La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La 4T dio 676 millones en contratos a Psicofarma, empresa suspendida por Cofepris
Cofepris suspendió a Psicofarma por manejo irregular de sustancias sujetas a estricto control sanitario, así como deficiencias en la fabricación de medicamentos psiquiátricos. De 2018 a 2022, se le otorgaron 196 contratos por un monto de 676 millones de pesos, a pesar de que ya había irregularidades.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
EMEEQUIS.–La Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendió de manera parcial las actividades de la empresa farmacéutica Psicofarma S.A de C.V. tras encontrar diversas irregularidades en la producción de medicamentos psiquiátricos.
Al realizar dos visitas a la planta de fabricación de medicamentos, la Cofepris encontró manejo irregular de sustancias sujetas a estricto control sanitario, así como deficiencias en la fabricación de psicotrópicos y estupefacientes.
Bajo las órdenes sanitarias, 2-CF-09-0793-GS y 22-CF-09-0794-GS, la institución ordenó la suspensión parcial de sus actividades de producción, así como el aseguramiento de su materia prima y medicamentos controlados; ya que se determinó que Psicofarma S.A de C.V. no cumple con criterios de calidad suficientes.
Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a esta empresa se le asignaron al menos 196 contrataciones públicas por la compra de medicamentos psiquiátricos que fueron distribuidos principalmente en hospitales del sector de salud público y centros de readaptación social.
Pese a que ya se habían denunciado irregularidades en su fabricación, e incluso la Secretaría de la Función Pública había inhabilitado a esta empresa, el gobierno federal continuó dándole contratos hasta el año pasado, por un monto total de más de 600 millones de pesos.
CONTINUARON CONTRATACIONES PESE A IRREGULARIDADES
De 2018 a 2022 a Psicofarma S.A de C.V. se le otorgaron 196 contrataciones públicas por un monto de $676 millones 326 mil 423.40 pesos.
La empresa forma parte del Grupo Neolpharma, propiedad del empresario Efrén Ocampo, quien el año pasado anunció la inversión de 800 millones de pesos en tres proyectos en la Ciudad de México, como la creación de una planta productora de vacunas en Azcapotzalco, una planta de inyectables y un centro de desarrollo farmacéuticos en la alcaldía Coyoacán.
De acuerdo con una revisión realizada por EMEEQUIS, el 81% (159 contratos) de estas compras se asignaron mediante adjudicación directa a la empresa; en el resto 19% (38 contratos) se hizo mediante procedimiento de licitación pública con la inspección a la empresa y más competidores a elegir.
Las irregularidades que halló la Cofepris.
De estas contrataciones públicas para Psicofarma S.A de C.V. 169 fueron para instituciones federales, 14 contratos al gobierno de Sonora, nueve de Zacatecas, tres de Morelos.
La institución pública que contrató con más frecuencia a la empresa fue el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” (24 contratos) por la compra de medicamentos y productos farmacéuticos.
Seguido del ISSSTE (21 contratos), el OADPRS Órgano Administrativo que administra prisiones federales (19 contratos), y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (16 contratos).
Esta empresa continuó recibiendo contratos durante 2021 y 2022, pese a que había sido inhabilitada en septiembre de 2020 por la Secretaría de la Función Pública durante un periodo de 45 meses.
De acuerdo con la resolución del expediente SAN-006/2020, la empresa Psicofarma S.A de C.V. quedó inhabilitada para celebrar contratos públicos con gobiernos federales, municipales y alcaldías de la Ciudad de México. Sin embargo no se dieron a conocer las causas.
Pese a la publicación de la normativa en el Diario Oficial de la Federación, la empresa recibió tres contratos en el año 2021 y 53 durante el año pasado. Estos fueron asignados por Prevención y Readaptación Social, la Secretaría de Salud de Zacatecas, el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, al igual que otros hospitales de especialidad y la Secretaría de Marina.
Previamente, antes de la inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública, la empresa recibió 86 contratos durante 2020; 48 en 2019 y cinco en el año 2018.
DENUNCIAN DESABASTO Y RETRASOS EN ENTREGA DE MEDICAMENTOS
La inhabilitación por parte de Cofepris hacia la empresa Psicofarma S.A de C.V. para producir medicamentos tendrá serios efectos en el abasto de medicamentos de atención psiquiátrica.
Incluso algunos analistas de políticas de saludhan equiparado el dominio de esta empresa en medicamentos psiquiátricos, como lo tiene la farmacéutica Pisa para la oferta de medicamentos oncológicos.
El desabasto de medicamentos psiquiátricos registró en enero del año pasado su mayor aumento, de acuerdo con el Mapa de Desabasto del Instituto Farmacéutico de México.
Estima que en enero de 2016 en instituciones de salud pública se registraba un abasto del 98% de medicamentos psiquiátricos; pero bajó a 64% en enero del 2022 y un año antes al 81%.
Por su parte, la plataforma Cero Desabasto atendió entre enero y febrero de este año 67 quejas por falta de medicamentos psiquiátricos para tratar la depresión, déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, esquizofrenia y trastorno bipolar.
El embudo por parte de Cofepris hacia la empresa Psicofarma S.A de C.V. comenzó desde 2019 hasta que fue inhabilitada un año después. Por la crisis de medicamentos se dio la intervención de la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM), principalmente por la carencia de clozapina, fármaco recetado a pacientes con esquizofrenia.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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