Actualización de las investigaciones sobre el incendio de Waldo's: entre los hallazgos más relevantes hasta el momento, se ha identificado el uso de documentación apócrifa, así como de un documento en particular que fue utilizado para realizar trámites oficiales y cuyo contenido no coincide con la realidad, informó la Fiscalía.
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En el feminicidio de Rosaura autoridades se exoneran a sí mismas
Autoridades de Hidalgo determinan que nadie fue culpable de liberar a quien después se convertiría en asesino de Rosaura, a pesar de las denuncias por amenazas previas.
Actualización de las investigaciones sobre el incendio de Waldo's: entre los hallazgos más relevantes hasta el momento, se ha identificado el uso de documentación apócrifa, así como de un documento en particular que fue utilizado para realizar trámites oficiales y cuyo contenido no coincide con la realidad, informó la Fiscalía.
EMEEQUIS.– Las autoridades responsables del resguardo y protección de Rosaura, una joven de 25 años, víctima de feminicidio en Hidalgo el pasado 5 de febrero por un expolicía liberado de prisión a quien ella había denunciado dos veces por privación ilegal de la libertad y violencia familiar, determinaron que no hubo fallo en sus actuaciones, tras procedimientos internos de investigación.
Con ello, oficialmente no hay ninguna responsabilidad para trabajadores de la administración pública estatal y municipal, así como del Poder Judicial, que en el ejercicio de sus funciones actuaron, dejaron de hacerlo o tomaron decisiones que afectaron a la víctima.
El Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH) confirmó que la investigación administrativa por el proceso de juicio en el que la jueza Janett Montiel Mendoza decidió liberar a Marco Antonio M. G., a la postre el feminicida de Rosaura, concluyó con un resultado definitivo: no hubo irregularidades administrativas en cuando a cómo se desarrolló el juicio en sus etapas.
El 15 de noviembre de 2024, a la una de la tarde en el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) ubicado en la capital hidalguense, Montiel Mendoza determinó suspender condicionalmente un primer proceso por privación ilegal de la libertad y violencia familiar en contra del entonces policía en activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma.
El oficial había sido detenido y puesto a disposición del ministerio público el 13 de octubre. Al día siguiente ingresó al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca y el 21 fue vinculado a proceso. No obstante, con la decisión de la jueza Janett Montiel obtuvo su libertad inmediata.
El presunto asesino.
De acuerdo con la causa penal 1508/2024, la representante del Poder Judicial puso como condición que se girara un oficio al municipio en el que Marco Antonio trabajaba para que “no prestara sus servicios como policía cerca del domicilio de la víctima”, también acordó una reparación de daños y que se le asignaran medidas cautelares. Rosaura se opuso. Pidió apoyo y protección a las autoridades, porque dijo que temía un nuevo ataque; asimismo, describió a su expareja como violento y peligroso.
Para este dictamen, el PJEH especificó que la revisión y análisis para identificar si hubo alguna falla no entró en el fondo del asunto, por la libertad de decisión que tienen los jueces; es decir, su autonomía para fallar en los casos que les son sometidos, basándose en su interpretación de la ley y los hechos que les presentan.
La jueza que lo liberó.
Para este asunto, iniciado en la Unidad de Responsabilidades del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), la revisión fue de los procedimientos, en los cuales la instancia inspectora determinó que no hubo fallas. Se refiere a que en la presentación y desahogo de pruebas, los alegatos, la decisión de liberar al agresor, entre otras, se hicieron sin faltar administrativamente a lo que un juez debería realizar; en otros términos, a los protocolos, sin entrar, insistió la instancia, al análisis de la determinación.
El feminicidio de Rosaura ocurrió en la localidad de Azoyatla. Aunque es parte del municipio de Mineral de la Reforma, este enclave semiurbano linda con la ciudad de Pachuca. Cuando la policía acudió tras un llamado de emergencia el 5 de febrero a las 7:30 de la mañana, encontró tres cuerpos sin vida (el de Rosaura, su mamá y un hermano) y dos heridos de gravedad que fueron trasladados a un hospital (su padre y otro hermano).
Erróneamente, el municipio y la policía estatal (ambos parte de un mando coordinado) presentaron una cifra de cuatro muertos, sin corregir en los días siguientes.
El presunto responsable, Marco Antonio M. G., fue detenido el mismo 5 de febrero en un operativo carretero y, de acuerdo con la versión del secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, cuando se vio “acorralado” intentó degollarse. El ayuntamiento de Mineral de la Reforma, en tanto, sostuvo que desde el 19 de noviembre el agente había se había separado de sus funciones, por una renuncia que presentó tras abandonar la cárcel de Pachuca y ser notificado del inicio de un proceso administrativo, que ya no se llevó a cabo.
Pero antes de ese ataque, Rosaura había sufrido una segunda agresión denunciada, por la que se inició una nueva carpeta por violencia familiar equiparada: En esa causa penal, 1689/2024, desde el 14 de noviembre de 2024 se solicitó al Poder Judicial fecha y hora para la audiencia inicial, que había sido programada para el 27 de enero. Sin embargo, a petición de la defensa del expolicía se aplazó para el 10 de marzo de 2025, fecha a la que Rosaura ya no llegó.
No tenía por qué morir.
Después del feminicidio y de que se dieron a conocer las decisiones de Montiel Mendoza y los antecedentes de violencia en agravio de Rosaura, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) validó que la decisión de la jueza de suspender condicionalmente el primer proceso había sido correcta, al afirmar que ni el ministerio público ni la joven se opusieron a ello, además de considerar que Janett Montiel no tenía ninguna motivación para no aceptar la solicitud de la defensa de Marco Antonio.
El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, afirmó que, tras revisar el desarrollo de aquella audiencia, corroboró que Rosaura y el ministerio público se opusieron a la liberación de Marco Antonio M.G.
Al asegurar que la representación social que debía defender a la víctima no se opuso a que el proceso se suspendiera condicionalmente y, con ello, el agresor de Rosaura fuera liberado, el Poder Judicial sugirió responsabilidad por parte del ministerio público.
La PGJEH, por su parte, informó que su visitaduría revisó las actuaciones del personal que actuó en la audiencia y debido a que “no se encontraron irregularidades”, no inició ninguna carpeta de investigación. Asimismo, añadió que de manera externa (por parte de la defensa de Rosaura o las víctimas indirectas) no hubo queja alguna contra personas agentes del MP.
A estas resoluciones se suma la de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), la cual había determinado que no hubo fallas por parte de la Unidad de Medidas Cautelares, que tenía asignada la protección de Rosaura. Ella y sus familiares fueron atacados en su domicilio y el caso sumó antecedentes de amedrentamientos y posibles violaciones a la restricción que Marco Antonio M. G. tenía para acercarse a la víctima.
En tanto, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma respondió que consideró cerrada la relación con su exagente en el momento en el que éste presentó su renuncia.
El 6 de febrero, un día después del multiasesinato en Azoyatla, durante el evento denominado “Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo” que se llevó a cabo en Pachuquilla, Mineral de la Reforma, una excompañera de trabajo de Rosaura narró que ella presenció varias intimidaciones por parte de Marco Antonio, quien “siempre portaba el uniforme” de la corporación, además de amedrentarla a bordo de patrullas, acompañado de policías en activo.
“A mí me tocó ver el miedo, a mí me tocó estar con ella cuatro, cinco ocasiones que (Rosaura) salía de trabajar y estaba la persona vestida de policía municipal en su camioneta particular e incluso en las patrullas de Mineral de la Reforma. Yo lo vi. Yo lo presencié”, denunció la joven –ambas eran trabajadoras en un Walmart–, además de referir que, en esos momentos, las alertas de emergencia no funcionaron y que el 26 de enero –nueve días antes del ataque letal– Marco Antonio se llevó de nuevo a Rosaura, contra su voluntad, al municipio de Apan.
“Me tocó llevarla tres cuatro veces a su casa y toparnos en el camino a la persona. Me tocó escuchar las llamadas telefónicas cuando él la cerraba en el camino e intentaba llevársela”, añadió, ante una pléyade de autoridades que escuchaban el testimonio fragmentado por el llanto.
El alcalde morenista Eduardo Medécigo expuso entonces que era un dicho por el que no se presentaron evidencias. El municipio también fue cuestionado si inició un procedimiento para indagar esta posible responsabilidad (el uso de patrullas y uniformes, así como el acompañamiento de excompañeros de la corporación en los momentos en los que la víctima fue hostigada y perseguida), pero hasta el cierre de esta edición EMEEQUIS no recibió respuesta.
El juicio contra Marco Antonio M. G., quien enfrenta cargos por feminicidio, homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa, se encuentra en investigación complementaria. Luego de cuatro meses de investigación ordenada por el juez en la vinculación a proceso, que vencieron este junio, se solicitaron dos más para completar la indagatoria.
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