Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Campaña de “Huacho” Díaz no levanta ni con ayuda de operadores de Sheinbaum
Acusaciones de enriquecimiento ilícito, irregularidades en su paso por la Secretaría del Bienestar, pugnas internas. La desesperación en el cuartel de “Huacho” Díaz Mena es tal que convencieron a Claudia Sheinbaum de acudir en su ayuda, con el costo político que implica, además de incorporar en sus filas a Mauricio Sahuí, un expriísta que perdió ante Mauricio Vila.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Medidas de último minuto para salvar a “Huacho”. Foto: Especial.
EMEEQUIS.–Joaquín Díaz Mena, mejor conocido como “Huacho”, candidato morenista a la gubernatura de Yucatán, llega al debate de este domingo entre acusaciones de enriquecimiento ilícito (se le atribuyen ranchos, casas y departamentos), irregularidades halladas por la Auditoría Superior de la Federación en su paso por la Secretaría del Bienestar (una red de empresas vinculadas entre sí para ganar contratos), pugnas internas en Morena por la llegada de “Chapulines” y una caída en las preferencias.
Incluso operadores del equipo de campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum han realizado llamadas a directivos de medios y columnistas para solicitarles promover encuestas en las que supuestamente “Huacho” va adelante, cuando la realidad es otra. Estas llamadas comenzaron desde ayer, según lo que pudo corroborar EMEEQUIS.
La propia Sheinbaum compartió en sus redes sociales el 4 de mayo pasado una dudosa encuesta publicada por un medio local en la que colocan arriba por escaso margen a “Huacho” Díaz (Morena, PT, PVEM) sobre el candidato aliancista, Renán Barrera (PAN, PRI y Nueva Alianza).
¿Cómo habrán convencido a Sheinbaum de rescatar una campaña de “Huacho” Díaz que está entre acusaciones de corrupción? Usar recursos humanos y materiales para apoyar una candidatura en entredicho, en lugar de la suya propia, podría afectar incluso las aspiraciones de la morenista, quien este 7 de mayo visitará Yucatán para brindar oxígeno a “Huacho” Díaz.
Estas medidas de última hora también tendrían que ver, nos cuentan, con el descontento interno en Morena a nivel Yucatán, pues no han visto con buenos ojos la llegada de los considerados “chaupulines” oportunistas, como el expriísta Jorge Carlos Ramírez Marín o el expanista Rommel Pacheco, quienes desplazaron a morenistas de cepa.
El más reciente capítulo de este oportunismo político es la inclusión del expriísta y excrítico de la 4T Mauricio Sahuí como “coordinador de alianzas” en Yucatán. Se trata del candidato perdedor en la contienda por la gubernatura de Yucatán en 2018, que ganó Mauricio Vila.
Lo que lleva a otro motivo de preocupación en la campaña de “Huacho”. Resulta que Mauricio Vila, quien dejó buenas cuentas en Yucatán y ahora busca una Senaduría con el PAN, está libre a partir del 7 de mayo para reforzar la campaña de Renán Barrera.
Curiosamente, el mismo 7 de mayo Sheinbaum visitará Yucatán como parte de su gira y también para darle un poco de oxígeno a la tambaleante campaña del morenista Díaz Mena. Tal y como hizo hace unos días con Rocío Nahle en Veracruz, a quien también intentó rescatar del escándalo de propiedades sospechosas.
Incluso fundadores de Morena en Yucatán públicamente han hecho llamados a votar en contra del “Huacho” y piden que la población vote por Renan Barrera.
Además de Díaz Mena y Renán Barrera, también participarán en el debate del domingo Vida Gómez, de Movimiento Ciudadano, y Tina Tuyub, del PRD, quienes no figuran en las preferencias.
El Universal publicó recientemente que, durante la gestión de “Huacho” Díaz como delegado de la Secretaría del Bienestar en Yucatán (2018-2023), la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías por 46.2 millones de pesos.
Se trata de 383 contratos que se otorgaron por adjudicación directa, sin mediar licitación, ni invitación a otros participantes.
La publicación identificó a cinco empresas, constituidas entre 2017 y 2019, cuyos accionistas están relacionados entre sí y algunos han sido señalados por presuntas operaciones irregulares en municipios del estado.
De acuerdo con el columnista Raúl Rodríguez Cortés (El Universal), operaciones irregulares con el mismo modus operandi se detectaron en el municipio de Peto, donde el actual alcalde con licencia y candidato a la reelección es Renán Jiménez Tah, del Partido Verde.
Los problemas no acaban ahí para Díaz Mena, pues incluso morenistas lo acusan de presunto enriquecimiento ilícito. Bayardo Ojeda Marrufo, candidato a diputado por el Distrito VIII local de Yucatán, por Morena, PT y Verde Ecologista, interpuso una denuncia contra el “Huacho” ante la Fiscalía estatal por el delito de enriquecimiento ilícito.
Ante medios, y retomando información publicada por El Universal, Ojeda dijo que en 12 años “Huacho” Díaz se hizo de ranchos y otras propiedades por al menos 46 millones de pesos. Señaló que el sueldo de Díaz Mena en 12 años de ostentar distintos puestos políticos no le alcanzaría ni de lejos para comprar las diversas propiedades.
“Estamos hablando que tendría que ganar, en promedio, unos cuatro millones de pesos anuales, limpios, sin comer, sin respirar, sin nada”, explicó.
El columnista Manuel López San Martín (El Heraldo) también destaca el caso de un departamento adquirido por Díaz Mena en 2020 en Mérida, por un valor de poco más de un millón de pesos. El asunto es que la transacción involucra a la empresa Casas Desarrollo y Promoción en Cancún S.A. de C.V., representada por Carlos de Jesús Góngora Peniche.
Esta compañía ha sido vinculada con la venta irregular de propiedades en favor de operadores del exgobernador de Quintana Roo (2011-2016), Roberto Borge, actualmente preso por delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En enero le negaron llevar su proceso en libertad.
López San Martín también menciona que, en su declaración patrimonial, Díaz Mena “olvidó” consignar en su declaración patrimonial un par de predios rurales con extensión de 1.5 millones de metros cuadrados, con un valor estimado en más de 20 millones de pesos.
Mientras que el columnista Salvador García Soto reveló un expediente que detalla el crecimiento patrimonial de Joaquín Díaz Mena, a la par de sus derrotas electorales, desde la primera casa que adquirió en 2008, hasta tres ranchos adquiridos en 2018 con un valor comercial superior a los 10 millones de pesos.
La desesperación es tal en el cuartel de Díaz Mena que de algún modo convencieron a Claudia Sheinbaum de acudir en su respaldo, incluso con el costo político que podría enfrentar la candidata presidencial morenista, al apoyar una candidatura que está cerca del abismo por los escándalos de corrupción.
Nos cuentan que gente cercana al equipo de Claudia Sheinbaum está preocupada y molesta porque la embarcaron en la misión imposible de salvar al “Huacho”: se dieron cuenta que ese apoyo podría salir muy caro, ante las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito que enfrenta Díaz Mena.
Además, cuestionan la lealtad de quienes piden apoyar a “Huacho”: ¿están con Sheinbaum o responden a intereses personales? Pues son operadores que trabajan también para otros estados y candidatos, incluso mencionan a Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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