EMEEQUIS. - Tras décadas de desabasto, la Nación Comca’ac cuenta finalmente con una red de suministro formal. En el inicio…
La implementación del calendario escolar mundialista para el ciclo 2025-2026 ha generado una profunda fractura en el sistema educativo mexicano, dividiendo a las entidades federativas entre la alineación con la SEP y la resistencia interna. Mientras estados como Chihuahua han aceptado concluir clases el 5 de junio citando la protección contra la ola de calor, entidades como Jalisco y Guanajuato rechazan la medida por considerarla un golpe al aprendizaje y una vulneración a la organización de las familias. Colectivos de la sociedad civil denuncian que este recorte, impulsado por la logística del Mundial 2026, prioriza el espectáculo sobre el derecho a la educación y traslada una carga desproporcionada de trabajo de cuidados a las mujeres, agravando el rezago académico y la desigualdad de género en el país
Sinaloa se ha consolidado como el epicentro de la violencia de género en México durante el primer trimestre de 2026, encabezando la lista nacional con 15 feminicidios, cifra que representa el 10.1% del total del país y supera en cuatro veces la media nacional. Esta crisis de seguridad tiene su foco rojo en Culiacán, municipio que por sí solo concentra casi uno de cada diez feminicidios en México y donde se registra, en promedio, un asesinato de mujer a la semana. Pese al discurso oficial de la Secretaría de las Mujeres que resalta las políticas de la administración saliente, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo revelan una realidad cruda: una estela de inseguridad heredada por el gobierno de Rubén Rocha Moya, caracterizada por 19 denuncias diarias de violencia familiar y una alarmante incidencia de delitos sexuales que contradicen los informes de resultados institucionales.
Organizaciones civiles como la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y la Red de Mujeres por la Salud manifestaron su rechazo al ajuste del calendario escolar 2025-2026, el cual adelantará el fin de clases al 5 de junio debido a la logística del Mundial 2026. Los colectivos denuncian que esta decisión, anunciada por el secretario Mario Delgado, prioriza el evento deportivo sobre el derecho a la educación y agrava la desigualdad de género, ya que traslada la responsabilidad del cuidado de más de 18 millones de estudiantes a los hogares, recargando de manera desproporcionada el trabajo no remunerado de las mujeres. Ante la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, las activistas exigen a la SEP transparencia en sus criterios y la implementación urgente de alternativas públicas que garanticen espacios seguros para las infancias sin vulnerar la autonomía económica de las madres trabajadoras
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Por concepto de renta, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) paga 6 millones mensuales a una empresa de José María Riobóo, esposo de Yasmín Esquivel, recién jurada como ministra. En 6 años sumarán más de 400 millones con todo y mantenimiento.
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La suma de rentas mensuales, de 2024 a 2030, da un total de 447 millones de pesos. En la imagen, José María Riobóo y Yasmín Esquivel. Foto: Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– Una empresa de José María Riobóo, esposo de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, recibe una renta de 6 millones de pesos mensuales por la renta de un edificio al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según revelan documentos oficiales.
La suma de todas estas rentas mensuales, de 2024 a 2030, da un total de 447 millones de pesos al edificio que forma parte del Poder Judicial.
El edificio se encuentra en Av. México 710, San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras y la empresa se llama Ingeniería Riobóo.
Desde el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que, con la Reforma al Poder Judicial, se acabarían los excesos de los ministros, lo cual no parece estar ocurriendo.
Según el contrato TFJA-SOA-DGRMSG-058/2024 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se tendrá que dar “por concepto de renta mensual para el periodo del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2030, la cantidad de $5,197,123.34 (Cinco millones ciento noventa y siete mil ciento veintitrés pesos, 34/100, M. N.), más el 16% del Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de de $831,539.73 (Ochocientos treinta y un mil quinientos treinta y nueve pesos, 73/100, M. N.), dando un total de $6,028,663.07 (Seis millones veintiocho mil seiscientos sesenta y tres pesos, 07/100, M. N.)”.
Sin embargo, esta cantidad aumenta con el mantenimiento: “El ‘TRIBUNAL’ conviene en pagar a la “ARRENDADORA” por concepto de mantenimiento, para el periodo del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2030, la cantidad mensual que resulte del 10% (diez por ciento) del importe de la renta vigente, a cantidad de $519,712.33 (Quinientos diecinueve mil setecientos doce pesos, 33/100, M. N.), más el 16% del Impuesto al Valor Agregado, por la cantidad de $83,153.97 (Ochenta y tres mil ciento cincuenta y tres pesos, 97/100, M. N.), dando un total de $602,866.31 (Seiscientos dos mil ochocientos sesenta y seis pesos, 31/100, M. N.)”.
El día de ayer, el Senado de la República celebró la sesión solemne en la que los nueve ministros que integrarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rindieron protesta. La ceremonia estuvo encabezada por Laura Itzel Castillo, recién nombrada presidenta de la Mesa Directiva en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, quien mostró abierto disgusto tras ser desplazado del cargo.
En la sesión estuvieron presentes consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, así como Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Los ministros que asumieron el cargo son Hugo Aguilar Ortiz, quien fungirá como presidente de la Corte; Arístides Rodrigo Guerrero García, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Irving Espinosa Betanzo y Giovanni Azael Figueroa Mejía.
@jorgegogdl
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La implementación del calendario escolar mundialista para el ciclo 2025-2026 ha generado una profunda fractura en el sistema educativo mexicano, dividiendo a las entidades federativas entre la alineación con la SEP y la resistencia interna. Mientras estados como Chihuahua han aceptado concluir clases el 5 de junio citando la protección contra la ola de calor, entidades como Jalisco y Guanajuato rechazan la medida por considerarla un golpe al aprendizaje y una vulneración a la organización de las familias. Colectivos de la sociedad civil denuncian que este recorte, impulsado por la logística del Mundial 2026, prioriza el espectáculo sobre el derecho a la educación y traslada una carga desproporcionada de trabajo de cuidados a las mujeres, agravando el rezago académico y la desigualdad de género en el país
Sinaloa se ha consolidado como el epicentro de la violencia de género en México durante el primer trimestre de 2026, encabezando la lista nacional con 15 feminicidios, cifra que representa el 10.1% del total del país y supera en cuatro veces la media nacional. Esta crisis de seguridad tiene su foco rojo en Culiacán, municipio que por sí solo concentra casi uno de cada diez feminicidios en México y donde se registra, en promedio, un asesinato de mujer a la semana. Pese al discurso oficial de la Secretaría de las Mujeres que resalta las políticas de la administración saliente, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo revelan una realidad cruda: una estela de inseguridad heredada por el gobierno de Rubén Rocha Moya, caracterizada por 19 denuncias diarias de violencia familiar y una alarmante incidencia de delitos sexuales que contradicen los informes de resultados institucionales.
Organizaciones civiles como la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y la Red de Mujeres por la Salud manifestaron su rechazo al ajuste del calendario escolar 2025-2026, el cual adelantará el fin de clases al 5 de junio debido a la logística del Mundial 2026. Los colectivos denuncian que esta decisión, anunciada por el secretario Mario Delgado, prioriza el evento deportivo sobre el derecho a la educación y agrava la desigualdad de género, ya que traslada la responsabilidad del cuidado de más de 18 millones de estudiantes a los hogares, recargando de manera desproporcionada el trabajo no remunerado de las mujeres. Ante la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, las activistas exigen a la SEP transparencia en sus criterios y la implementación urgente de alternativas públicas que garanticen espacios seguros para las infancias sin vulnerar la autonomía económica de las madres trabajadoras
