Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
En la reunión de Andrés Manuel López Obrador con once líderes latinoamericanos y del Caribe se ofrecieron los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” como opciones para frenar la migración, pero su eficacia y resultados no están probados ni en México, mientras existen múltiples señalamientos de irregularidades
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS. El pasado 22 de octubre, líderes de once países latinoamericanos y del Caribe se reunieron en la ciudad de Palenque, Chiapas, para determinar el rumbo que las naciones tomarán para atender la crisis migratoria.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena acordaron con los presentes la implementación de 13 acciones para atender la migración; la mayor aportación del lado mexicano sería la exportación de dos programas sociales con los que se pretende desacelerar la problemática: “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
Más allá de la espectacularidad del anuncio, la realidad es que ambos programas han tenido señalamientos por distintas irregularidades desde su creación y tampoco han dejado los resultados prometidos, por lo que la pregunta obligada es ¿cómo los mencionados proyectos pueden cambiar la balanza si esto no ha ocurrido en el país?
El programa social “Sembrando Vida” fue introducido por el presidente López Obrador desde el inicio de su administración. Tiene dos objetivos específicos, terminar con la pobreza rural a través del impulso a la agricultura e impactar positivamente la degradación ambiental que afecta a los campesinos y sus cultivos.
Desde septiembre del 2019, se comenzaron a reportar en las sesiones del Comité Técnico del programa que existían varios problemas que impedían su correcta implementación, tales como la falta de agua, plantas, semillas y sistemas hidráulicos. La situación incluso llevó a varios campesinos a quemar áreas verdes con el propósito de que el gobierno les terminara dando tierras para sembrar.
Para el 2021, se realizó una investigación periodística que detallaba las distintas irregularidades que existían en el programa, después de sus primeros tres años, 97 denuncias por parte de los campesinos ya habían llegado a las oficinas de la Secretaría de Función Pública. Entre las acusaciones se encontraban casos de expulsiones del programa sin razón, retención de recursos, falta de logística, extorsiones y “moches”.
Durante esos primeros tres años, más de 51 mil campesinos fueron expulsados del programa, en este 2023, 150 mil tuvieron el mismo destino. De acuerdo con documentos oficiales de “Sembrando Vida”, en el ejercicio 2023 se cuenta con un presupuesto de más de 37 mil millones de pesos, recursos que no son desglosados para detallar cómo se están gastando.
En años pasados, el gobierno federal les daba un apoyo a los campesinos de 5 mil pesos, los cuales ya ascendieron a los 6 mil; sin embargo, vale la pena resaltar que 500 pesos siempre son retirados de manera automática para mantener a los beneficiados en el programa. No obstante, existen reportes de campesinos que, tras episodios de extorsión y moches, terminan solamente con 2500 pesos en el bolsillo.
Por si fuera poco, existen casos, como en Chiapas, donde más de seis mil beneficiarios del programa se encuentran paralizados sin poder laborar por la constante inseguridad y presencia del crimen organizado, dejando más de 15 mil hectáreas sin utilidad.
Este 23 de agosto, la diputada federal del PAN, María Elena Pérez Jaén, dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República cuentan con 65 denuncias por irregularidades en la aplicación del programa social, irregularidades que podrían alcanzar hasta los 2,742 millones de pesos.
JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” fue implementado por el Gobierno Federal empezando el 2019, su objetivo es brindar capacitación a jóvenes de entre 18 y 29 años que no laboran, ni estudian, a lo largo de doce meses en los Centros de Capacitación construidos con este propósito. Al mismo tiempo, se les entrega un recurso monetario de más de 6 mil pesos, dinero que debería ser utilizado para estudiar, conseguir un mejor trabajo o salir de la pobreza.
Desde su creación hasta la fecha, el programa ha contado con una inversión histórica en la juventud, unos 95,600 millones de pesos; de momento, han beneficiado a 2.6 millones de personas, una cifra que supera en un 13% el objetivo inicial planteado por López Obrador. También se reveló que el 46.2% de los beneficiados ya cuentan con un trabajo, números que resultan positivos si no se hubieran opacado con señalamientos por irregularidades.
De inicio, se acusan fraudes dentro del programa, los casos más son los de patrones que se quedarían con el dinero de las becas de los jóvenes a cambio de no tener que trabajar, lo cual resulta complicado de corroborar por las propias autoridades.
La misma diputada panista que acusó las irregularidades del programa Sembrando Vida, María Elena Pérez Jaén, dio a conocer que durante los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el uso de 170 millones de pesos dentro del programa.
También se determinó que entre los más de dos millones de beneficiarios existe un número indeterminado de nombres duplicados, personas fallecidas, jóvenes que tienen otras becas y empleos, es decir, personas que no necesitan del apoyo económico del gobierno, pero que se aprovechan de él.
Cabe señalar que, en el 2020, México se posicionó como el país de Latinoamérica con el mayor número de migrantes internacionales, con casi 11.2 millones de personas, un problema que no ha estado ni cerca de resolverse, pues solamente en el primer trimestre del 2022 ingresaron cerca de 9 millones de personas a nuestro país; en otras palabras, la migración no ha dejado de crecer.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
.svg){kind=small}
