Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
Miembros de una iglesia bautista en Huejutla, Hidalgo, han sido hostigados y agredidos por pertenecer a una religión distinta a la católica, al grado que tuvieron que evacuar sus casas, que fueron vandalizadas.
Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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Casas vandalizadas, amenazas directas, petición de cuotas. Intolerancia religiosa en Hidalgo. Fotos: Especial.
EMEEQUIS.– Casa por casa, un grupo de pobladores encabezados por el delegado de Rancho Nuevo –una localidad en la huasteca hidalguense– cortó el cableado de luz de familias que profesan la fe cristiana.
Era el 25 de abril. Tres semanas antes, el día 3, cinco familias de Coamila –poblado vecino– habían sido despojadas de sus parcelas y también dejados en la oscuridad por el destrozo a machetazos de la red de cables.
En ambos casos, había un denominador entre los agredidos: se trataba de integrantes de la Iglesia Bautista Fundamental La Gran Comisión.
Aquel 25, después de que su templo fuera cercado con alambres de púas y tras ser amenazados de linchamiento, decidieron huir a Huejutla, la cabecera municipal, en busca de que las autoridades hicieran justicia.
Este grupo de cristianos de dos comunidades indígenas náhuatl fueron desplazados desde entonces y, aunque había un acuerdo para que les permitieran volver a principios de octubre, de nuevo se encontraron con la escena de su cableado roto, pero ahora con sus viviendas saqueadas y la misma amenaza: si intentan volver, con machete en mano los esperarán.
El gobierno de Hidalgo, que ha mediado en el caso, ha matizado que la salida de 178 personas que desde abril han vivido en una cancha techada, se debe a diferencias al interior de la comunidad por faenas que los demás, de mayoría católica, les demandan, pero los miembros de la iglesia desplazada afirman que se trata de una persecución por intolerancia religiosa.
Asimismo, denuncian que integrantes han tenido el riesgo de linchamiento, al ser amenazados con el machete empuñado, que luego les han puesto en la nuca con la advertencia directa de que los matarán; también, hay antecedentes de posibles extorsiones, porque los han privado de su libertad y luego liberado a cambio de pagar “multas” de hasta 30 mil pesos, por las supuestas faenas incumplidas.
Incluso, una de las condiciones de retorno es el pago “en favor de la comunidad” de 294 mil pesos por concepto de faenas: 10 por el mismo número de habitantes de Rancho Nuevo y 18 por Coamila, que el ayuntamiento municipal comprometió pagar. La comunidad cristiana asegura que sí han cumplido las faenas en escuelas, jardines y centros de salud, pero no en los eventos y espacios católicos que les demandan.
El conflicto data desde 2015: las autoridades locales, regidas por usos y costumbres, prohibieron a los miembros de la minoría religiosa cultivar en sus propias tierras o darles un uso particular. Miembros han sido agredidos físicamente, incluido el caso de una mujer que fue atada a un árbol y, por golpes, tuvo heridas internas y hospitalización. Previamente, las campanas de la iglesia católica habían resonado para que el pueblo se congregara porque ella había ingresado a la propiedad que le pertenece, pero que le tenían prohibido. Ella acudió por el llamado de un vecino y en la agresión, presuntamente, participaron líderes comunitarios y religiosos católicos.
Mediante la fuerza, también han intentado que los miembros protestantes donen 10 de sus propiedades, además de que los han presionado no sólo para que aporten para las festividades religiosas católicas, sino para que participen de ellas, aunque son contrarias a su fe.
Todos los antecedentes son parte de un expediente que está en posesión del Poder Ejecutivo estatal; no obstante, la postura del gobierno estatal –ahora a cargo del morenista Julio Menchaca Salazar– ha sido que no hay intolerancia religiosa y ha reducido el caso a diferencias entre miembros de la misma localidad por faenas y participación comunitaria.
El 25 de abril, los líderes del pueblo cortaron la electricidad, destrozaron la iglesia y bloquearon el acceso a las casas de las familias. Primero, las víctimas, entre las cuales hay cerca de 70 niños, vivieron en un edificio municipal y, después, en un complejo deportivo.
Desde entonces, los miembros de la Gran Comisión han dependido de iglesias locales para conseguir alimentos y agua; para higiene personal, usan el río que atraviesa estas comunidades, lo cual ha detonado en infecciones en la piel y enfermedades.
La iglesia firmó un acuerdo de reincorporación al lugar del que fueron forzados a salir. Se llamó “acuerdo de paz” y fue signado el 19 de septiembre, en el que ambas partes se comprometían a respetar el derecho a la creencia religiosa y se permitiría el retorno de los desplazados.
En las negociaciones intervino el gobierno de Hidalgo, que comprometió finalizar el proceso penal en curso por desplazamiento forzado contra los responsables; además, dar a las víctimas la oportunidad de evaluar sus propiedades y la promesa de que accederían a programas de apoyo.
No obstante, al revisar las viviendas y el templo, encontraron daños desde las cerraduras rotas, hasta la falta de electricidad. Pese a que los miembros de la congregación reinstalaron el cableado, al día siguiente de que lo hicieron encontraron de nuevo que habían sido cortados.
El lunes 7 de octubre, por el acuerdo que medió el gobierno, un grupo pequeño de hombres acudió para reconocer las condiciones en las que estaban sus propiedades e intentar reparar los daños en víspera del retorno.
El martes regresaron con la intención de conectar la luz, pero vieron que los cables que habían colocado previamente estaban arrancados y cortados con objetos filosos. “De hecho, una bajada de luz la habían cortado de vuelta”, contó el pastor Rogelio Hernández Baltazar en mensajes enviados a congregaciones a las que ha pedido unirse en oración por la realidad que viven. Él insistió en que se trata de una congregación perseguida por la fe que profesan.
El lunes previo, habían constatado que los tinacos, en una región en el que el suministro de agua escasea, no estaban dañados –“los rotoplases estaban en buena condición”, aseguró el pastor–, pero al día siguiente estaban cortados con machetes. Cada uno tenía una cortada al centro que partía todo el plástico, hasta volverlos inutilizables. También, estaban vacíos y, de los que antes tenían agua almacenada, notaron que el líquido se había regado entre las construcciones de block, los pisos de tierra y la hierba crecida alrededor.
“Como el lunes que fuimos llegamos a la iglesia, fuimos a checar unos rotoplaces, la iglesia todavía estaba cerrada con las tablas, nomás se había aflojado, nosotros todavía alcanzamos a ver que las tablas fueron aflojadas de la puerta del templo, y los dos rotoplases estaban en buenas condiciones, uno negro y otro blanco, que son de los hermanos que han prestado para la iglesia (…) uno lo teníamos acondicionado para ocuparlo en la iglesia y otro lo tenía un hermano cerca de su casa, y pues esos rotoplases ya los habían dañado, los habían rajado con machete; además, cables robados, tablas robadas”, relató el ministro de culto. En esa inspección, añadió, constataron que su pozo también estaba cercado.
“Nuestra iglesia sigue cerrada, no hay buenas condiciones. La casa de un hermano, le han aumentado un candado, ora sí que lo están deteniendo para que no entre. No ha habido un buen resultado, una buena respuesta… Todavía se pusieron agresivos tres personajes, pero muy fuerte”, añadió.
Ellos tenían otra expectativa por el acuerdo, lo cual habían externado ante la congregación como una posibilidad de volver a sus hogares.
“El lunes, Dios permitió que vayamos al pueblo junto con las autoridades de aquí de Huejutla; unos representantes nomás (de la iglesia), y bajamos al pueblo de Rancho Nuevo y Coamila, y ya fuimos a conectar la luz de la instalación porque habían robado todos los cableados.
“El lunes no conectamos todo, conectamos nada más cinco casas porque ya fuimos tarde. Cinco casas nomás, y pues ya checamos las casas como están en sus condiciones; hay casas maltratadas, casas robadas, puertas maltratadas; hay puntos de vista de que no hay buenas condiciones (para volver)”, expuso Hernández, quien presenció que domicilios habían sido saqueados y en algunos les habían botado las chapas de acceso.
“Por esa razón, mis hermanos, nosotros seguimos aquí en el auditorio. Yo no quiero arriesgar a los miembros, a la familia de Dios”, afirmó el presbítero. Aunque consideró que la fe puede detonar persecución, creyó que es necesario evitar situaciones en las que se percibe riesgo.
Cuando él y un grupo reducido de miembros hizo la visita a las instalaciones, lo acompañaron funcionarios que constataron cuando fueron confrontados por pobladores durante el trayecto –algunos con machetes en mano–. Antes estas escenas y los daños que presenciaron en las viviendas, fue que decidieron no volver.
Los miembros de la iglesia temen que las amenazas se cumplan y que alguna persona sea privada de la vida, retenida nuevamente o que sufra alguna agresión.
En Hidalgo, aunque no reflejado con cifras de entidades gubernamentales, hay antecedentes de intolerancia religiosa y agresiones desde la postrevolución. El libro Martirizado en México relata la historia del misionero Ricardo García Casteñeda, asesinado en las montañas hidalguenses el 19 de octubre de 1952. El atentado ocurrió en los límites entre Tepehuacán y Tlahuiltepa, parte de municipios en los que García había fundado alrededor de 60 misiones e iglesias, de acuerdo con la publicación. La obra testimonial de Valente Hernández, editada por Oremex Ministries (2008), incluye narraciones de ataques y amenazas que sufrieron pobladores de la sierra y la huasteca hidalguense por la fe que profesaban.
Aunque el gobernador Menchaca Salazar ha declarado que continúa el diálogo para no llegar “a ningún extremo que exacerbe los ánimos”, con el fin de que los pobladores desterrados sean reintegrados a sus comunidades y se les garantice la seguridad, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, juzgó que por “deseo” los desplazados no vuelven. Funcionarios bajo su cargo tienen las evidencias gráficas de las condiciones en las que estaba el templo y las viviendas cuando los pobladores intentaron volver.
Por este caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ha iniciado, al menos, seis carpetas de investigación por despojo, daño en propiedad privada y discriminación por causa de la fe.
La iglesia La Gran Comisión tomó su nombre por un mandato que aparece en los evangelios de Mateo, capítulo 28, versículo 19: “Id, y haced discípulos a todas las naciones (…) enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”, y en Marcos 16:15: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. Los miembros afirman que fue su fe la que forzó su desplazamiento ante el riesgo de linchamiento, y creen que, si la justicia por el hombre no llega, en algún momento tendrán la justicia de Dios.
@axelchl
Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
Trump mantiene decision de imponer aranceles de 25% a México y Canadá, que podrían subir si estas naciones no hacen nada contra el fentanilo.
Ricardo "N", miembro de Los Chapitos, tenía videos de torturas y homicidios del grupo rival en su celular, además de armas de fuego y droga.
“Antes de que yo llegara a la oficina, la FAA reclutaba trabajadores con severos problemas intelectuales y psiquiátricos”, dice Donald Trump sobre las causas de la tragedia aérea en Washington.
