Comuneros de Azoyatla que denunciaron invasión son acusados por daño ambiental

Sigue la zozobra para habitantes de la región.

EMEEQUIS.– Habitantes de la comunidad de Azoyatla –un pequeño enclave aledaño a Pachuca– que acusaron invasión e intento de despojo por parte de miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), fueron denunciados por posible daño ambiental y cambio de uso de suelo en los predios que poseen desde la década de los años 30 del siglo pasado.

La UNTA era una organización ligada al PRI y ahora a facciones morenistas.

Los pobladores –que siguen procesos para defender la posesión de la tierra– denunciaron que los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que levantaron actas e iniciaron las carpetas de investigación llegaron en camionetas de la UNTA, con los líderes agrarios y personas aparentemente armadas.

Han recibido oficios por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en los que los citan a comparecer por procesos iniciados por posibles daños ambientales tipificados en el Código Penal Federal. Ellos consideran que es una medida en represalia por confrontar a la UNTA por la posesión de la tierra, además de cuestionar la relación entre Profepa y los líderes untistas, lo cual ven como una parcialidad en el caso.

Asimismo, reclamaron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no ha actuado ante probables daños causados por la UNTA, pero ahora interviene contra los miembros de la Asociación de Oriundos Posesionarios de Azoyatla de Ocampo.

A la UNTA la acusan de provocar –por descuido– un incendio los días 18 y 19 de noviembre de diciembre de 2023 en una parte conocida como El Capulín, cuando “se encontraban presuntamente trabajando e invadiendo tierras”. 

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Según su relato, cuando los pobladores trabajaban en el saneamiento del área siniestrada, Omar Cervantes Reyes, líder de la UNTA en Mineral de la Reforma –municipio conurbado a Pachuca donde se encuentra Azoyatla– llegó con un inspector de Profepa que identifican como César Sosa Ortiz para impedir que continuaran. Aseguraron que fueron amenazados e intimidados.

La disputa por las tierras suma dos carpetas de investigación por homicidio en grado de tentativa, una más por lesiones y el ingreso de personas armadas a la localidad, de acuerdo con los pobladores, quienes pidieron la intervención del mandatario Julio Menchaca Salazar y la presidenta Claudia Sheinabaum, porque ven riesgo de un ataque.

Una de las carpetas por intento de homicidio en grado de tentativa es la 12-2025-01017, en la que Jesús Gómez, esposo de una posesionaria, narró que “Omar (Cervantes) se bajó de la camioneta y se acercó a mí diciendo que él es el dueño del terreno y que si no me salía de ahí me iba a matar”.

Con base en el testimonio que rindió ante el ministerio público, el líder de la UNTA “sacó un arma de fuego con la que me apuntó y, al jalar el gatillo, una bala salió de una parte del arma y cayó al piso, por lo que levantó la bala y me la arrojó a la cara. Se subió a su camioneta y se fue del predio. Fue así que levanté la bala para guardarla y me percaté que estaba caliente”.

La disputa ha crecido, tras el ingreso de personas ligadas a la organización, que construye obra negra y, con base en los testimonios de habitantes de Azoyatla, hay hombres armados custodiándolos. Asimismo, sostuvieron que esta agrupación ha metido maquinaria y dañado flora y fauna.

Desde 1895, familiares de estos pobladores tienen la posesión de Azoyatla, pero el 16 de noviembre de 1934 el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) notificó que se había instaurado el procedimiento de donación y adjudicación desde enero de 1928. Entre 1933 y 1934 la tierra les fue donada y adjudicada y en 1936 los dotaron nuevamente de una ampliación más de terrenos.

Sin embargo, desde 2014, la UNTA, antes brazo político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su entonces aliado el Verde Ecologista de México (PVEM), inició un proceso para que una extensión de 247 hectáreas se declarara tierra nacional, lo cual, denuncian los habitantes de la localidad, es un modus operandi que ha aplicado esa organización en otros territorios, para quedarse con ellos. 

Durante la pandemia, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el gobierno mexicano, por un procedimiento que llevó a cabo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), concedía la petición de la UNTA, sin que los comuneros fueran notificados.

“Es momento de que las autoridades federales intervengan pronto, ya que este conflicto tiene muchos años. El daño al medio ambiente es irreversible y es injusto que nos culpen de un delito que no hemos cometido, y que el ciudadano Omar (Cervantes Reyes), muy tranquilo, continúe destruyendo el medio ambiente y Profepa no realice ningún procedimiento”, reclamó Norma Estela Flores Montiel, presidente de la Asociación de Oriundos Posesionarios de Azoyatla A.C., que actualmente tiene 52 miembros.

Pidió al gobierno municipal y estatal “que no sólo sean espectadores y hagan su trabajo”, porque “de ellos depende que pare este delito que es contra las tierras nacionales; que intervengan porque están en riesgo posesionarios y dentro de las tierras hay gente armada”.   

@axelchl