado", advierte Amnistía Internacional sobre la CNDH en el caso Ayotzinapa.
El especialista Gabriel Regino señala que, tras el perdón de la esposa, el escenario más probable en el caso de Víctor Rodríguez Padilla es que la defensa solicite una suspensión condicional del proceso. Considera que las posibilidades de que Rodriguez Padilla siga en la cárcel son pocas.
La fiscalía solicita cadena perpetua para "El Mayo" y una orden de decomiso por valor de 15 mil millones de dólares, "tal como se establece en el acuerdo de culpabilidad”. Su audiencia de sentencia es el 20 de julio.
Luego de que la Corte le diera la razón al determinar que la Auditoría del Estado no puede auditar 898 millones de pesos de su gestión en Acapulco, Abelina López Rodríguez se ofrece a mostrar a otros alcaldes cómo tramitar controversias constitucionales para frenar esas revisiones. Sin embargo, los recursos siguen volando.
Meade pidió transparentar las recomendaciones a contrato de Pemex con Braskem
Un acta de la sesión del Consejo de Administración de Pemex muestra que ninguno de los asistentes objetó la firma del contrato. Se recomendó en aquel entonces que, para acuerdos en el futuro, ese órgano conociera previamente su contenido.
Luego de que la Corte le diera la razón al determinar que la Auditoría del Estado no puede auditar 898 millones de pesos de su gestión en Acapulco, Abelina López Rodríguez se ofrece a mostrar a otros alcaldes cómo tramitar controversias constitucionales para frenar esas revisiones. Sin embargo, los recursos siguen volando.
Durante la sesión del Consejo de Administración de Pemex, celebrada el 29 de abril de 2011, José Antonio Meade Kuribreña, entonces secretario de Energía, solicitó que las objeciones de Rogelio Gasca Neri se incluyeran como parte del acta de la reunión.
Las consideraciones del consejero Gasca –quien no estuvo presente en la junta– se referían a las consecuencias que había provocado un contrato firmado 14 meses antes, cuando Meade aún no era titular de esa dependencia. El convenio entre Pemex y Braskem, filial de la empresa brasileña Odebrecht, había producido pérdidas millonarias en la planta Etileno XXI.
Ayer, EMEEQUIS publicó que “Pemex se comprometió a comprar gas en el extranjero por los siguientes 18 años, y a venderlo a Braskem con un descuento de entre 10 y 20%. Meade no firmó el contrato, pero desestimó las objeciones de dos de los consejeros que señalaron el daño patrimonial a la petrolera estatal mexicana, como se relata en una de las actas de Consejo”.
El Acta 827 de aquella sesión de abril de 2011 revela que Meade –quien presidía de facto la reunión al ser el secretario del ramo– pidió que las objeciones fueran incluidas en el documento, con el propósito de apegarse a la transparencia.
Testigos de aquella reunión refieren que ninguno de los consejeros presentes en dicha sesión objetó abiertamente el referido contrato, lo cual puede comprobarse en el contenido del acta. En cambio, el Comité de Estrategia e Inversiones (CEI) recomendó que en los procesos subsecuentes dichos documentos fueran conocidos por ese órgano previo a su firma, incluso si la Ley de Pemex no previera que el Consejo de Administración de esa paraestatal emita su autorización para contratos de suministro.
Como se ha publicado en diversas notas de prensa, Meade no avaló el contrato que, al momento en que se presentó ante el Consejo de Administración, ya estaba suscrito por Pemex. De hecho, el propio Abogado General de la paraestatal insistió en que el contrato se había presentado previamente ante los Consejos de Administración de los organismos subsidiarios, y que se trataba de un contrato que formaba parte de la administración diaria de la empresa, por lo que no había sido necesario el aval del Consejo para su suscripción. Sobre todo cuando, como ocurrió en este caso, no se trataba de una adjudicación directa sino de un contrato realizado a través de una licitación.
A pesar de que se trataba de un contrato que ya había sido suscrito, las actas del encuentro muestran que las decisiones del Consejo de Administración en relación con ese punto se tomaron de forma unánime y colegiada.
En la nota periodística de ayer, esta revista digital señaló que, bajo la gestión de Meade, “el 15 de noviembre de 2011 se aprobó el Paquete Económico 2012, incluidos los planes de inversiones energéticas, en los que se estarían cumpliendo compromisos contraídos por (Emilio) Lozoya con ejecutivos de Odebrecht”.
Dicho paquete no fue presentado por José Antonio Meade, ya que, cuando él asumió la titularidad de la SHCP, éste se encontraba ya en proceso de aprobación. El paquete económico fue presentado el 8 de septiembre de 2011, por el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Meade tomó posesión del cargo un día después.
Luego de que la Corte le diera la razón al determinar que la Auditoría del Estado no puede auditar 898 millones de pesos de su gestión en Acapulco, Abelina López Rodríguez se ofrece a mostrar a otros alcaldes cómo tramitar controversias constitucionales para frenar esas revisiones. Sin embargo, los recursos siguen volando.
“En lugar de investigar de manera objetiva las violaciones a derechos humanos en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, ha optado por respaldar la actuación del Estado", advierte Amnistía Internacional sobre la CNDH en el caso Ayotzinapa.
El especialista Gabriel Regino señala que, tras el perdón de la esposa, el escenario más probable en el caso de Víctor Rodríguez Padilla es que la defensa solicite una suspensión condicional del proceso. Considera que las posibilidades de que Rodriguez Padilla siga en la cárcel son pocas.
La fiscalía solicita cadena perpetua para "El Mayo" y una orden de decomiso por valor de 15 mil millones de dólares, "tal como se establece en el acuerdo de culpabilidad”. Su audiencia de sentencia es el 20 de julio.
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