Desapariciones forzadas: los gobiernos locales de Morena señalados 

Cuatro personas fueron declaradas culpables por el delito de desaparición forzada de personas cometido en contra de la activista Claudia Uruchurtu Cruz. Entre los imputados (dos hombres y dos mujeres) se encuentra la ex edil morenista de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, Lizbeth Victoria Huerta. Foto: Carolina Jiménez / Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 27 de marzo el informe de desaparecidos en el país. Al exponer el documento, dijo que su gobierno trabaja para atender la problemática: 

“Ahora de estas 43.000, ¿cuántas personas fueron reclutadas por la delincuencia organizada?, ¿cuántas personas sencillamente tuvieron un problema familiar y no quieren que sean encontradas o alguna otra razón para su desaparición? Pues como no tenemos toda la información, lo que ahora la ley nos exige es que todas esas personas que se registran como ‘desaparecidas’ tengan necesariamente una carpeta de investigación en la Fiscalía”. 

En este universo de datos sobre desapariciones, existen las desapariciones forzadas, es decir, perpetradas por fuerzas gubernamentales o por grupos bajo el amparo del gobierno. En ese sentido, varios gobernantes y funcionarios de Morena se han visto involucrados en este tipo de casos. 

Uno de los más notorios recae en la morenista Lizbeth Victoria Huerta, exalcaldesa de Nochixtlán, quien fue acusada y sentenciada por desaparición forzada, junto a trabajadores del ayuntamiento que presidía. La víctima fue la activista Claudia Uruchurtu Cruz, quien antes de ser asesinada desapareció el 26 de marzo de 2021. 

Aunque la alcaldesa morenista también fue encontrada culpable por desaparición forzada, su sentencia fue reducida tras la reclasificación del delito, a sólo obstrucción de la justicia, por lo que tuvo que pasar en prisión cuatro años y dos meses. Fue liberada en diciembre pasado, según constataron medios locales y nacionales. 

Estas acciones contrastan con el discurso institucional mientras ella era edil. Un informe presentado por la alcaldía de Nochixtlán en 2020, un año antes de que ocurriera la desaparición de la activista, se afirmaba que:

“Para abatir el flagelo de la violencia feminicida, la Ley General antes referida estableció la Alerta de Violencia de Género (AVGM) contra las mujeres como el mecanismo de coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno, a fin de implementar medidas de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.

El 5 de febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso el estudio del amparo presentado por la familia de la activista Claudia Uruchurtu.

A la fecha, no hay registro de expulsión de esta militante por parte de las filas de Regeneración Nacional. Hoy, una de las operadoras políticas de la exalcaldesa, Tania Caballero Navarro, es diputada local en Oaxaca.

MÁS CASOS LOCALES: DE LA CDMX A GUERRERO, VERACRUZ Y TABASCO

Otro de los gobiernos locales que vivió un caso de desaparición forzada fue la Ciudad de México, precisamente durante la administración de Sheinbaum en la capital. Ocurrió también en 2021: José Alberto Serna Rojas desapareció el 4 de septiembre, luego de que tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo detuvieron tras una discusión con su expareja, tras violar una orden de restricción. 

La investigación determinó que los agentes lo golpearon, lo privaron ilegalmente de la libertad y ocultaron su cadáver en lugar de presentarlo ante las autoridades. Los tres expolicías, Óscar Ubaldo, José Ángel y Francisco Javier, fueron detenidos poco después y, en junio de 2024, cada uno recibió una sentencia de 60 años de prisión por este delito.

Inicialmente hubo órdenes de aprehensión contra al menos cuatro elementos, pero al final se condenó a estos tres de forma firme.  

Según los reportes, los policías golpearon a la víctima hasta matarla y ocultaron el cuerpo en el Bosque de Chapultepec. En un principio los uniformados negaron haber participado en el secuestro, pero el GPS de sus patrullas los ubicó en la escena donde fue encontrado el cadáver.

El “Protocolo general de actuación policial de la SSC” sólo menciona en una ocasión de desaparición forzada, con pocos candados para evitar la mala actuación de los elementos policíacos. 

“El personal policial deberá iniciar el Registro de detención que tiene como objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada. El mismo se inicia de forma inmediata por el personal policial, en el momento en que la persona detenida se encuentre bajo su custodia, mediante la solicitud de folio comunicándose vía radio a la base Control del Registro de Detenciones (CRED) para que esta a su vez realice la inscripción en el Registro Nacional de Detenciones (RND), y otorgue el folio correspondiente”. 

Este crimen ocurrió bajo la administración de Omar García Harfuch, quien también tiene señalamientos por participar en el encubrimiento del caso Ayotzinapa, aunque siempre lo ha negado.

Según documentos presentados por El País, el nombre del hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadano estaba presente en las primeras reuniones federales y locales por el caso, compartiendo espacio con Tomás Zerón, quien actualmente se encuentra prófugo en Israel, a pesar de estar públicamente señalado como implicado en la desaparición. 

García Harfuch lo negó.

Otro de los casos más paradigmáticos de desaparición forzada en la Ciudad de México, también ocurrido durante el mando de Harfuch, ocurrió en 2023, en Tlalpan. La CNDH narra los hechos: 

“Luego de acreditar violaciones graves al derecho a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal, por la desaparición forzada de tres personas en la comunidad de Topilejo, perteneciente a la alcaldía Tlalpan en la CDMX, en la que participaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), y tras comprobar violaciones a la seguridad jurídica, al derecho a la verdad y a la procuración de justicia, cometidas por personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 110VG a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al Comandante de la GN, así como, a las personas titulares de la SSC-CDMX y de la FGJCDMX”. 

A la fecha, los mandos implicados en estas acciones no han sido identificados ni destituidos. Según la Plataforma Nacional de Transparencia y el registro de funcionarios sancionados, no hay procedimientos abiertos a raíz de esta recomendación, aunque el archivo está registrado en la SSC de la CDMX. 

El caso generó protestas de comuneros que bloquearon la autopista México-Cuernavaca exigiendo justicia, y ha sido señalado como ejemplo de la posible colusión entre autoridades y grupos del crimen organizado en una región controlada por cárteles, donde el bosque del Ajusco se ha convertido en un sitio recurrente para el ocultamiento de restos humanos. A pesar de las investigaciones, el hecho ha sido utilizado para denunciar la impunidad en desapariciones forzadas en la zona sur de la capital, donde colectivas de buscadoras continúan localizando osamentas en barrancas y miradores de Topilejo años después.

EL CASO DE TAXCO, COYUCA Y COATEPEC

En otro caso local, está el alcalde Mario Figueroa Mundo, exalcalde de Taxco, señalado por desaparición forzada y prófugo desde el año 2024. Él participó en elecciones internas de Morena y posteriormente se unió a Movimiento Ciudadano. 

Dos de sus hijos y varios policías municipales están presos por delitos relacionados con el narcotráfico en la región: la desaparición de Rodrigo Guisado Popoca el 23 de junio de 2024. Figueroa Mundo está señalado de tener vínculos con la Familia Michoacana. Durante su administración, en agosto de 2024 fueron detenidos 10 policías municipales por secuestro y desaparición forzada, acusados de formar parte del grupo criminal. 

El 6 de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero confirmó la detención de Román N, elemento activo de la Policía Preventiva de Taxco de Alarcón, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de Guisado Popoca.

Román N está implicado en la desaparición de Rodrigo Fosado. 

Su hijo mayor, Mario Figueroa, fue vinculado a proceso por una desaparición forzada en Cuernavaca junto con un integrante de La Familia Michoacana, mientras que Marco Figueroa fue detenido por narcomenudeo, aunque también se le menciona en casos de desapariciones. Las investigaciones indican que Figueroa Mundo y su círculo utilizaban la policía municipal para realizar detenciones ilegales y desapariciones en complicidad con el crimen organizado.

Según la organización Biomex en su informe sobre desaparición forzada en Guerrero, publicado en 2025, muestra la grave crisis de desaparición forzada en varios municipios del estado. 

En otro de los municipios de Guerrero, Coyuca de Catalán, registró uno de los casos de desaparición forzada más sonados. El 14 de agosto de 2020 ocurrió un caso documentado seguido de ejecución extrajudicial en el que elementos del 34 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron señalados como responsables. 

Según la recomendación 82VG/2022 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), testigos presenciales declararon que personal militar persiguió con armas largas a una persona que circulaba en motocicleta, escucharon detonaciones y posteriormente observaron cómo la víctima era subida a una camioneta militar. Esa misma noche, un campesino de la zona encontró el cuerpo calcinado de la persona, lo que confirmó su privación ilegal de la libertad y posterior homicidio. 

Otro caso más ocurrió durante la administración del alcalde morenista Raymundo Andrade Rivera en Coatepec, Veracruz, ocurrió en diciembre de 2022, que involucró directamente a la Policía Municipal. Actualmente, el alcalde terminó su gestión sin enfrentar consecuencias. 

César David “N” fue detenido el 27 de diciembre de ese año e ingresado a los separos de la corporación. Según la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la víctima fue torturada y nunca salió con vida del centro de detención.

Vinculan a proceso a Judith N ex médica legista de Coatepec por desaparición forzada de Cesar David N.

La médica legista Judith “N”, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, falsificó la boleta de liberación para simular que había sido liberado por su propio pie y encubrir así su desaparición. Por este hecho, la fiscalía la vinculó a proceso por desaparición forzada.

Autoridades y medios locales señalan que el alcalde Andrade Rivera tuvo conocimiento de los hechos. El caso se enmarca en acusaciones de tolerancia o protección a prácticas irregulares en una zona con presunta infiltración de grupos criminales, y ha sido utilizado para cuestionar la falta de rendición de cuentas en esa gestión morenista. Hasta la fecha, César David “N” permanece desaparecido. 

Alcalde Raymundo Andrade Rivera. Su administración correspondió al periodo 2022-2025 

Por si fuera poco, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz tiene una acusación abierta por desaparición forzada. Aunque no está relacionado con los gobiernos de Morena, habla del ambiente de impunidad en el estado. Según información de la CNDH, la institución de justicia rechazó la recomendación  número 099/2024 “ emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad federativa, por violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, a la verdad y a ser buscado en agravio de V, RVI, VI1 y VI2, por la omisión de investigar con la debida diligencia la desaparición de V atribuible a dicha Fiscalía”.

HERNÁN BERMÚDEZ, LÍDER DE LA BARREDORA

Otro de los casos locales que han afectado la reputación de Morena es el de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López. Bermúdez fue señalado por encabezar el grupo criminal “La Barredora”, a quien se le adjudican varias desapariciones forzadas ejecutadas por la policía estatal. Hay un proceso en concreto contra el “Comandante H” por este crimen. 

Bermúdez Requena fue vinculado a proceso en abril de 2026 por el delito de desaparición forzada de personas, enfrentando una posible condena de hasta 60 años de prisión. 

Familias de víctimas denuncian que decenas de personas fueron desaparecidas por este grupo, que presuntamente funcionaba con protección y colusión desde las instituciones estatales entre 2019 y 2024. Bermúdez fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y permanece en prisión preventiva en el penal federal de El Altiplano, donde también enfrenta cargos por asociación delictuosa, secuestro agravado, extorsión y peculado. Este caso es uno de los más graves que involucra directamente a un alto funcionario de un gobierno morenista en desapariciones forzadas.

@emeequis