Mal ejemplo: gobiernos y dependencias permiten fallas en cuotas patronales 

Las omisiones afectan a personal como en el caso de policías de Morelos. Foto: Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– Por ineficiencia, corrupción u omisiones patronales, trabajadores de gobiernos y de empresas contratadas con recursos públicos han desempeñado funciones –incluso de alto riesgo– sin contar con seguro médico y de vida, aunque era una prestación considerada en sus puestos. 

Además, los contratistas han omitido aportaciones y, aunque han retenido cuotas, no han cumplido con su entrega ante las autoridades correspondientes.

Estas son algunas de las irregularidades en la prestación de servicios por las que se carga dinero del erario sin que exista la cobertura real ante incidentes laborales, lo cual también es una violación a los derechos de los trabajadores, que afecta otros rubros como acceso a la vivienda y fondos de ahorro para el retiro. 

EMEEQUIS identificó estos casos tras una revisión a las tres entregas de la cuenta pública 2022 y las dos correspondientes al año anterior que hasta el momento ha realizado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En 2022, el ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, pagó 2 millones 711 mil 700 pesos por un Seguro de Vida para el Personal de Seguridad Pública. La contratación la hizo con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 

No obstante, la ASF no pudo acreditar que el personal asegurado estuviera adscrito al municipio y que se encontrara en activo durante ese año, además de que el gobierno local no contó con la totalidad de las pólizas personalizadas.

Lo anterior lo constató tras la auditoría 1263, parte de la tercera entrega de la cuenta pública de ese año, la cual refiere que hubo otro cargo por un millón 274 mil 400 pesos por un seguro de automóviles o camiones, pero los auditores tampoco validaron que los vehículos asegurados fueran propiedad del municipio; asimismo, que éstos se encontraran en operación durante 2022.

En aquel diciembre, policías de Emiliano Zapata protestaron por las condiciones en las que ejercían su labor: con armamento viejo, que no garantizaba su seguridad ni la de la población civil, aunado a las malas condiciones mecánicas de las unidades que manejaban, dijeron frente a medios, sin que se aparecieran sus mandos, cuando ellos realizaban un paro. 

Reclamaron ahí que carecían de prestaciones como el seguro de vida, sin saber que supuestamente se financiaba uno para ellos, pero los auditores no consiguieron validarlo con pruebas documentales en aquella inspección. 

En ese mismo año, el gobierno del estado de Durango cargó al presupuesto un “seguro de vida a empleados” con un costo de 12 millones de pesos, pero careció de documentación justificativa y comprobatoria para acreditarlo, durante la auditoría de cumplimiento forense 784 que le practicaron por Contratos y Convenios Suscritos, así como Erogaciones Financiadas con Recursos del Gasto Federalizado del Ejercicio 2022, incluidas las Participaciones Federales.

Otra de las inconsistencias en materia de seguridad laboral, acceso a servicios médicos y prestaciones para las personas trabajadoras ha ocurrido cuando las empresas contratadas por el gobierno no los dan de alta con seguridad social, aunque las propuestas que presentan para acceder al presupuesto público sí consideran este gasto.

En esa misma fiscalización al gobierno de Durango, la ASF encontró que por dos contratos, 023/2022 y 103/2022, para la prestación del Servicio de Limpieza en diversas Unidades de los Servicios de Salud, que constaron 10 millones 836 mil 274.56 pesos y 36 millones 327 mil 227 pesos, el proveedor debió contar con 446 y 461 empleados, respectivamente distribuidos en 49 unidades médicas, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) notificó que en todo ese periodo sólo tuvo registradas a dos personas. 

Se trató de Limpiezas Industriales Milenium S.A. de C.V., cuya constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social no coincidió con el número de trabajadores requeridos en los contratos, en los cuales firmó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: “que (la empresa) dispone de la infraestructura, organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiencia para cumplir con las obligaciones que asume el presente contrato”.

La compañía tiene su domicilio fiscal en Calle Revolución, en Colonia Valle del Guadiana, Durango. Incluso, por esta falta de comprobación de que en realidad tuvo trabajadores dados de alta, los auditores dudaron si el servicio fue simulado o si vulneró el derecho de todas las personas que lo realizaron, al no cumplir con asegurarlos y respetar sus prestaciones.

En la segunda entrega de la cuenta pública 2023, que incluye 678 informes individuales presentados ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación el pasado 30 de octubre, el órgano fiscalizador detectó que la empresa Semalyn S.A. de C.V. tampoco inscribió en el Instituto Mexicano del Seguro Social a 13 trabajadores que prestaron los servicios de limpieza en ocho inmuebles de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Tras la intervención de la ASF, la dependencia federal acreditó que aplicó al prestador del servicio deducciones por 1.4 millones de pesos, que correspondían a las cuotas por prestaciones a los empleados, monto que reintegró a la Tesorería de la Federación el 18 de septiembre de 2024.

Esa no fue la única inconsistencia que arrojó la auditoría número 385. Incluso, el ente federal pidió que se verifique el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales de dos prestadores de servicios: Aquaseo S.A. de C.V., y Semalyn S.A. de C.V., a los que la Secretaría de Relaciones Exteriores adjudicó los contratos SRE/DGBIRM/C-ITP001/2023, SRE/DAC/ITP-02/2022 y SRE/DGBIRM/C-ITP-006/2023, por los cuales les pagó 30 millones 344 mil 400 pesos en 2023, con cargo en la partida presupuestal 35801, “Servicios de lavandería, limpieza e higiene”.

Al solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la información correspondiente al pago de cuotas obrero-patronales por los trabajadores activos de ambas empresas en 2023, y contrastarlos con los nombres de los empleados consignados en las listas de asistencia durante enero, marzo y mayo, comprobó que 89 de los registrados por Aquaseo no se localizaron en la base de datos del IMSS, mientras que de Semalyn faltaron 107.

Semalyn tenía precedentes de irregularidades en fiscalizaciones anteriores: en 2022, al auditar al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la ASF encontró que, con base en los informes del IMSS, no se identificó personal que prestó los servicios de vigilancia y limpieza relacionados con los contratos números CAS-I3P-02-2022, asignado a Semalyn por 19 millones 686 mil 700 pesos; CAS-LP-024-2020-CON-01, otorgado a Olac Corporación Seguridad Privada por 19 millones 503 mil 500 pesos, y CAS-LP-25-2022, para Insumos y Servicios en General LACG, con un valor de nueve millones 481 mil 900 pesos.

Las irregularidades siguieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores: del contrato SRE/DGBIRM/C-ITP-001/2023, de acuerdo con los Listados del Sistema Único de Autodeterminación, seis trabajadores se dieron de baja del 7 de marzo al 17 de mayo de 2023, aun cuando laboraron hasta el 31 de mayo de 2023. Con ello, se incumplió el artículo 15, fracción I, de la Ley del Seguro Social, aunado a que no tuvieron cobertura real en caso de algún siniestro o accidente laboral, sin considerar las prestaciones que truncaron o a las que no accedieron.

En la SRE había el antecedente de que el Bufete Empresarial GTI S. A. de C. V., a quien en 2021 la dependencia asignó el “Servicio de información y programación de citas para trámites en las oficinas consulares de México”, con un costo de 31.7 millones de pesos, había reportado el pago de las cuotas obrero-patronal de 326 empleados que participaron en estas labores; no obstante, dichas cuotas no fueron reconocidas en la información proporcionada por el IMSS, lo cual costa en la auditoría 351, parte de la segunda entrega de la cuenta pública 2022. 

Un hecho similar ocurrió en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en 2023: la ASF detectó que la empresa Grupo Limotron S.A. de C.V. recibió el contrato SSPC/DGRMSOP /CT/47/2023 por siete millones 35 mil 500 pesos, para cumplir con el “mantenimiento y conservación de instalaciones eléctricas de baja tensión y sistemas hidráulicos, sanitarios y pluviales de la SSPC”. 

No obstante, la firma, en su calidad de patrón, no cumplió con la obligación de inscribir a cuatro trabajadores a partir del 16 de agosto de 2023 (fecha de inicio del servicio) y, por consiguiente, no realizó el pago de las cuotas de seguridad social de dicho mes, según la auditoría de cumplimiento 390.

No fue la única: conforme a los registros del personal que ejecutó los servicios, la compañía Construcción y Mantenimiento Finca S.A. de C.V. no inscribió a dos trabajadores y, por consiguiente, no realizó el pago de sus cuotas de seguridad social (en el caso de un trabajador, las cuotas no pagadas fueron de septiembre de 2023, y de otro trabajador de octubre y noviembre de 2023). A esta constructora se le había asignado el “Servicio de mantenimiento y conservación de inmuebles de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana” del 3 de mayo al 21 de diciembre, por el cual cobró siete millones 245 mil 200 pesos, según el contrato SSPC/DGRMSOP /CT/19/2023.

En la primera entrega de informes de la cuenta pública 2023, que data del 28 de junio de este año, se identificó que en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) ocho trabajadores que participaron en el servicio de limpieza fueron dados de alta por el prestador del servicio entre siete y 120 días hábiles posteriores a la fecha en que iniciaron funciones; asimismo, 18 personas más no se identificaron en la base de datos proporcionada por el Seguro Social; no obstante, de 13 de éstos la CONSAR proporcionó comprobantes de pago de cuotas, pero sólo por un mes. Esto consta en la auditoría de cumplimiento 107.

En la tercera entrega de la cuenta pública 2022, la ASF halló que en el Servicio de Protección Federal no se realizaron los pagos de cuotas obrero patronales de seguridad social de 38 trabajadores.

Para comprobarlo, hizo un comparativo de los elementos que participaron en la prestación de los servicios de acuerdo con las órdenes emitidas en la dependencia. De ahí observó que 37 que laboraron en transporte terrestre en autobús para el traslado de personal y aspirantes, no fueron inscritos durante mayo y agosto ante el IMSS por la empresa contratada: Auto Transportes I. MEX. T. S.A. de C.V., así como un trabajador que participó en los fletes para el traslado de bienes, cuyo contrato general fue otorgado a Transportes The BIMB´S S.A. de C.V. Por esta razón, ninguna de las compañías citadas realizó el pago de las cuotas de seguridad social, con base en la auditoría 366.

Tras el descubrimiento, la ASF emitió dos promociones de responsabilidad administrativa para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el propósito de que audite a las firmas –la primera tiene sede en Xochimilco, mientras que la segunda se ubica en Iztapalapa– a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Estas promociones las hizo en todos los casos en los que hubo incumplimiento, además de solicitar a las dependencias y organismos gubernamentales iniciar los procedimientos correspondientes para una eventual sanción a quienes, por negligencia u omisión, no detectaron estas violaciones a la seguridad social de los trabajadores.

En la segunda entrega de la cuenta pública 2022, también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se detectó que quienes realizaron el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de las microturbinas y cuarto de máquinas, así como de limpieza, no efectuaron los pagos de las cuotas obrero-patronales de todo el personal que laboró el tiempo del contrato (auditoría 292).

Asimismo, la Secretaría de Salud (SSA) contrató a Grupo de Seguridad Privada Pryse para vigilancia y seguridad, pero al contrastar las listas de asistencia en dos inmuebles donde prestó el servicio, correspondientes a mayo y octubre, con la información que le proporcionó el IMSS, comprobó que de los 97 empleados que hubo, sólo se pagaron las cuotas de 31 (auditoría 355).

A su vez, Procesadora y Distribuidora Los Chaneques S.A. de C.V., a la que contrató para el servicio de comedor en el Hospital de la Mujer, tuvo 87 trabajadores en agosto y octubre, pero sólo pagó al IMSS las cuotas y seguridad de 61.

Las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social son una parte del costo laboral total y cubren diversas prestaciones como atención médica, hospitalaria, farmacéutica y rehabilitación para el asegurado y su familia. Ahorro para el retiro, pensiones en caso de invalidez o fallecimiento, también son parte de éstas.

El propio gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y para promover la adquisición de estos instrumentos, afirma que si las personas tienen la idea de que un seguro es una sangría para su presupuesto porque tal vez lo paguen durante muchos años e igual nunca lo cobren, “quizá deban analizar si en caso de presentarse una enfermedad, un accidente vehicular o una muerte repentina, tendrán los medios económicos suficientes para hacer frente”. Si la respuesta es no, añade, “ello podrá cambiar tu perspectiva y ver en un seguro no un gasto sino una acción de previsión y ahorro que se hace efectivo en caso de que ocurra un incidente no deseado”. Por las omisiones patronales, trabajadores que cumplieron con acciones en favor del gobierno a través de contratistas, no contaron con dicha seguridad y estuvieron expuestos en caso de una situación grave.

GOBIERNOS, IGUALMENTE OMISOS

Telebachillerato Comunitario opera en poblaciones que tienen menos de dos mil 500 habitantes y que no cuentan con otro servicio de educación media superior a cinco kilómetros a la redonda. La auditoría 1167 descubrió que en Hidalgo, durante 2023, no se acreditó el pago de un millón 424 mil 200 pesos a terceros institucionales por descuento de vivienda, seguro de daños y crédito Fonacot, en incumplimiento de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 21.

La revisión es parte de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, en la segunda entrega de la cuenta pública del año pasado. 

En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de los fondos de Adquisición de Enseres para la Atención de la Población Afectada por Fenómenos Naturales hay tres contratos en los que no se presentaron, o se presentaron después de la notificación del fallo, las constancias de cumplimiento de obligaciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). 

Según la auditoría 362, en las constancias de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Infonavit emitidas en 2023 se refirieron adeudos de dos proveedores.

La Auditoría Superior de la Federación igualmente emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo por las irregularidades de servidores públicos que, en su gestión, no verificaron que el registro de enteros y pagos del Impuesto sobre la Renta, cuotas y aportaciones de seguridad social del ejercicio 2023 se hizo en cuentas contables diferentes de las establecidas en la normativa.

En un sentido similar, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue apercibida en 2022 porque cuando los auditores cotejaron los datos que el ISSSTE les proporcionó sobre aportaciones al seguro de cesantía y edad avanzada, al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), al Sistema de Ahorro para el Retiro, depósitos para el ahorro solidario, cuotas para el seguro de vida del personal civil y cuotas para el seguro colectivo de retiro de personal a su cargo, observó que registros en las partidas presupuestarias no coincidían con los recibos emitidos por dichas instancias, lo cual quedó consignado en los resultados de la inspección de cumplimiento 239.

Otra irregularidad está en los bachilleratos y universidades estatales, donde los retrasos, pago de multas y cargos extemporáneos por el incumplimiento de cuotas y aportaciones a seguridad social también fueron observados por la ASF durante estos dos años, en estados como Durango, Tabasco, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, entre otros. 

OTRAS OBSERVACIONES EN MATERIA DE SEGUROS

En materia de seguros, las entidades gubernamentales han registrado más anomalías. La misma auditoría 385 a Relaciones Exteriores refiere que el contrato SRE/DAC/AD15/2022, adjudicado directamente a MYM Internacional S.A. de C.V., tenía como finalidad trasladar menaje de casa para miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y servidores públicos designados para ocupar cargos en las Representaciones de México en el Exterior (RME). El acuerdo fue por un monto mínimo de 72 millones y máximo de 180 millones de pesos.

En dos menajes de casa, la SRE no acreditó que el prestador del servicio entregó al Administrador del Contrato la póliza de seguro de los bienes a trasladar. De tres menajes de casa el prestador del servicio proporcionó al Administrador del Contrato la póliza de seguro del menaje a trasladar con atrasos de uno a 92 días naturales, después del empaque, sin que se aplicaran penalizaciones. Ese acuerdo estuvo vigente de julio a diciembre de 2022, pero fue hasta la intervención de la ASF que se acreditó que las penas convencionales fueron aplicadas al contratista.

Lo que la inspección comprobó es que los servicios de traslado de menaje de casa se prestaron; sin embargo, las órdenes de servicio y cédulas de recepción y validación del servicio presentaron inconsistencias, además de que no se contó con documentos para acreditar el estado de los menajes ni su seguro.

Además, la SRE transfirió recursos a la RME en Alemania por un total de 56 mil 200 dólares, equivalentes a 975 mil 500 pesos al tipo de cambio de 17.3576 pesos por dólar, para la adquisición de dos vehículos, pero la secretaría no proporcionó evidencia de la asignación del número de inventario, del resguardo y de la contratación de las pólizas de seguro correspondientes, con las que por seguridad debe operar toda unidad dependiente del gobierno mexicano.

En este caso, también había un precedente en el servicio de menaje de casa de los Miembros del Servicio Exterior Mexicano, por un contrato en el que no se proporcionó la póliza de seguro en el ramo de transporte de carga para asegurar los traslados en 2022.

En la auditoría 366 a la Sedena, enfocada al rubro de Investigación, Desarrollo y Producción de Vestuario y Equipo Militar y Mantenimiento de Infraestructura, se probó que dada la falta de capacidad de almacenamiento en las instalaciones de la Dirección General de las Fábricas de Vestuario y Equipo (DGFAVE), “una cantidad significativa de los bienes e insumos que se adquirieron en 2023 son resguardados en las instalaciones de los proveedores, y aun cuando en las visitas realizadas se constató la existencia de aquéllos que aún se encontraban en resguardo de éstos, se observó que en algunos casos la póliza de seguro contratada por el proveedor mientras los bienes permanecieron en sus instalaciones no cubrían la totalidad de los mismos; y que los bienes se encontraban en un lugar distinto al domicilio en el que de acuerdo a las constancias de recepción se habían resguardado, o bien, el proveedor los cambió de ubicación sin informar de ello a la Sedena”.

En la tercera entrega de la cuenta pública 2022 también hay una auditoría (1017) al municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por las participaciones federales que recibió. En ésta se acreditó que hubo un contrato de arrendamiento de vehículos para la recolección de basura, a precio fijo y tiempo determinado, de fecha 14 de octubre de 2021, por 14 millones 940 mil pesos (núm AD/DAYRM/001/2021).

Al revisar el expediente unitario y mediante la información proporcionada por el ayuntamiento, se comprobó que los resguardos de los vehículos carecían de información y no se proporcionaron las pólizas de seguros de los vehículos arrendados, lo cual incumplió el artículo 90 de la Ley Número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero.

Mientras que en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, cuando fueron inspeccionados los Créditos Prendarios y Operaciones de Reporto Agrícola, se constató que las pólizas de seguros de tres créditos (uno por nueve millones 890 mil 400 pesos y dos por 14 millones 534 mil 700 pesos) carecieron, de forma respectiva, de la cobertura de 14 y 55 días por los que se pagó.

En un sentido opuesto, de uso de un seguro con base en la información de la auditoría, el 23 de diciembre de 2020 la Secretaría de Marina (Semar) adquirió uno plurianual para vehículos aéreos y marítimos por 877 millones 871 mil 900 pesos. Tras la revisión que la ASF hizo en mayo de 2023, consiguió que se devolvieran 92 millones 408 mil 500 pesos por la estadía de aeronaves durante el ejercicio 2022. Estadía es el periodo en el que las aeronaves permanecen en tierra y le son suspendidas de manera temporal las coberturas de vuelo y carreteo bajo todas las secciones del seguro de protección contratado.

Justo en 2022, seis aeronaves a cargo de Semar tuvieron siniestros, y cinco fueron declaradas pérdida total. Por cuatro de ellas fueron reintegrados 588 millones 391 mil 500 pesos a la Tesorería de la Federación el 6 de septiembre de 2022, y 24 de enero, 2 de febrero y 25 de mayo de 2023, con base en la auditoría 347.

Hubo una aeronave desplomada de la que no se contó con evidencia de sus restos, pero la compañía aseguradora se encontraba dentro del plazo legal para realizar las investigaciones y determinar el monto de la indemnización, mientras que por la última aeronave la indemnización fue de 4 millones 570 mil 100 dólares, los cuales fueron transferidos en su totalidad a Petróleos Mexicanos (Pemex) como dueña de la aeronave, aunque se encontraba en posesión de la Semar por comodato.

En todos los casos expuestos se hicieron cargos al erario por concepto de seguridad social y seguros –incluso por medio de empresas, ya que, con base en los contratos que se les otorgaron, éstas debían hacerse cargo de esas obligaciones, que van consideradas en el monto global por el servicio asignado–. No obstante, los trabajadores no siempre estuvieron protegidos por las inconsistencias en las que incurrieron los patrones.

@axelchl