El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
En entrevista con EMEEQUIS, el diputado federal Mario Zamora Gastélum sentenció que la justicia de Estados Unidos está confirmando, mediante procesos de extradición y la intervención de un Gran Jurado, la trama delictiva que permitió el ascenso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021. El legislador priista denunció que el actual clima de violencia en el estado es consecuencia de haber ignorado la intervención del narcotráfico en las urnas —recordando la soledad política que enfrentó al impugnar la elección sin apoyo de abogados locales por miedo a represalias— y exigió a la administración de Claudia Sheinbaum que la FGR aclare el "montaje" en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, advirtiendo que, ante la seriedad de las investigaciones internacionales y el retiro de visas a funcionarios, el gobierno mexicano debe actuar bajo la premisa de "tope donde tope"
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
Los 6 titulares de la SEP que desoyeron la denuncia de abuso sexual en el kínder
Una denuncia por abuso sexual iniciada en el sexenio de Felipe Calderón ha desfilado frente a los ojos de los secretarios Lujambio, Córdova, Chuayffet, Nuño, Granados y ahora Esteban Moctezuma, sin que hasta el momento se cumpla la reparación del daño que ordenó un juez durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
Un caso de abuso sexual de menores ocurrido en un Jardín de Niños de Iztapalapa en 2011 ha pasado por los escritorios de seis secretarios de Educación Pública y tres presidentes, sin que hasta el momento las víctimas y sus padres hayan recibido la reparación del daño que ordenó un juez en el último tramo del sexenio pasado.
Durante varios años, la demanda por abuso sexual a más de 25 niños en el Jardín de Niños Andrés Oscoy se mantuvo invisible para los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fuentes cercanas a la investigación refieren que los secretarios Alonso Lujambio, José Ángel Córdova, Emilio Chuayffet, Aurelio Nuño, Otto Granados y ahora Esteban Moctezuma conocieron del caso, sin que ninguno haya tomado acciones para resolver el caso.
Es el turno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su titular de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, de resolver este asunto favorablemente para las víctimas, pues un juez fijó el monto de reparación del daño en 400 millones de pesos.
La denuncia que avanzó en juzgados quedó archivada en los cajones de las oficinas del área jurídica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), hasta que en 2018 se notificó la sentencia de reparación y responsabilidad solidaria para las víctimas por parte del Estado Mexicano.
Seis secretarios de Educación han pasado por el puesto sin que se hayan encargado de resolver el asunto. De hecho, en el Informe de Rendición de Cuentas 2012-2018, la SEP recomienda una estrategia dilatoria a la administración entrante.
Actualmente, el expediente está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo análisis del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
El abuso sexual de menores ocurrido en el Jardín de Niños Andrés Oscoy cobró notoriedad conforme se fueron acumulando las víctimas. En total fueron al menos 25 niños de entre 3 y 6 años que fueron violentados por el conserje del plantel, con el encubrimiento de la directora y otros empleados.
Las sentencias para los seis acusados fueron desde 467 años para el inculpado principal, el conserje, hasta 88 años para la directora.
El caso, desde su inicio hasta sus más recientes capítulos, fue reseñado en la investigación de EMEEQUIS y Sexta W titulada “Abuso sexual en el kínder. Ordena juez que gobierno mexicano pague 400 mdp”, que se publicó este martes 4 de febrero y que está disponible en la liga siguiente:
Cuando detonó el escándalo en el año de 2011, el secretario era Alonso Lujambio (2009-2012), quien en medio de sus ocupaciones como organizador del Bicentenario de la Independencia, de sus propias aspiraciones políticas y luego de su enfermedad, dejó el cargo en manos del subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, lo que hizo que el abuso sexual quedara invisible en las oficinas de la dependencia.
JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS
El impedimento de nacionalidad hizo que Tuirán Gutiérrez no pudiera ser nombrado por Felipe Calderón al frente de la dependencia y en su lugar fuera designado José Ángel Córdova Villalobos (2012), sin que el caso del abuso sexual en ese kínder recibiera la atención de ninguno de ellos.
EMILIO CHUAYFFET
El arribo de Emilio Chuayffet Chemor a la SEP en 2012 (se mantuvo hasta 2015), en la administración peñanietista, no hizo desempolvar el caso, el abuso sexual ocurrido en este kínder y otros casos más nunca estuvieron a la vista.
AURELIO NUÑO MAYER
Tampoco estuvo en la mesa de pendientes a resolver durante la gestión de Aurelio Nuño Mayer (2015-2017), mucho menos cuando hizo evidente su aspiración presidencial y después su complicado cargo de coordinador de campaña de José Antonio Meade.
OTTO GRANADOS ROLDÁN
Fue tras el fallo del Octavo Tribunal Colegiado, en mayo de 2018, que los abogados y la oficina del entonces secretario, Otto Granados Roldán (2017-2018), supieron del caso, cuando estaban siendo notificados de su obligación a reparar el daño cometido durante la prestación del servicio educativo, dentro del proceso 72/2011.
ESTEBAN MOCTEZUMA
Los representantes de la SEP tuvieron que voltear a los archivos del expediente para preparar el caso y, ante el cierre del sexenio, heredaron la “papa caliente” a la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuyo secretario de Educación Pública es Esteban Moctezuma Barragán, a quien le toca lidiar con las últimas etapas de este proceso judicial y desembolsar los 400 millones de pesos del erario como reparación del daño a las víctimas.
El desconocimiento y hasta nerviosismo que suscitó el caso se puede apreciar en el Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018, conocido como Acta de Entrega-Recepción o Libro Blanco. Quien elaboró la recomendación para que la gestión de Esteban Moctezuma atendiera la resolución judicial equivocó el nombre de la escuela y, en lugar de Andrés Oscoy, escribió “Manuel” Oscoy.
Este caso vuelve a mostrar que en los cajones de la administración pública hay muchos episodios en espera de justicia, pero sobre todo queda pendiente revisar si la política pública debe modificarse para que no se repitan.
Que los maestros y trabajadores en las escuelas puedan ser sometidos a exámenes más rigurosos para garantizar que no haya más historias de estas, tal como lo demandan las víctimas y sus familiares en el caso del Jardín de Niños Andrés Oscoy.
Ahora “la reparación del daño”, valuada en 400 millones de pesos, está en la cancha del secretario Esteban Moctezuma, al tiempo que la SCJN revisa el caso.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
En entrevista con EMEEQUIS, el diputado federal Mario Zamora Gastélum sentenció que la justicia de Estados Unidos está confirmando, mediante procesos de extradición y la intervención de un Gran Jurado, la trama delictiva que permitió el ascenso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021. El legislador priista denunció que el actual clima de violencia en el estado es consecuencia de haber ignorado la intervención del narcotráfico en las urnas —recordando la soledad política que enfrentó al impugnar la elección sin apoyo de abogados locales por miedo a represalias— y exigió a la administración de Claudia Sheinbaum que la FGR aclare el "montaje" en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, advirtiendo que, ante la seriedad de las investigaciones internacionales y el retiro de visas a funcionarios, el gobierno mexicano debe actuar bajo la premisa de "tope donde tope"
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
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