México todavía está en shock por el crematorio de Jalisco cuando surge otro punto de exterminio humano en Tamaulipas.
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México todavía está en shock por el crematorio de Jalisco cuando surge otro punto de exterminio humano en Tamaulipas.
Auditoría revela que 18 instituciones de educación superior en los estados pagaron 28 millones de pesos a personal que no tenía el perfil para el puesto. En Michoacán se dio el caso de más relieve.
México todavía está en shock por el crematorio de Jalisco cuando surge otro punto de exterminio humano en Tamaulipas.
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EMEEQUIS identificó este patrón en los resultados de 18 auditorías aplicadas al mismo número de casas de estudio. En la imagen, la Universidad Politécnica de Pachuca.
EMEEQUIS.– Dieciocho instituciones de educación superior en México, con sede en los estados, pagaron 28 millones 733 mil 519.57 pesos a personal que no tenía el perfil para desempeñar los puestos por los que fueron contratados, incluidos docentes y directivos. La irregularidad fue evidenciada en los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a la tercera y última entrega de la cuenta pública 2023.
EMEEQUIS identificó este patrón en los resultados de 18 auditorías aplicadas al mismo número de casas de estudio. No sólo consiste en que no hubo evidencia en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de que los empleados tuvieron los créditos académicos que demandaban sus puestos, sino que no cumplían con la experiencia y características comprobables para las funciones que tenían que desempeñar, con lo cual también violaron ordenamientos estatales y federales en materia de contratación.
Igualmente, hubo personal administrativo, de apoyo docente y operativo que no cumplía con los requerimientos mínimos para el empleo, al no tener la educación básica.
Estas inconsistencias fueron detectadas porque los salarios se cubrieron con recursos de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, el cual fue auditado.
El mayor monto por estas irregularidades es el del Instituto Tecnológico Superior de Zamora, Michoacán, que asciende a 10 millones 455 mil 316.29 pesos que debe justificar o reintegrar por no presentar la documentación que acredite los requisitos profesionales de los perfiles de puesto que 55 trabajadores desempeñaron durante el ejercicio fiscal 2023; asimismo, no proporcionó los contratos que acrediten los plazos y montos convenidos de 49 trabajadores, que cobraron percepciones con los recursos del programa, según la auditoría 2330.
El Tec de Centla, en Tabasco.
El Instituto Tecnológico Superior de Centla, en Tabasco, sumó pagos irregulares por 3 millones 932 mil 218.73 pesos a 44 empleados con los códigos A01001 jefe de oficina (3), A01024 auxiliar administrativo (2), A03004 almacenista (1), A06009 coordinador de promociones (2), P01001 analista técnico (3), P01002 analista especializado (3), P13006 médico general (2), P16004 psicólogo (2), S06002 intendente (6), S14001 vigilante (5), T05003 bibliotecario (2), T06018 programador (2), T06027 capturista (4), T16005 laboratorista (5) y CF12027 Ingeniero en Sistemas (2), de los que no presentó la documentación en la que estén establecidos los requisitos académicos de sus puestos.
Con ello, no acreditaron que cumplieron con la preparación académica, aunque cobraron durante el año fiscalizado. En esta institución, la ASF igualmente identificó que tres personas, un jefe de oficina, un vigilante y un intendente, percibieron en conjunto 278 mil 33.52 pesos, que difieren con lo que establecían los nombramientos para sus puestos, aunado a que tampoco acreditaron la preparación académica requerida.
Lo anterior lo especifica el dictamen de la auditoría 2309, en tanto que el número 1932, que corresponde al Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, en Tabasco, da cuenta de 11 trabajadores que no cumplieron con los requisitos establecidos en el perfil de puestos y carecieron de las cédulas profesionales correspondientes; no obstante, cobraron 2 millones 219 mil 862.23 pesos.
También el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución, en Baja California Sur, no proporcionó 11 expedientes de personal que constaran que cumplían los perfiles requeridos, aunque ellos percibieron 1 millón 823 mil 712.88 pesos, en tanto que en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos, el órgano fiscalizador demanda 363 mil 175.39 pesos que recibieron dos trabajadores que no cubrieron los requerimientos para ser laboratorista y jefe de la división de Arquitectura, en incumplimiento del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública (auditorías 529 y 528, respectivamente).
En Chiapas, el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa dispuso de 777 mil 958.20 pesos para cubrir honorarios de ocho trabajadores (un “Profesor titular A “, tres “Profesores de asignatura A “, un “Analista especializado “, un “Jefe de oficina ” y un “Jefe de la Oficina de Servicio Social y Desarrollo Comunitario”), de los que no se acreditó la escolaridad requerida.
En la auditoría 2310, el ente federal pidió al instituto constatar, mediante una muestra selectiva de la nómina pagada, que cumpla con los requisitos establecidos en el perfil de puestos vigente a través de la revisión de las Cédulas Profesionales; asimismo, comprobar que se suscribieron los contratos de los prestadores de servicios del personal de honorarios asimilables a salarios.
En el Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, en Veracruz, la auditoría 2323 reveló que diez trabajadores cobraron 1 millón 34 mil 987.27 pesos, pero no tenían los perfiles. Se trató de tres profesores asignatura “A” que no contaron con título de licenciatura, al igual que un subdirector de área, un jefe de oficina y un jefe de departamento, en tanto que dos capturistas y un laboratorista no tenían la educación básica requerida.
Asimismo, la auditoría 2331 refiere que el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, igualmente en Veracruz, hizo pagos por 966 mil 992.26 pesos a 12 trabajadores que no acreditaron el perfil académico, además de que el puesto con el que fueron timbrados los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de nueve de ellos no correspondía con el puesto que se indica en las bases de nómina, de los cuales, dos no se encuentran autorizados en el analítico de plazas autorizada por el Tecnológico Nacional de México.
Esta misma casa de estudios transfirió otros 738 mil 842.12 pesos a 10 trabajadores que fueron reportados en las bases de nómina con los códigos P13006 (Médico General), P16004 (Psicólogo) y T06018 (Programador), sin que el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica contara con los requisitos y profesiograma para para su contratación, aunado a que los puestos con que fueron timbrados los Comprobantes Fiscales Digitales tampoco compaginan con los reportados en las bases de nómina, y que en cuatro casos corresponden a puestos no autorizados en el analítico de plazas del Tecnológico Nacional de México.
Con la revisión de una muestra de la nómina de la Universidad Politécnica de Pachuca pagada con los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio fiscal 2023, la ASF verificó que seis trabajadores no cumplieron con los requisitos académicos para ocupar su puesto, pero recibieron remuneraciones por 275 mil 741.54 pesos, según la auditoría 1161, mientras que en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, de Jalisco, 505 mil 524.29 pesos son demandados por no proporcionar un expediente de personal ni su perfil de puesto, con base en la auditoría 1228.
De nueva cuenta en Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco debe comprobar 739 mil 611.87 pesos por salarios de cinco trabajadores que no cumplieron con los requisitos establecidos en el perfil de puestos y carecieron de las cédulas profesionales, en tanto que la Universidad Politécnica de Tlaxcala remuneró con 656 mil 58.05 pesos a dos directivos, seis administrativos y un docente que no cumplieron con el perfil, con lo cual incumplió la Ley de Profesiones de su estado. Ambos casos fueron documentados en las auditorías 1931 y 2020.
De igual forma, tras revisar una muestra de 50 expedientes de trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, la ASF comprobó que uno no cumplió con los requisitos establecidos en el perfil de puestos, pero recibió pagos por 555 mil 333.42 pesos, en tanto que a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México le pidió iniciar el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos porque el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco no presentó la documentación que acredite que dos trabajadores que recibieron 179 mil 49.02 pesos cumplieron con el perfil requerido.
El Instituto Tecnológico Superior de Álamo-Temapache (auditoría 2307) tiene una observación de 2 millones 419 mil 437 pesos relacionada con el mismo caso: se compone de 1 millón 933 mil 508.97 pesos por realizar pagos a 16 trabajadores sin el perfil académico, de los cuales tres tampoco contaron con la documentación que acredite y justifique el desempeño de sus actividades, así como pagos a seis colaboradores por 485 mil 928.03 pesos sin contar con la documentación que valide las actividades específicas relacionadas con el puesto que les fue asignado.
Tres Institutos Tecnológicos Superiores más incurrieron en lo mismo: el de Misantla (auditoría 2321), por contratar a un trabajador que no cumplía el perfil, pero ganó 152 mil 469.60 pesos; el de Valladolid (auditoría 2329), por no acreditar la preparación académica profesional requerida para un puesto en el que tres trabajadores cobraron 859 mil 654.38 pesos, y el de Fresnillo (auditoría 2314), donde se pagaron 77 mil 575.03 pesos a un trabajador sin el nivel académico requerido en el catálogo de perfil de puestos.
@axelchl
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