"La única razón por la que dejaría está responsabilidad como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta", dice la dirigente de Morena.
El actor de “La Oficina”, quien mandó a volar a Movimiento Ciudadano por usar su imagen sin autorización, se declara izquierdista sin partido. “Voté por Claudia, pero no soy incondicional de nadie, nomás de mis principios”.
Por ambigua, le sacan la tarjeta roja a la "Ley Censura" de Armenta. “El Pleno determinó que el tipo penal era ambiguo, pues utilizaba términos como ‘vigilar’, ‘hostigar’, ‘ofender’ o ‘intimidar’ sin explicar su alcance".
"Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”, reclama Fernando Bonilla a MC por el uso político de su imagen.
"La única razón por la que dejaría está responsabilidad como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta", dice la dirigente de Morena.
Gerardo Sosa Castelán, el exrector y exdiputado federal que ha mantenido el control político de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) desde finales de la década de 1970, enfrenta dos cargos más por posible corrupción.
"La única razón por la que dejaría está responsabilidad como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta", dice la dirigente de Morena.
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Se acumulan las acusaciones.
EMEEQUIS.– Mientras espera el juicio por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos –con un amparo en revisión que es su último recurso para no llegar a esa instancia–, Gerardo Sosa Castelán, el exrector y exdiputado federal que ha mantenido el control político de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) desde finales de la década de 1970, enfrenta dos cargos más por posible corrupción.
Se trata de defraudación fiscal equiparada, por la que ya fue vinculado a proceso –una resolución que también busca revertir con recursos jurídicos–, y peculado.
En los tres casos, el dinero provenía de la UAEH; en dos de ellos, participa una empresa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera fantasma –Contabilidad del Siglo XXI–, al no tener personal ni capacidad operativa para prestar servicios, además de que las supuestas dueñas –ya liberadas tras una estadía en prisión por cargos relacionados con el caso de lavado de dinero y delincuencia organizada por 58.2 millones– evidenciaron durante su proceso el uso indebido de su identidad y de sus firmas para acciones presumiblemente ilegales.
La última causa penal, 152/2025, es por probable peculado de 5.9 millones de pesos que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo recibió, como recursos federales, para gastos operativos relacionados con la función educativa y para el pago a personal docente, pero que fueron depositados a una casa de bolsa, un destino distinto a su objetivo por el que la Fiscalía General de la República (FGR) indaga malversación.
EMEEQUIS confirmó que en esta última causa penal, cuya audiencia estaba programada para enero, pero fue diferida, Sosa Castelán busca una salida alterna mediante acuerdo reparatorio.
Es sólo uno de los tres frentes abiertos para el líder de un grupo político que sobrevivió a la caída del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en uno de los estados que era de sus últimos bastiones y ha mantenido el dominio de una institución educativa pública por más de 40 años.
El caso por defraudación fiscal equiparada tiene su antecedente en la declaración normal del ejercicio 2017 que Gerardo Sosa Castelán presentó, a través de Internet, a las 18:28 horas del 8 de mayo de 2019. En el seguimiento que hacía por operaciones posiblemente indebidas, la UIF detectó que el político originario del municipio rural de Acaxochitlán, Hidalgo, no había dado cuenta de todos los ingresos que llegaron a sus cuentas.
Según la narrativa del caso, cuando Sosa supo que era investigado, habría hecho una declaración complementaria en la que sostuvo que la empresa Contabilidad del Siglo XXI le había hecho un préstamo. Para la Fiscalía General de la República, esto implicó un intento de engaño al fisco, así como a la autoridad ministerial, dadas las características de la firma como presunta entidad fachada, cuyo aparente uso era la sustracción de recursos que pertenecían a la universidad estatal y, posteriormente, la movilidad de ese dinero a cuentas ligadas a la familia del jefe político y a personas cercanas.
Sosa presentó, igualmente por Internet, una declaración complementaria para 2017 el 9 de julio de 2020, pero la FGR detectó que en aquel supuesto préstamo no hubo pago o retorno del dinero hacia Contabilidad del Siglo XXI, por lo que presumió que se trató de una simulación.
Con base en la causa penal 152/2025 a la que EMEEQUIS tuvo acceso, Gerardo Sosa Castelán fue vinculado a proceso el 14 de enero de 2024 por defraudación fiscal, en la hipótesis de “quien, con uso de engaños, omita el pago total de algunas contribuciones con perjuicio del fisco federal”.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el engaño se justificó con un supuesto contrato con interés que Sosa Castelán firmó el de 10 de enero 2017 con la apoderada legal de “Contabilidad Siglo XXI Pachuca”, para que éste recibiera una transacción por 16 millones 440 mil pesos, por un aparente préstamo.
Es la misma empresa, presuntamente de papel, ligada a otro posible caso de corrupción por el que el líder del denominado Grupo Universidad está a espera de juicio: la causa penal 263/2020, en la que la FGR denominó, inicialmente, a Sosa Castelán como el jefe de una organización delictiva que sustrajo 58.2 millones de pesos de la UAEH a través de un esquema de triangulación entre personas físicas y morales.
En esa dispersión, también participó Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo S.A de C.V., una empresa cuyo accionista mayoritario es el hermano de Gerardo, Óscar Damián Sosa Castelán, excontendiente por Morena a la presidencia municipal de Tulancingo (2020), y actual Comisionado de Asuntos Electorales en Hidalgo del Partido del Trabajo (PT), un instituto político que controla este grupo, el cual también conocido como La Sosa Nostra,
Para la fiscalía, el contrato por el supuesto préstamo es simulado, ya que la apoderada de dicha empresa afirmó que nunca trabajó en ésta ni recordaba haberlo suscrito; además, la FGR sostiene que no se acredita que los depósitos recibidos por Sosa Castelán provengan de dicho contrato; más, porque “la sociedad Contabilidad Siglo XXI Pachuca no tuvo ingresos ni expidió CFDIs, en los ejercicios de 2016, 2017 y 2018”.
Por la transacción –aunque en apariencia no acreditada, insiste la FGR–, el monto del Impuesto Sobre la Renta que Sosa Castelán omitió ascendería a 5 millones 425 mil 218.81 pesos. Es decir, el líder del Grupo Universidad ampara la recepción del dinero con un supuesto préstamo, pero, de ser así, él estaba obligado a pagar ISR, y no lo hizo.
Al saber que se perseguía un delito en su contra, Sosa presentó una declaración complementaria. Para la FGR, los 16 millones 440 mil pesos del contrato son parte de “un engaño”, más la cantidad de 230 mil 889.48 pesos tampoco justificados, lo cual suma 16 millones 670 mil 889.48 pesos de “ingresos acumulables no aclarados” lo que “causó un perjuicio al fisco federal 5 millones 425 mil 218.81 pesos”. Por todo lo anterior, la Fiscalía consideró que existen datos que justifican el delito.
Asimismo, el agravante fue que al pagar después de saber que había un proceso en su contra, Sosa lo habría hecho de manera dolosa, buscando engañar, penado en el Código Penal Federal.
Por lo tanto, el cargo que Sosa Castelán enfrenta es por el delito de defraudación fiscal equiparada previsto en el artículo 109 fracción I, y sancionado en la fracción III, del 108 ambos del mismo ordenamiento.
La defensa de Sosa acusa que no hay una causa legal que funde y motive el procedimiento, y centra en un supuesto acto omitido su reclamo para revertir la vinculación a proceso: la querella.
“Es un requisito de procedibilidad, consistente en la expresión formal de la voluntad del legitimado para ello, a efecto de que se investigue el hecho y se sancione al o los responsables de cometerlo, requisito sin el cual no se puede iniciar la investigación inicial, ni someter a una persona a un proceso penal y menos que el ministerio público pueda ejercer acción penal”, argumentó la defensa de Sosa Castelán en un requerimiento de amparo.
Esa querella –insistió– debía ser formulada por los asesores jurídicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque esta instancia es la víctima de la defraudación.
Los abogados, que han intentado revocar la vinculación a proceso mediante este argumento, insisten en que la querella “deberá formularse por la propia Secretaría (de Hacienda) por medio de sus áreas facultadas para ello, y de manera inexorable, deberá acompañarse a la querella la cuantificación del perjuicio fiscal establecido en un Dictamen Técnico Contable del Servicio de Administración Tributaria, por lo que de no existir una cuantificación de daño o perjuicio fiscal al momento de presentar la querella, no se puede tener por satisfecho dicho requisito de procedibilidad, ya que precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no puede conocer si se ha o no cometido un delito en materia fiscal”.
En el caso sí se presentó una querella mediante el oficio número 529-V-DGDF-0184/2020 del 19 de marzo de 2020, pero, a consideración de la defensa de Sosa, no reúne los requisitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. El documento fue firmado por el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación e incluyó un documento denominado opinión contable, del 4 de noviembre de 2019, en el que se emite un monto como supuesto perjuicio fiscal.
En la secuencia del proceso revisada por EMEEQUIS está que el 24 de marzo de 2020 se inició la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF- HGO/0000450/2020 en la Fiscalía General de la República.
Esta incluye la querella presentada mediante oficio 529-V-DGDF-0l84/2020 del 19 de marzo de 2020, y recibida en la FGR el 20 de marzo de 2020.
Esa querella tiene como referencia la opinión contable emitida (oficio 040/2019) el 4 de noviembre de 2019, suscrita por los contadores públicos José Gilberto Martínez Rosas Landa y Juan Eduardo Martínez Moctezuma, adscritos a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el objeto de establecer un aparente perjuicio al fisco federal.
Sin embargo, la defensa de Sosa se mantiene en que se requería el Dictamen Técnico Contable por parte del Servicio de Administración Tributaria y, desde su perspectiva, de no contar con éste, la querella carece de validez legal.
En la misma causa penal existe una querella presentada en la carpeta de investigación (oficio número 529-V-DI-I-563/2024 de 16 de agosto de 2024), suscrita por el director de Investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Diego Mauricio Ríos Esquivel, denominada “ampliación y/o modificación de querella”, la cual, según la defensa del político, “es ilegal”, porque “no cuenta con un Dictamen Técnico Contable emitido por el Servicio de Administración Tributaria”, sino como una “opinión contable”.
La propia defensa de Sosa presentó un peritaje particular en materia contable en el que la perito Leslie del Carmen Morales Alejandro observa que en la opinión contable que acompañó la querella “no señala el ejercicio fiscal al que correspondería el supuesto perjuicio fiscal causado”.
“Dicha omisión no es un detalle menor, sino un vicio sustancial que impide identificar el marco temporal de la supuesta conducta infractora”, afirmó la perito particular; por ello, consideró que la opinión pericial que refiere la posible defraudación fiscal de Sosa Castelán debe quedar “completamente indeterminada y jurídicamente inoperante”.
En seguimiento a esta narrativa, los abogados de Gerardo Sosa Castelán argumentan que no hay pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señala como delito; además, que se viola el derecho humano a la presunción de inocencia de quien tiene el control político de la UAEH desde finales de la década de 1970.
“En el caso de que el Servicio de Administración Tributaria no ejerza las facultades de comprobación en contra de un contribuyente, de ninguna manera se puede considerar algún incumplimiento de obligaciones fiscales”; insisten; en ese sentido, dice la defensa, “que la Procuraduría Fiscal de la Federación puede realizar facultades de comprobación para determinar un perjuicio o daño al fisco federal es ilegal” y, por ende –desde su razonamiento–, también la vinculación a proceso.
Los defensores de Sosa han buscado revertir la vinculación a proceso por el supuesto fallo procedimental, sin centrarse en la legalidad de las operaciones bancarias y la posible realidad de Contabilidad del Siglo XXI, una firma que, según la FGR, carecía de empleados y de capital real al momento de su fundación en 2011, y que habría operado principalmente como un vehículo para transferencias ilícitas.
En octubre de 2025, un juez de distrito en Hidalgo determinó no vincular a proceso por defraudación fiscal a quienes, en el papel, son las socias fundadoras de la empresa (Luisa N. y María N.), tras argumentar que la FGR violó el secreto bancario durante la obtención de pruebas. No obstante, las mujeres afirmaron en el curso del proceso no sólo que nunca manejaron una firma de contabilidad o de cualquier otro giro, sino que no hicieron transferencias bancarias y que tampoco otorgaron un préstamo “al señor Gerardo Sosa Castelán”, como quedó registrado en memorias de audiencias y testimoniales.
“Son las diez con tres minutos, en fecha 25 de septiembre del año 2024; en la sala número uno del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en el municipio de Almoloya de Juárez, Altiplano, se llevará a cabo la audiencia dentro de la causa penal 263/2020, presidida por (el de la voz) el juez Gregorio Salazar Hernández…”.
Así comenzó una audiencia irregular con la que quien ha controlado a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo recuperaría su libertad indebidamente, pero no de manera definitiva.
En Sosa Castelán, “la prueba 39” que indebidamente lo dejó sin cargos de lavado y crimen organizado, EMEEQUIS dio cuenta en abril de 2025 de cómo un tribunal federal revocó la decisión del juez Gregorio Salazar Hernández, quien había sobreseído parcialmente los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada contra Gerardo Sosa Castelán, exrector de la UAEH (causa penal 263/2020). La resolución ordenó continuar con el juicio oral y determinó que el juez valoró indebidamente pruebas clave, como el testimonio de un perito contable. Además, se instruyó que se investigara la actuación del juzgador por posibles irregularidades en favor del acusado.
De nueva cuenta, la defensa de Sosa se inconformó con esa resolución y apeló, pero el 21 de noviembre de 2025 el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito con sede en Toluca, Estado de México, determinó negarle el amparo y protección de la justicia federal solicitada al político hidalguense, al reafirmar que el juez de control Gregorio Salazar incurrió en valoraciones indebidas que facilitaron la libertad de Sosa, además de ratificar la decisión del Tribunal de Alzada.
La magistrada Sara Olimpia Reyes García, integrante del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, en su carácter de instructora, ante Irene Pérez Godoy, secretaria proyectista de tribunal, expuso en su resolución que el juez Gregorio Salazar permitió en una audiencia fuera de tiempo (25 de septiembre de 2024) el desahogo de una testimonial favorable a Sosa, a cargo del contador público Juan Carlos Villalobos Vázquez. Con lo anterior, confirmó que hubo una valoración anticipadamente de una prueba que la defensa del acusado ofertó para la etapa de juicio oral.
“Es acertado y debidamente sustentado por el Tribunal de Alzada que determinara fundados los argumentos de la fiscalía federal (que fue la que se inconformó con la absolución para el político) y, por tanto, procedente revocar la audiencia de 25 de septiembre de 2024, al advertirse que el juez de control carecía de facultades para resolver ese planteamiento.
“Ello, se corrobora con las diversas actuaciones que en cada una de las precisadas etapas del procedimiento penal se realizaron, que de manera enunciativa son la presentación de acusación del Ministerio Público Federal (27 de mayo de 2021), el auto de apertura a juicio (5 de junio de 2023), el diverso por el que se ordena turnar los autos al Tribunal de Enjuiciamiento (12 de septiembre de 2023) y la solicitud de la audiencia a juicio (15 de abril de 2024)”, dice el fallo.
Es decir, todas estas etapas en el juicio ya habían transcurrido cuando se llamó a una audiencia en la que indebidamente se valoraron pruebas y se tomaron decisiones para liberar a Gerardo Sosa Castelán.
Tras la decisión del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito con sede en Toluca (21 de noviembre de 2025), la defensa del líder del Grupo Universidad promovió, nuevamente, la revisión de un amparo ante los magistrados de apelación del Poder Judicial Federal, con sede en Toluca, por lo que éste se encuentra en el Colegiado de Apelación.
Se trata del último recurso con el que Sosa busca no ir a juicio por el caso de delincuencia organizada y el supuesto blanqueo de 58 millones 245 mil 948 pesos que alguna vez llevó al jefe máximo de la UAEH a pisar la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, hasta antes de los cambios de medidas cautelares por las cuales actualmente lleva su proceso en libertad.
El líder político igualmente espera una audiencia, y busca un acuerdo, por un cargo por peculado de 5.9 millones de pesos (causa penal 152/2025); es dinero que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo recibió de la Secretaría de Educación Pública en 2018 para gastos operativos relacionados con la función educativa, que fueron transferidos a Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V.
En ese momento, Gerardo Sosa Castelán era el presidente del Patronato de la UAEH, organismo encargado, por estatuto, del manejo financiero de la casa de estudios.
En ese proceso igualmente están indiciados Adolfo Pontigo Loyola, rector en el momento en el que los recursos fueron recibidos y posiblemente malversados, así como Estela Galindo Ortega, directora de Recursos Financieros, y Gabriela Mejía Valencia, coordinadora de la División de Administración y Finanzas de la UAEH en 2018.
La investigación inició con la auditoría 161-DS practicada a la UAEH por los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales que recibió en 2018. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el uso para un fin distinto del dinero enviado a la casa de estudios y, tras fenecer el plazo para justificar observaciones, y sin que esto sucediera, dio parte al Ministerio Público de la Federación.
La FGR confirmó que al menos 5 millones 923 mil 880.29 pesos pasaron de la Tesorería de la Federación al gobierno de Hidalgo, de esta instancia a la universidad y del órgano autónomo a Actinver Casa de Bolsa para un fondo de inversión no considerado en los objetivos por los cuales la UAEH recibió los recursos federales. De igual forma, la Fiscalía investiga quiénes son los beneficiarios finales de los rendimientos financieros y la trazabilidad de los recursos.
Mientras los procesos suceden, el Grupo Universidad o La Sosa Nostra ha mantenido el control político de la Autónoma de Hidalgo –como desde hace más de 40 años–; asimismo, ha conseguido diputaciones federales y estatales, así como presidencias municipales, por medio del Movimiento de Regeneración Nacional, al que sus integrantes se adhirieron en la coyuntura de la tercera candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador y, actualmente, después de diferencias en los procesos electorales 2022 y 2024 con Morena, los Sosa Castelán controlan la franquicia de otro aliado de la “transformación nacional”: el Partido del Trabajo.
Son tres casos en los que patrimonio de la UAEH presuntamente se utilizó de manera indebida; en dos de ellos, presuntamente terminó en cuentas de Gerardo Sosa, de acuerdo con el rastreo de la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
@axelchl
"La única razón por la que dejaría está responsabilidad como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta", dice la dirigente de Morena.
El actor de “La Oficina”, quien mandó a volar a Movimiento Ciudadano por usar su imagen sin autorización, se declara izquierdista sin partido. “Voté por Claudia, pero no soy incondicional de nadie, nomás de mis principios”.
Por ambigua, le sacan la tarjeta roja a la "Ley Censura" de Armenta. “El Pleno determinó que el tipo penal era ambiguo, pues utilizaba términos como ‘vigilar’, ‘hostigar’, ‘ofender’ o ‘intimidar’ sin explicar su alcance".
"Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”, reclama Fernando Bonilla a MC por el uso político de su imagen.
