Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Debido a la disparidad entre ingresos y gastos, abundan indagatorias respecto a los lujos y redes de poder de los ministros de la Corte. EMEEQUIS tuvo acceso a las sábanas informativas relacionadas con los ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo: viajes, llamadas, estancias en restaurantes y hoteles, compras suntuarias e incluso operaciones bancarias.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Indagatorias por gastos excesivos de algunos ministros de la Corte. Fotos: Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– La multicitada Reforma Judicial, respaldada en apariencia por más de 36 millones de votos, es resultado en buena medida del convencimiento que tiene el presidente, Andrés Manuel López Obrador, de que los ministros tienen intereses con grupos económicos, y que influyen en las decisiones de jueces y magistrados para beneficiarlos.
De acuerdo con el propio AMLO, la operación que se realiza desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los beneficios económicos que ésta genera también para los ministros, se revelan con los lujos que estos últimos suelen darse, y con la intromisión de los mismos en resoluciones y procesos que no deberían ser de su competencia.
Como personas políticamente expuestas, los ministros están permanentemente bajo la lupa en cuestiones financieras; por lo que, como resultado de la disparidad que existe entre los ingresos y el nivel de gasto que suelen realizar, abundan ya indagatorias respecto a los lujos y redes de poder de los togados.
En este contexto, el equipo de EMEEQUIS tuvo acceso a las sábanas informativas relacionadas con los ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo; en específico a los listados de viajes y llamadas realizadas, estancias en restaurantes y hoteles, compras catalogadas como suntuarias e incluso operaciones bancarias.
LOS MOVIMIENTOS Y CONTACTOS DE PÉREZ DAYÁN
Dentro de las investigaciones mencionadas, se encuentra el análisis de los gastos y actividades realizadas por el ministro Alberto Pérez Dayán en sus recientes salidas al extranjero: en 2023 del 19 al 21 de mayo; del 7 al 12, del 19 al 24 y del 27 al 30 de julio; del 3 al 7, del 19 al 23 y del 27 al 30 de agosto; del 29 de septiembre al 1 de octubre; del 3 al 8 y del 15 al 24 de octubre, y del 15 al 24 de diciembre. En 2024, del 5 al 9 de enero; del 27 al 31 de marzo; del 19 al 21 de abril, y del 2 al 5 de mayo.
También se investigan las actividades que en el último año el ministro ha tenido en visitas a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Jalisco, Yucatán, Chiapas, Hidalgo, Querétaro y Estado de México.
Su teléfono, a nombre de la Suprema Corte de Justicia, registra llamadas normales con sus familiares; pero hay algunas que llaman la atención, como las realizadas a Betsy Jocelyn Mancilla, quien trabaja en la Cámara de Diputados; a la candidata a Diputada local por el PRD en Tabasco, María de los Ángeles Sánchez Sánchez; a Antonio Pérez Garibay, quien fue diputado por Jalisco de Morena; a Rodolfo Epifanio Adame Alba, ex director del ayuntamiento de Tijuana, y a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, entre otros.
Asimismo, se analizan llamadas realizadas a Cristián Fabián Sequera en Miami, o llamadas a teléfonos de Florida, New York, California; incluso a un teléfono registrado en un Buzón Postal en California, método utilizado por personas que quieren resguardar su identidad.
Con empresarios destacan llamadas con Carlos Manuel de la Luz Bremer Gutiérrez, Justino Compeán Palacios, Raymundo Istilar, Ángel Rafael Nungaray Ornelas, Leonardo José Díaz Barahona y Eduardo Saad Eljure.
Muchos nombres más están siendo analizados en sus comunicaciones con jueces o magistrados, como las que tiene con Adalid Ambriz Landa, Marco Vinicio Rodríguez (ex presidente del Tribunal Agrario) o la secretaria Ejecutiva de la Corte, Natalia Reyes, a quien también se investiga.
Un mensaje que demuestra el activismo político de Pérez Dayán es el enviado al exministro Ortiz Mayagoitia, con una imagen de “NO SE TOCA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”; por cierto, el teléfono que usa Ortiz Mayagoitia está registrado aún a nombre del máximo Tribunal del país.
PARDO, EL SINDICATO Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Jorge Mario Pardo Rebolledo es un ministro que, según las sábanas, hace pocos viajes al extranjero; en el documento sólo se refiere a uno del 30 de mayo al 4 de junio de 2024. Además, tiene visitas a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Jalisco, Yucatán, Chiapas, Hidalgo, Querétaro y Estado de México, circuito en el cual se dice tiene una influencia significativa, así como en el Consejo de la Judicatura Federal.
En los documentos se encontraba testado el número de IMEI del teléfono utilizado por Pardo, pero se analizan los 27,726 registros que tuvo en el año (de mayo de 2023 a 2024), sus 277 llamadas salientes y 377 entrantes, así como sus mensajes.
Para determinar el grado de involucramiento en los movimientos del Sindicato del Poder Judicial de la Federación, resulta relevante la comunicación que ha mantenido con Jesús Gilberto González Pimentel, secretario General del organismo.
En sus relaciones políticas se aprecian contactos con Francisco Arroyo Vieyra, Mauricio Sulaiman, Angel y Omar ambos de apellido Mussi, Miguel Alessio, Aída Andrade, Rodrigo Guerrero, Alejandro Castañon, Víctor Vargas y otros.
Pardo, siendo ministro de la Corte, nada debe intervenir en el Consejo de la Judicatura Federal, pero habla constantemente con María Cristina Martín Escobar, secretaria Ejecutiva de dicho Consejo, y lo hace a sus dos teléfonos, uno de la CDMX y otro de Jalisco.
Además, se aprecian llamadas a jueces y magistrados, como es el caso de los magistrados Armando Maitret Hernández y Jesús Antonio Sepúlveda Castro, de la jueza Abigail Ocampo Álvarez, de María de Lourdes Lozano Mendoza, secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, y hasta del exmagistrado electoral Indalfer Infante.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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