La justicia detenida: trabajadores y usuarios desangrados por paro del Poder Judicial 

Una mujer con archivos en mano camina frente al edificio Jose María Morelos del Poder Judicial de la Ciudad de México. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro.com.

Por Maricarmen Gutiérrez Romero y Miguel Ángel Teposteco Rodríguez 

EMEEQUIS.– Luego de que 11 mil trabajadores del Poder Judicial regresaran a sus labores el pasado martes 8 de julio (con excepción de los juzgados laborales, que tardaron hasta el viernes), se ha activado la amenaza de reanudar esta protesta y congelar todos los procesos judiciales que se llevan a cabo en la capital del país. El último paro duró seis semanas (41 días), desde el 29 de mayo de este año. 

El peso de estas quejas ha caído sobre el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, quien ha enfrentado fuertes críticas por parte de los trabajadores de distintos organismos de justicia que desempeñan sus labores en la colonia Doctores. Su cercanía a Claudia Sheinbaum y su inclinación al oficialismo han sido algunos de los temas más discutidos por los impulsores del paro. 

En una serie de entrevistas, EMEEQUIS conversa con un ciudadano afectado por el paro y con especialistas para entender cómo estos hechos han repercutido en la vida de distintas personas que requieren de los servicios de justicia, incluso para su sustento diario. 

Eduardo Zepeda, un ingeniero de 77 años, enfrenta una situación crítica debido al bloqueo de su cuenta de pensión, derivado de una demanda contra una empresa en la que fue socio minoritario. La paralización del Poder Judicial por la reforma judicial ha retrasado significativamente la resolución de su caso, dejándolo sin acceso a sus recursos económicos. 

Su historia comenzó hace siete años, cuando formó parte de una empresa dedicada a fabricar cocinas para hoteles. Con una participación mínima del 2% en el acta constitutiva, su rol era marginal, pero suficiente para verse arrastrado por los problemas de la compañía. “Con la llegada de la pandemia quebró. Tuvimos problemas con dos hoteles españoles, lo que llevó a la quiebra”, relata Eduardo. La quiebra desencadenó una serie de demandas de proveedores, algunas justificadas y otras no, que terminaron afectando a todos los socios, independientemente de su nivel de participación.

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Como consecuencia de las demandas, las autoridades congelaron las cuentas de los socios mencionados en el acta constitutiva, incluyendo las personales de Eduardo. Entre las cuentas bloqueadas estaba la tarjeta donde recibe su pensión del IMSS: “Tengo 77 años y estoy jubilado desde los 65, así que esto me afectó directamente”, explica con frustración. Este bloqueo es particularmente grave porque, como él mismo señala, las cuentas de jubilación son inembargables, ya que su retención afecta directamente la estabilidad de una persona de la tercera edad, según la legislación vigente.

Inicialmente, Eduardo intentó resolver el problema por su cuenta, pero la complejidad del sistema judicial lo llevó a contratar a una abogada. Según su testimonio, el trámite para desbloquear la cuenta debería haber sido sencillo, dado que la cuenta no está embargada, sino bloqueada, y la jurisprudencia protege las pensiones. “Resulta que las cuentas de jubilación son inembargables, porque afectan directamente la estabilidad de una persona de la tercera edad. En teoría, el trámite era sencillo, pero en realidad no fue así”, detalla. Sin embargo, el proceso se complicó al iniciarse en un juzgado de Querétaro, lo que añadió obstáculos administrativos y logísticos. Hace más de un año y dos meses que comenzó este trámite, pero los avances fueron mínimos incluso antes de la Reforma Judicial.

La Reforma Judicial y el paro en el Poder Judicial han agravado significativamente la situación de Eduardo, deteniendo por completo el progreso de su caso. Los cierres de juzgados y la falta de personal han generado un cuello de botella que afecta a miles de ciudadanos. “La Reforma Judicial me ha afectado gravemente. Los juzgados han estado cerrando, los procesos se han ralentizado muchísimo y ha sido muy difícil avanzar. Llevo todo un año con este problema, desde que empezó la Reforma Judicial”, afirma Eduardo. Aunque los depósitos de su pensión siguen registrándose en su cuenta, como puede verificar a través de la aplicación de Banco, no tiene acceso a estos fondos, lo que lo ha dejado en una situación financiera precaria.

En sus visitas a los juzgados, Eduardo ha constatado la falta de recursos humanos y la paralización de los procesos. “Los administrativos nos dicen que no hay suficiente personal. Las últimas veces que hemos ido, nos han comentado que no hay gente para realizar las tareas habituales. Todo está detenido”, lamenta. Esta situación no es exclusiva de su caso. Durante el tiempo en que los juzgados aún estaban abiertos, Eduardo fue testigo de la frustración de otras personas en circunstancias similares. “Había quienes esperaban un fallo final en sus casos, pero no llegaba”, señala. Desde casos sencillos hasta demandas millonarias, el paro ha generado un impacto generalizado, afectando a ciudadanos y empresas por igual.

Su abogada le ha indicado que el deterioro del sistema judicial ha multiplicado los tiempos de resolución: “Mi abogada dice que el sistema judicial está tan deteriorado que lo que antes tomaba un mes ahora puede tardar seis u ocho meses”, explica. Esta demora agrava su situación, ya que depende de su pensión para cubrir necesidades básicas. 

LOS PROBLEMAS QUE GENERA EL PARO 

A decir de los expertos, el paro ha generado varios problemas en la impartición de justicia para los civiles. Luis Ángel Salgado Rodríguez, docente y funcionario de la UNAM, explica en entrevista que el paro de labores responde a “distintas exigencias laborales que no están siendo totalmente atendidas por parte de las autoridades”, con dos posturas claras: algunos trabajadores consideran que “ya van a regresar a labores”, mientras otros insisten en que “todavía es necesario permanecer en paro”. Salgado enfatiza que esta parálisis afecta a la ciudadanía, ya que “hay muchos casos que están todavía pendientes de resolución”, y urge a las autoridades a priorizar la atención a los ciudadanos para mitigar el impacto en sus derechos.

El paro agrava el rezago judicial y complica la transición de juzgadores en el Poder Judicial, advierte Salgado. La acumulación de expedientes, ya significativa, se intensifica con la protesta, mientras las tensiones internas persisten por “problemas de enojo, de no satisfacción en cuanto a las condiciones laborales que existen”. Esto, señala, dificulta la transición, ya que “vas a tener a un gran número de trabajadores que no están de acuerdo con ciertas condiciones laborales y esto va a generar un mayor rezago”. Salgado destaca que este escenario evidencia pendientes estructurales en la reforma judicial, particularmente en la gestión del personal que sostiene el funcionamiento de juzgados y tribunales.

La ciudadanía soporta el mayor costo de esta situación, subraya Salgado, ya que “al final las personas que están acudiendo con este tercero imparcial en busca de justicia son los más afectados”. Con la transición que se aproxima en el Poder Judicial, los nuevos jueces y magistrados necesitarán tiempo para revisar expedientes, lo que prolongará las demoras. Sin embargo, el experto aclaró que, para proteger los derechos de los ciudadanos, “entra como una pausa procesal que permite que este tiempo en donde no se están desarrollando las funciones no termine afectando a estas personas”, garantizando que los plazos no corran y evitando que los casos caduquen durante el paro.

María Castro Arciniega, abogada litigante especializada en derecho laboral, destaca además el impacto directo que los paros judiciales tienen en los trabajadores, especialmente en el pago de salarios caídos. “Cuando las autoridades no resuelven los conflictos laborales dentro de ese plazo de un año, los trabajadores son los principales perjudicados. Si la justicia no se imparte a tiempo, los salarios caídos se ven limitados a ese periodo, lo que significa que el trabajador no recibe la compensación completa a la que tiene derecho”, explica Castro, subrayando cómo la interrupción de las actividades judiciales, como el paro de más de un mes en la Ciudad de México, agrava la situación al suspender audiencias y retrasar procedimientos.

La abogada también señala que los retrasos afectan no sólo a los trabajadores, sino también a los abogados, cuyos honorarios dependen del avance de los casos. “Si las autoridades retrasan los procedimientos de manera injustificada, nuestros clientes no reciben sus pagos a tiempo, y nosotros, como sus representantes, tampoco”, advierte Castro Arciniega. Este problema se intensifica en casos en etapa de ejecución, donde ya existe una sentencia, pero los paros impiden que se cumplan los pagos, dejando a los trabajadores en una situación de incertidumbre económica.

Castro Arciniega resalta la especial vulnerabilidad de los trabajadores con menos recursos frente a estos paros, ya que dependen de los pagos para su subsistencia. “Los trabajadores más vulnerables son los más perjudicados. Algunos incluso se desalientan y abandonan sus casos porque no ven avances”, lamenta. La abogada critica la falta de responsabilidad del Estado, argumentando que los retrasos, justificados por las autoridades con excusas como la carga de trabajo, niegan los derechos de los trabajadores y perpetúan la dilación en la impartición de justicia.

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