Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
El exconsejero del gobierno capitalino, Manuel Granados, y su sospechoso carrusel financiero
Autoridades identifican a posibles testaferros que habrían recibido millonarios depósitos que luego se retiraron en efectivo, así como transferencias a empresas factureras y movimientos irregulares por parte de familiares del exconsejero jurídico del gobierno capitalino.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.–Alejado de los reflectores políticos y gubernamentales por decisión propia desde octubre de 2018, cuando terminó su encargo como presidente nacional del PRD, el abogado Manuel Granados Covarrubias se convirtió en persona de interés para las autoridades capitalinas y del Servicio de Administración Tributaria.
Quien fuera consejero jurídico en la administración de Miguel Ángel Mancera, actualmente bajo fuego en relación al colapso de la Línea 12 del Metro, es objeto de una investigación debido a una serie de movimientos financieros sospechosos por cantidades millonarias.
SU TRAYECTORIA
Granados Covarrubias fue diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entre 2012 y 2015, donde ocupó los cargos de presidente de la Comisión de Gobierno y vicepresidente de la Comisión Especial de Reclusorios. Tan pronto como terminó la legislatura, Mancera lo incorporó a su círculo cercano en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del entonces Gobierno del Distrito Federal (2015-2017).
Fungió como secretario técnico del grupo de notables que se encargó de redactar la primera Constitución Política de la Ciudad de México, cuya aprobación impulsó, y esos tiempos decidió afiliarse al PRD, del cual sería presidente nacional, impulsado por grupos simpatizantes de Mancera, para sustituir a Alejandra Barrales.
En la actualidad, el abogado y doctor en Derecho es asesor de la Fundación Rigoberta Menchú y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de la Barra Mexicana de Abogados.
Fuentes cercanas a la investigación en torno a Granados Covarrubias nos dicen que existen indicios de que el exfuncionario capitalino habría utilizado a su primer círculo familiar para crear una especie de carrusel financiero, que le permitiera darle vuelta al dinero, hasta retirarlo en efectivo o adquirir algún un inmueble, con la finalidad de evitar un posiblerastreo por parte de las autoridades.
La investigación logró identificar como posibles testaferros de Granados Covarrubias a Luis Enrique Rivas y Angélica Karina de Rosas, quienes habrían recibido fuertes transferencias de recursos que posteriormente fueron retiradas en efectivo.
Aunado a ello, otro ángulo de la investigación se concentra en la localización de transferencias por más de 50 millones de pesos a empresas factureras o fantasma, la cuales fueron boletinadas por el SAT, que coincidentemente también fueron utilizadas para lavar dinero por el exgobernador de Veracruz hoy preso, Javier Duarte.
Las empresas identificadas son: Ziva Publicidad, Patmos Consultoría, Suri Consultores y Grupo Inmobiliario Hamburgo.
En el entorno familiar de Granados, las irregularidades involucrarían a su madre, Atala Evangelina Covarrubias Reséndiz, quien fiscalmente no reporta actividad alguna, pero que adquirió un inmueble con un valor de 18 millones de pesos y realizó retiros en efectivo por cerca de otros 3 millones.
Su padre, Manuel Granados Chirino, habría recibido en dos años sueldos y salarios por más de 51 millones de pesos, provenientes de dos empresas identificadas por el SAT como fachada, utilizadas presumiblemente para lavar dinero. También se constató que habría adquirido inmuebles por otros 64 millones en el mismo periodo.
OTRAS INVESTIGACIONES
La investigación se suma a otras que se realizan en paralelo sobre personas cercanas a Miguel Ángel Mancera, también en el ámbito financiero.
Se encuentra el caso del exdirector del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, a cuyos hijos Marco Alejandro y Jorge Gaviño Tanamachi, se les detectaron irregularidades financieras y fiscales, pues recibieron fondos de empresas factureras o fantasma como: Crecimiento y Fomento Contemporáneo y Save Grams, por un monto de 7 millones de pesos, y la adquisición de varios inmuebles.
También se siguen de cerca los movimientos de Marlene Valle Cuadras, asesora de Mancera en el Senado, tras la realización de múltiples viajes a Panamá, lugar ampliamente conocido como un paraíso para resguardar dinero ilícito, en compañía de Nancy Barba Jáuregui, a quien se identifica como apoderada legal de varias empresas tanto en Panamá como en México.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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