Agentes descubrieron por los narcocorridos y redes sociales como Youtube y Spotify de dos capos y de su círculo rojo: rutas del trasiego de droga, alianzas criminales y quién sería el próximo al mando.
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Señalan que faltaron cateos, líneas de investigación y funcionarios por judicializar, aún existiendo elementos suficientes, además de acusar a la FGR de filtrar información al crimen organizado.
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Ejército adjudica 270 MDP a una empresa ligada a investigaciones por tráfico de armas en Colombia. Armor Life Lab no solo se retrasó en las entregas, sino que las placas balísticas que llegaron a la Defensa Nacional fueron importadas de China.
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Se han identificado graves incumplimientos por parte de la empresa. Foto. Cuartoscuro.
EMEEQUIS.– La Secretaría de la Defensa Nacional adjudicó 270 millones de pesos a Armor Life Lab, filial en México del conglomerado colombiano Grupo Indumil, dirigida por John Mauricio Valbuena Bonilla, un nombre que desde hace años flota en investigaciones por tráfico de armas y desviación de explosivos hacia grupos criminales en su país.
En julio, mientras el general Ricardo Trevilla Trejo tomaba el control de la Secretaría de la Defensa Nacional para el actual sexenio, en los pasillos de la dependencia se firmaba un contrato problemático: LA-07-113-007000998-T-69-2025. El 18 de julio, la dependencia dio por válida la oferta de Armor Life Lab: 17 mil 836 juegos de placas balísticas supuestamente fabricadas en territorio mexicano.
El grupo empresarial Indumil, que es encabezado a su vez por Gabriel Hernández Baca (que también aparece como CEO de Armoring Group), debía entregar en tres parcialidades divididas entre el 17 de septiembre, 17 de octubre y 17 de noviembre. Sin embargo, según información a la que tuvo acceso este medio de comunicación, se han identificado graves incumplimientos por parte de la empresa, pues por un lado, la empresa se ha atrasado en cada una de las entregas parciales y al día de hoy no ha llevado a cabo la entrega completa de las placas adquiridas, sin que se haya rescindido el contrato como marca la legislación en la materia; y por el otro, de acuerdo con pedimentos de importación registrados ante el SAT, las placas que sí fueron entregadas, fueron importadas por Armor Life Lab desde China, adquiridas de la empresa Hangzhou Bichi Imp & Exp Co.
Información y documentos obtenidos por EMEEQUIS muestran que Armor Life Lab no solo se retrasó en cada una de las entregas, sino que las placas balísticas que sí llegaron a la Defensa Nacional fueron importadas desde China, específicamente desde la empresa Hangzhou Bichi Imp & Exp Co.
El golpe más fuerte aparece en las facturas, a las que tuvo acceso EMEEQUIS: las placas fueron compradas a 730 pesos por unidad (unos 40 dólares), pero la Defensa pagó 9,442 pesos por cada una, es decir, 12.93 veces su precio. El margen es tan grande que las estimaciones internas calculan una posible defraudación de 210 millones de pesos, según información a la que tuvo acceso esta casa editorial.
La pieza clave de este entramado de irregularidades es Grupo Indumil, colombiano en su origen, pero con tentáculos empresariales en México, que ha sido investigado en su país por la salida ilegal de armamento militar que terminó en manos de disidencias de las FARC y bandas urbanas, organizaciones que han dejado miles de muertos en el país sudamericano. Entre mayo y junio de este año, autoridades de Colombia detuvieron a militares activos y retirados que movían armas y explosivos con documentos falsos. Parte de ese material había salido de instalaciones vinculadas a Indumil.
En México, firmas satélite del grupo como Armor Life Lab, Indumil SA de CV, Diamond Glass y Grupo Soinco han sido señaladas por prácticas similares: productos balísticos sin certificación, competencia simulada y contratos direccionados.
El CEO del grupo empresarial Indumil y de Armoring Group es Gabriel Hernández Baca, presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria de Blindaje (CNIB). Uno de sus empleos más visibles fue Baher Asesores Integrales, donde en 2009 fungió como director administrativo. La empresa, propiedad de sus familiares, se volvió proveedor recurrente del Servicio de Protección Federal y gobiernos estatales en México. Con Hernández Baca dentro, comenzaron las acusaciones: licitaciones “amarradas”, adjudicaciones sin estar en el padrón de proveedores, alianzas con empresas como Mex-Msf-Sco, señalada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por fallas graves de calidad.
Más tarde, Hernández Baca migró a Armor Life Lab, desde donde consolidó su fórmula preferida: importar lotes gigantes de equipo táctico chino y colocarlos ante gobiernos estatales como productos mexicanos. En la administración pasada, la del gobierno de Andrés Manuel Löpez Obrador, la empresa habría introducido más de 250 mil placas balísticas y 68 mil cascos antimotín, revendidos a Nuevo León, Hidalgo, Puebla y dependencias federales como CFE y Bansefi con sobreprecios que sumarían 500 millones de pesos, según informan las fuentes y documentos a los que tuvo acceso EMEEQUIS.
Incluso embajadas extranjeras compraron sus productos, la de Estados Unidos y Rusia específicamente, sin saber que detrás de etiquetas sofisticadas se escondía la misma fábrica china. La Fiscalía del Estado de México detectó que parte del material no resistía las pruebas balísticas. Su conclusión fue contundente: representaban un riesgo para los policías que debían usarlas.
El episodio más reciente, y tal vez el más preocupante, es que la Defensa Nacional emitió un estudio de mercado para transferir tecnología de producción de placas balísticas a la FAVE. La dependencia invitó a varias empresas, entre ellas, prácticamente toda la red ya mencionada: Armor Life Lab, Protective Materials Technology, Abspro, Mex Msf Sco, Deinap, HGI Industrial Technologies. Es decir, una simulación de competencia.
Muchas no tienen experiencia real en fabricar material balístico. Varias están señaladas por corrupción. Y algunas, como Protective Materials Technology, fueron exhibidas por la venta subvaluada de un departamento en Bosque Real al exsecretario Luis Cresencio Sandoval, según reportaron investigaciones periodísticas como la realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Mientras la entrega del contrato de julio sigue incumplida y las placas importadas desde China circulan como si fueran mexicanas, la Secretaría no ha emitido sanciones públicas ni rescindido el contrato. La institución que más debería proteger a sus elementos hoy enfrenta una sospecha creciente: o está siendo engañada con un fraude millonario que genera un daño importante en la seguridad nacional y en el erario de la nación.
RESPUESTA
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@Ciudadelblues
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