Luego de que la Corte le diera la razón al determinar que la Auditoría del Estado no puede auditar 898 millones de pesos de su gestión en Acapulco, Abelina López Rodríguez se ofrece a mostrar a otros alcaldes cómo tramitar controversias constitucionales para frenar esas revisiones. Sin embargo, los recursos siguen volando.
“En lugar de investigar de manera objetiva las violaciones a derechos humanos en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, ha optado por respaldar la actuación del Estado", advierte Amnistía Internacional sobre la CNDH en el caso Ayotzinapa.
El especialista Gabriel Regino señala que, tras el perdón de la esposa, el escenario más probable en el caso de Víctor Rodríguez Padilla es que la defensa solicite una suspensión condicional del proceso. Considera que las posibilidades de que Rodriguez Padilla siga en la cárcel son pocas.
La fiscalía solicita cadena perpetua para "El Mayo" y una orden de decomiso por valor de 15 mil millones de dólares, "tal como se establece en el acuerdo de culpabilidad”. Su audiencia de sentencia es el 20 de julio.
Luego de que la Corte le diera la razón al determinar que la Auditoría del Estado no puede auditar 898 millones de pesos de su gestión en Acapulco, Abelina López Rodríguez se ofrece a mostrar a otros alcaldes cómo tramitar controversias constitucionales para frenar esas revisiones. Sin embargo, los recursos siguen volando.
El exconsejero del gobierno capitalino, Manuel Granados, y su sospechoso carrusel financiero
Autoridades identifican a posibles testaferros que habrían recibido millonarios depósitos que luego se retiraron en efectivo, así como transferencias a empresas factureras y movimientos irregulares por parte de familiares del exconsejero jurídico del gobierno capitalino.
Luego de que la Corte le diera la razón al determinar que la Auditoría del Estado no puede auditar 898 millones de pesos de su gestión en Acapulco, Abelina López Rodríguez se ofrece a mostrar a otros alcaldes cómo tramitar controversias constitucionales para frenar esas revisiones. Sin embargo, los recursos siguen volando.
EMEEQUIS.–Alejado de los reflectores políticos y gubernamentales por decisión propia desde octubre de 2018, cuando terminó su encargo como presidente nacional del PRD, el abogado Manuel Granados Covarrubias se convirtió en persona de interés para las autoridades capitalinas y del Servicio de Administración Tributaria.
Quien fuera consejero jurídico en la administración de Miguel Ángel Mancera, actualmente bajo fuego en relación al colapso de la Línea 12 del Metro, es objeto de una investigación debido a una serie de movimientos financieros sospechosos por cantidades millonarias.
SU TRAYECTORIA
Granados Covarrubias fue diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entre 2012 y 2015, donde ocupó los cargos de presidente de la Comisión de Gobierno y vicepresidente de la Comisión Especial de Reclusorios. Tan pronto como terminó la legislatura, Mancera lo incorporó a su círculo cercano en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del entonces Gobierno del Distrito Federal (2015-2017).
Fungió como secretario técnico del grupo de notables que se encargó de redactar la primera Constitución Política de la Ciudad de México, cuya aprobación impulsó, y esos tiempos decidió afiliarse al PRD, del cual sería presidente nacional, impulsado por grupos simpatizantes de Mancera, para sustituir a Alejandra Barrales.
En la actualidad, el abogado y doctor en Derecho es asesor de la Fundación Rigoberta Menchú y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de la Barra Mexicana de Abogados.
Fuentes cercanas a la investigación en torno a Granados Covarrubias nos dicen que existen indicios de que el exfuncionario capitalino habría utilizado a su primer círculo familiar para crear una especie de carrusel financiero, que le permitiera darle vuelta al dinero, hasta retirarlo en efectivo o adquirir algún un inmueble, con la finalidad de evitar un posiblerastreo por parte de las autoridades.
La investigación logró identificar como posibles testaferros de Granados Covarrubias a Luis Enrique Rivas y Angélica Karina de Rosas, quienes habrían recibido fuertes transferencias de recursos que posteriormente fueron retiradas en efectivo.
Aunado a ello, otro ángulo de la investigación se concentra en la localización de transferencias por más de 50 millones de pesos a empresas factureras o fantasma, la cuales fueron boletinadas por el SAT, que coincidentemente también fueron utilizadas para lavar dinero por el exgobernador de Veracruz hoy preso, Javier Duarte.
Las empresas identificadas son: Ziva Publicidad, Patmos Consultoría, Suri Consultores y Grupo Inmobiliario Hamburgo.
En el entorno familiar de Granados, las irregularidades involucrarían a su madre, Atala Evangelina Covarrubias Reséndiz, quien fiscalmente no reporta actividad alguna, pero que adquirió un inmueble con un valor de 18 millones de pesos y realizó retiros en efectivo por cerca de otros 3 millones.
Su padre, Manuel Granados Chirino, habría recibido en dos años sueldos y salarios por más de 51 millones de pesos, provenientes de dos empresas identificadas por el SAT como fachada, utilizadas presumiblemente para lavar dinero. También se constató que habría adquirido inmuebles por otros 64 millones en el mismo periodo.
OTRAS INVESTIGACIONES
La investigación se suma a otras que se realizan en paralelo sobre personas cercanas a Miguel Ángel Mancera, también en el ámbito financiero.
Se encuentra el caso del exdirector del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, a cuyos hijos Marco Alejandro y Jorge Gaviño Tanamachi, se les detectaron irregularidades financieras y fiscales, pues recibieron fondos de empresas factureras o fantasma como: Crecimiento y Fomento Contemporáneo y Save Grams, por un monto de 7 millones de pesos, y la adquisición de varios inmuebles.
También se siguen de cerca los movimientos de Marlene Valle Cuadras, asesora de Mancera en el Senado, tras la realización de múltiples viajes a Panamá, lugar ampliamente conocido como un paraíso para resguardar dinero ilícito, en compañía de Nancy Barba Jáuregui, a quien se identifica como apoderada legal de varias empresas tanto en Panamá como en México.
Luego de que la Corte le diera la razón al determinar que la Auditoría del Estado no puede auditar 898 millones de pesos de su gestión en Acapulco, Abelina López Rodríguez se ofrece a mostrar a otros alcaldes cómo tramitar controversias constitucionales para frenar esas revisiones. Sin embargo, los recursos siguen volando.
“En lugar de investigar de manera objetiva las violaciones a derechos humanos en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, ha optado por respaldar la actuación del Estado", advierte Amnistía Internacional sobre la CNDH en el caso Ayotzinapa.
El especialista Gabriel Regino señala que, tras el perdón de la esposa, el escenario más probable en el caso de Víctor Rodríguez Padilla es que la defensa solicite una suspensión condicional del proceso. Considera que las posibilidades de que Rodriguez Padilla siga en la cárcel son pocas.
La fiscalía solicita cadena perpetua para "El Mayo" y una orden de decomiso por valor de 15 mil millones de dólares, "tal como se establece en el acuerdo de culpabilidad”. Su audiencia de sentencia es el 20 de julio.
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