Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Arreglos en la Auditoría Superior de la Federación
Desde el inicio de la gestión de David Colmenares, los puestos clave de la ASF están comprometidos con personajes que recaen en el conflicto de interés. Ejemplos de esos arreglos los hay a simple vista.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
EMEEQUIS.– Con la promesa de señalar y acabar con la corrupción, el Movimiento de Regeneración Nacional impulsó, por allá de 2018, el nombramiento del oaxaqueño David Colmenares para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, aquella dependencia se convirtió en una ventanilla para pedir favores políticos; esto a cambio de un eventual apoyo para la reelección de Colmenares Páramo en el encargo, aunque para ello faltan todavía tres años.
Tanto líderes partidistas, gobernadores, diputados, senadores y secretarios de Estado pueden acudir ante el auditor y su equipo para tratar de solventar las irregularidades detectadas en sus gestiones; basta con evaluar los resultados de las auditorías realizadas y la frecuencia o solidez de las denuncias presentadas para constatar esta aseveración.
COMPROMETEN PUESTOS CLAVE
Desde el inicio de la gestión de David Colmenares, los puestos clave de la ASF están comprometidos con personajes que recaen en el conflicto de interés.
Por ejemplo, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Víctor Andrade Martínez, es hermano de Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública en tiempos de Enrique Peña Nieto; el mismo que absolvió al expresidente Enrique Peña Nieto por el asunto de la “Casa Blanca”; también le dio pase de impunidad a Luis Videgaray Caso por su inmueble en Malinalco.
En tanto, el director general Jurídico de la ASF, Heladio Ramírez Pineda, es hermano de Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de Nacional Financiera en la llamada cuarta transformación. Cabe resaltar que David Colmenares fue secretario de finanzas en el sexenio de Heladio Ramírez López como gobernador de Oaxaca.
Asimismo, Marco Fernando Mier, hermano del líder de la bancada morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, se desempeña en la ASF como asesor de la Unidad de Enlace Legislativo; eso sin contar que, al menos una decena de mandos medios y superiores en el órgano auditor, son de origen oaxaqueño y, en la mayoría de los casos, han coincidido con Colmenares en antiguos encargos en esa entidad.
ALITO Y EL CONTROL
Además, el dirigente del PRI y exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, mantiene cierto control en la oficina de Colmenares a través de su coterráneo, el diputado Pablo Angulo Briceño, quien despacha como presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF.
El legislador, es el mismo que ha sido exhibido por la gobernadora campechana Layda Sansores por negociar con Alejandro Moreno posiciones en el Congreso, entrega de dispositivos electrónicos de última generación y por presuntamente haberse favorecido, junto con su familia, de la compra-venta de tierras en zonas turísticas del estado.
Se sabe por tanto que las recientes denuncias anunciadas por la ASF contra el estado de Campeche, no alcanzarán a Alejandro Moreno, aunque sí abarcan su administración; los platos rotos los deberá pagar Carlos Miguel Aysa, el gobernador interino que suplió a “Alito” en los últimos meses de su mandato constitucional.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
.svg){kind=small}
