Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Manolo Jiménez con Federico Fernández. Foto: Especial.
EMEEQUIS.– Y mientras la república se debate sobre el futuro de la democracia, allá en Coahuila el gobernador Manolo Jiménez Salinas anda trabajando duro en la cocción de un “tamal de dedo”. No, no nos referimos a esa cúspide culinaria de alma de carne de cerdo con chipotle ahumado, que es la delicia de esa región del país.
Nada de eso. El guiso del gobernador es más satisfactorio, al menos para él, y más que dedo, lleva como ingrediente principal el “dedazo”: lo que concentra los esfuerzos del mandamás de aquel reducto tricolor es la operación política para instalar en la Fiscalía General de Justicia de Coahuila a un incondicional, más propiamente.
Nos referimos a quien oficia como secretario de Seguridad Pública del gabinete del propio Jiménez, el abogado Federico Fernández Montañez. Así como lo lee: Manolín quiere un “fiscal carnal”.
“MANOLISTA” QUÍMICAMENTE PURO
Y más que eso, un empleado, casi un velador, en el sillón de la fiscalía coahuilense. Y es que la mayor parte de sus carrera pública, Fernández Montañez ha sido un activo de Jiménez Salinas.
Fernández se metió en el servicio público en el sexenio de Rubén Moreira. Se hallaba muy feliz como abogado corporativo en Monterrey, cuando en 2012 Moreira nombró como titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila a Homero Ramos Gloria.
Ramos Gloria nombró como su jefe de Despacho a Federico Fernández. Ambos despacharon en la procuraduría hasta 2017, al cierre del gobierno de Rubén Moreira. Ramos se fue de magistrado, y Fernández Montañez se integró en 2018 al equipo del entonces recién electo alcalde de Coahuila, Manolo Jiménez. Recibió el nombramiento de Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana.
Y en se cargo del ayuntamiento de Saltillo se mantuvo Fernández Montañez hasta noviembre de 2023. Entonces se integró al gobierno estatal de su amigo Manolo como titular de Seguridad Pública.
Y ahora quieren enviarlo de fiscal, y él está de acuerdo, según comenta el columnismo local.
DADOS CARGADOS
Salvo que hay un detalle: cuando el abogado Fernández era encargado de despacho del procurador Homero Ramos Gloria, los titulares del ministerio público estatal eran nombrados directamente por el gobernador.
Y ahora, se supone que en aras de la independencia necesaria para un trabajo imparcial, lo elige el Congreso del estado a propuesta del gobernador, quien enviará una decena de propuestas,
Pero resulta que el gobernador Jiménez tiene el control de la legislatura, pues hay que recordar que el aliancismo se llevó carro completo en 2022.
El plan del mandatario, nos comentan, es que antes del Día de Muertos, Fernández Montañez ya despache como fiscal, sin importar si hay consenso. La selección será el día 19.
¿Pues que se creerá este Jiménez para desear “un fiscal carnal”? ¿Acaso pensará que está en la Ciudad de México donde el aún jefe de gobierno Martí Batres quiere mantener a su excuñado, el inenarrable Ulises Lara, en la fiscalía capitalina? ¿O es que todo gobernador quiere un Gertz Manero?
Con toda probabilidad que, con estos antecedentes, el elector reflexionará, en su infinita sabiduría, y ha de comprender que dar carro completo, es decir, mayorías calificadas, conlleva con frecuencia el costo de la imposición, cuando no la creación de dictadorzuelos de todos los tamaños.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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