Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La rebelión duranguense tiene en jaque al yunquista Manuel Espino
Las fuerzas vivas de Morena están decididas a que el ultraderechista no sea nombrado superdelegado en Durango, lo que mete en aprietos al superpoderoso Gabriel García, jefe de los Siervos de la Nación
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Tanto escándalo causó la posibilidad de que el expanista Manuel Espino fuera el superdelegado del gobierno federal en Durango, que su nombramiento tiene un retraso de casi un mes. Para muchos morenistas, la lectura es que ya se le cayó el cargo, pues no es fácil transitar en el gobierno morenista con su pasado yunquista.
Un grupo de legisladoras duranguenses, entre ellas la senadora morenista Margarita Valdez, está en contra de su designación por su pasado ultraderechista.
Hace días le recetó que “es un peligro para Durango”, lo que hizo las delicias de medios locales, al recordar que Espino se expresaba así de López Obrador cuando apoyaba a Felipe Calderón.
El tiempo pasó y en 2018 Espino se retractó de sus declaraciones sobre AMLO. Recibió el perdón del líder morenista y la invitación a trabajar juntos, pero hay quienes no olvidan tan fácil.
Ante las grillas, contrasta la confianza que mostraba hace días el exsecretario de Gobierno del Ayuntamiento de Naucalpan, quien se escudó detrás de un “depende de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador y él me invitó, punto”.
La estructura de Morena a nivel nacional parte de la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo, que encabeza Gabriel García. De él dependen los superdelegados en los estados, así como el ejército de operadores en territorio denominados “siervos de la nación”.
Manuel Espino fue un reconocido integrante de la organización secreta de ultraderecha El Yunque, cuyos fieles se identifican como “soldados de dios”, encargados de combatir el mal, representado por la Revolución Mexicana, el comunismo y los masones.
El duranguense llegó a tener tanta fuerza que arribó, junto con su expresión, primero a la Secretaría General del PAN en 2002 y después a la Presidencia Nacional en 2005.
El poder de El Yunque tuvo un crecimiento discreto con el semillero de presidentes municipales, pero se encumbró con las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Espino renunció al PAN y se cobijó en Movimiento Ciudadano, que lo hizo diputado federal en 2015, luego intentó hacer un partido político y antes de las elecciones de 2018 se acercó a Morena.
Los de Morena refugiaron al líder yunquista en el Estado de México; casualmente, las elecciones de esa entidad las coordinó José Ramón López, hijo del presidente López Obrador.
Manuel Espino era secretario de Gobierno en Naucalpan, municipio donde otra expanista convertida en Morena, Patricia Durán, es presidenta municipal.
Salió de Naucalpan para dar el brinco a su terruño: ser el superdelegado en su natal Durango. Pero no contaba con el rechazo de los morenistas locales, quienes se han encargado de dejar muy claro que su perfil de ultraderecha no es el indicado y al parecer ya les hicieron caso.
El superpoderoso Gabriel García no lo ha podido nombrar y como va la cosa le tendrá que buscar otro lugarcito.
A reserva de lo que diga López Obrador, quien próximamente visitará la entidad, según lo que presumió la senadora Valdez en su cuenta de Twitter hace unos días. “Tuve la oportunidad de saludar al presidente @lopezobrador_, quien dijo que tiene una deuda con El Mezquital, Durango, y dentro de unos días visitará ese municipio”.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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