Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Bertha Luján vive, la lucha sigue... Ven mano negra en Morena
En los pasillos del partido en el poder andan diciendo que un partido de oposición está moviendo los hilos del Tribunal Electoral, lo que está agravando el conflicto interno.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
En las oficinas de Santa Anita N° 50, sede de Morena, las alarmas se prendieron. Al parecer han detectado interferencias externas que buscan elevar las temperaturas del nada tibio caldero partidista. Interferencias que habrían incidido en las definiciones recientes de la justicia con respecto de las disputas domésticas del morenismo.
Y es que a media semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desbarató meses de maquinaciones políticas desarrolladas con esmero por los grupos que disputan el control del partido en el poder, al emitir una resolución de efecto dominó.
Resulta que el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó todos los acuerdos tomados por el Consejo Nacional de Morena en la sesión extraordinaria del 30 de noviembre pasado. Los jurisconsultos hallaron que no se reunía el quórum legal previsto por la normatividad interna del partido, establecido en el 50% más uno de los consejeros, que son 280.
De modo que, para ser legal, la asamblea requiere de 141 consejeros presentes, pero en la revisión, los magistrados detectaron que en el acta de la asamblea en cuestión solamente hubo 140 firmas, de modo que invalidaron aquel cónclave. Algunos morenistas van más lejos y recordaron que, como lo consignan las crónicas de prensa, la propia presidenta del consejo, Bertha Luján, anunció en aquella ocasión que había quórum ¡de 137 miembros!
El hecho es que la invalidación se amplía a todos los acuerdos tomados en esa asamblea, incluida la elección de tres integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de Morena: Patricia González García, Patricia Ramírez Kuri y Vladimir Ríos García.
Además, el Tribunal Electoral desechó tres quejas contra Bertha Luján: una que impugnaba su reelección como consejera nacional por el Distrito 23 con sede en Coyoacán y dos por postularse, dos veces y de manera sucesiva, como consejera estatal y nacional. En el primer caso, los magistrados consideraron que no había violación estatutaria a la elegibilidad. En el segundo, desestimaron las quejas por presentarse de manera extemporánea.
Además, el Tribunal dejó al arbitrio del propio partido la posibilidad de iniciar un procedimiento de sanción contra Luján Uranga por haber anunciado su renuncia ante el Congreso Nacional en medios de comunicación y, posteriormente, haber dicho que había pedido licencia, para finalmente volver al cargo.
Dicho de otro modo, ¡Bertha Luján vive… Su lucha sigue…!
¿EMISARIOS DEL PASADO?
Las resoluciones causaron grave desconcierto entre las fuerzas vivas morenistas. A tal punto que, según nos cuentan, en los pasillos del partido se habla de que el revés proviene de urdimbres concebidas en las sombras por “emisarios del pasado”, las cuales tienen el propósito de minar la vocación democrática e institucional de Morena y de mantener viva la pugna por la dirigencia.
No han faltado quienes ven detrás de esta catástrofe la mano tricolor. Tal como usted lo lee: existe la sospecha de que se trata de una maniobra de los marrulleros priístas, que con una mano ayudan a la coalición gobernante a completar mayorías legislativas y se toman fotos con el presidente López Obrador, y con la otra mueven sus piezas en el Tribunal electoral para atizar el conflicto en Morena.
Nos recuerdan que la batería de magistrados de ese Tribunal fueron electos todavía en tiempos de dominio priísta en el Congreso, y que esos cables de transmisión no habían sido usados por la jerarquía tricolor, hasta ahora.
La resolución del Tribunal reabre la gallera de cara a la nominal presidencia interina del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar ─a quien todavía no le entregan oficinas ─, respecto de lo cual hay expectativas divididas.
Los más optimistas quieren verlo como una nueva distribución de cartas para los protagonistas del melodrama. Los más pesimistas, en cambio, consideran que nadie ha salido ileso de la batalla librada hasta ahora, la cual se prolongará aún por largo tiempo.
YEIDCKOL GUARDA SUS CARTAS
Hay quienes consideran que es una lectura equivocada creer que doña Yeidckol Polevnsky se ha dado por vencida. Ella aclaró, ¡el mismo día que salieron las resoluciones del Tribunal!, que sigue siendo secretaria general del partido, en funciones de presidenta, y anunció que quizá el próximo año haya piso parejo para todos los aspirantes a la dirigencia de Morena. Incluso agregó, sobre Ramírez Cuéllar, que hasta le va a invitar un cafecito.
Ante la pregunta sobre el porqué de tanta seguridad de doña Yeidckol en plena tempestad, nos responden que es muy simple: ella todavía tiene la chequera del partido. Quizá la aún presidenta de Morena se acoge a aquella frase de una de sus inspiraciones ideológicas, Carolina Herrera: “Mi mejor venganza es siempre sonreír, como si nunca me hubieran lastimado”.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
.svg){kind=small}
