La demanda es por lesiones en un hotel del Grupo Vidanta en Nuevo Vallarta, por la que exige 75 mil dólares. ¿Y José Ramón López Beltrán? Asegura que es abogado del grupo... pero al parecer no ejerce. Para acabarla, sus últimos tuits se le revirtieron.
“Si la ponen en la boleta, lo que va a pasar es que se le va a revocar el mandato”, dice Anaya, porque no sólo habrá voto opositor, sino de los propios morenistas en contra de la presidenta.
"En 2014, comenzamos con la ilusión de convertirnos en distribuidores autorizados de Philips”, relata Sebastián, quien pidió mantener el anonimato. “Una década después, lo perdimos todo”.
Anoche peritos arribaron sorpresivamente al lugar del asesinato de Carlos Manzo para recabar evidencias, en medio de sospechas sobre la actuación de los escoltas del alcalde.
La demanda es por lesiones en un hotel del Grupo Vidanta en Nuevo Vallarta, por la que exige 75 mil dólares. ¿Y José Ramón López Beltrán? Asegura que es abogado del grupo... pero al parecer no ejerce. Para acabarla, sus últimos tuits se le revirtieron.
"En 2014, comenzamos con la ilusión de convertirnos en distribuidores autorizados de Philips”, relata Sebastián, quien pidió mantener el anonimato. “Una década después, lo perdimos todo”.
La demanda es por lesiones en un hotel del Grupo Vidanta en Nuevo Vallarta, por la que exige 75 mil dólares. ¿Y José Ramón López Beltrán? Asegura que es abogado del grupo... pero al parecer no ejerce. Para acabarla, sus últimos tuits se le revirtieron.
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Siguen los escándalos con Philips México.
EMEEQUIS.– Lo que comenzó como un sueño familiar impulsado por la promesa de una alianza con Philips, terminó una década después en ruina económica, emocional y física para una familia mexicana. Casas embargadas, empleados despedidos, deudas millonarias y una historia que, según los afectados, expone un patrón sistemático de abuso corporativo e ilegal acorde con normas internacionales.
“Éramos mis hermanos, nuestra madre, quien nos animó a emprender y yo. En 2014, comenzamos con la ilusión de convertirnos en distribuidores autorizados de Philips”, relata uno de los fundadores, Sebastián, quien pidió mantener el anonimato. “Una década después, lo perdimos todo”.
Meses después de la cobertura inicial de los ventiladores defectuosos, más voces se suman a denunciar las irregularidades que la multinacional ha cometido en México. En su caso, Sebastián confiesa que luego de ver en medios de comunicación lo ocurrido con los aparatos defectuosos –los cuales fueron etiquetados un año después por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) como peligrosos debido a que la esponja interna de los equipos hecha de poliéster-poliuretano (PE-PUR), puede descomponerse con el tiempo y liberar partículas y gases que podrían causar asfixia, daños respiratorios o incluso cáncer–, decidió contar su parte de la historia como antiguo distribuidor de la empresa.
Sebastián relata que en 2014, cuando la familia hizo un primer contacto con Philips, la expectativa de distribuir aparatos de una marca tan reconocida resultaba prometedora.
“Mi hermano había trabajado reparando equipos médicos similares, lo que nos parecía una ventaja natural”, cuenta.
Sin embargo, en cuanto empezó la relación, Philips les impuso unas metas de venta “irrealmente altas”, basadas en proyecciones infladas y sin datos verificables. “Nos comparaban con países donde la marca tenía décadas de presencia. Nos exigían reportar proyectos potenciales que ni siquiera tenían financiamiento real, sólo para inflar sus números”, afirma.
La afirmación de Sebastián recae en una agravante, pues de acuerdo con la Ley Sarbanes-Oxley promulgada en Estados Unidos en 2002 a partir de casos importantes en los que empresas falseaban su información y valores, por lo que las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, como es el caso de la multinacional Philips.
De pronto, comenzaron a vender equipos de la línea “Diamond Select” que pese a ser presentados como nuevos en realidad eran reacondicionados —una práctica que, según explica, violaba las políticas internas de compliance de la propia multinacional.
“Nos dimos cuenta después, cuando algunos clientes descubrieron que su equipo ‘nuevo’ venía de otro país y había sido usado. Fue devastador ética y comercialmente”.
Sin embargo, la relación continuó. El siguiente paso fue convertirlos en “distribuidores directos”, un cambio que, lejos de significar un ascenso, los llevó a endeudarse profundamente pues mientras la multinacional les ofrecía descuentos, plazos extendidos y proyectos “garantizados”, a cambio los obligaba a comprar grandes volúmenes de inventario.
“Nos endeudaban con sus socios financieros, mientras reportaban esas ventas como si ya fueran operaciones cerradas con hospitales, cuando en realidad eran solo inventario almacenado”, recordó.
En diciembre de un año crítico, un alto directivo los presionó para realizar una compra especial con descuento y supuestos plazos extendidos. Aceptaron, bajo la condición de recibir el producto el trimestre siguiente.
“Nos avisaron el 30 de diciembre que el embarque iba en camino. El 1 de enero dijeron que ‘se lo habían robado en la carretera’. Aun así, nos exigieron pagarlo como si lo hubiéramos recibido. Prometieron un descuento que nunca llegó. Nunca recuperamos ese dinero”.
Meses después, la familia de Sebastián decidió mantenerse como distribuidores debido al volumen de trabajadores con el que contaban y la esperanza de que despegara más el negocio debido a que, de parte de Philips, recibieron premios por ser “el mejor distribuidor del año”.
Incluso fueron designados como “Distribuidores Máster” en la región sureste del país. Sin embargo, ese reconocimiento nunca se formalizó por contrato. “Nos decían que venía de Panamá o de Holanda, pero nunca firmamos nada. Luego descubrimos que había varios ‘masters’. Era solo una táctica para forzarnos a comprar más”.
Sin embargo, el golpe definitivo llegó en 2020. Con la pandemia de COVID-19, la familia había intermediado la venta de una resonancia magnética de más de 1.2 millones de dólares. Tras pagar más del 50% del valor, Philips negoció directamente con el cliente, ofreciendo un descuento y excluyendo por completo a los intermediarios.
“Nos pidieron firmar un documento para reconocer que el cliente ya no nos debía nada. Nos negamos. Días después, nos retiraron la distribución, cortaron el soporte postventa y comenzaron a difamarnos con otros clientes”.
El resultado fue devastador: decenas de empleados despedidos, hipotecas impagas, equipos sin soporte técnico y una deuda superior a cinco millones de dólares.
“El daño económico fue brutal, pero el emocional fue peor. Nuestra salud se deterioró. Perdimos diez años de trabajo y la tranquilidad de nuestra familia”, dice uno de los hermanos.
La historia de esta familia no parece aislada. Investigaciones de EMEEQUIS han documentado denuncias similares sobre prácticas cuestionables de Philips en México y otros países.
El patrón, sostienen los afectados, es el mismo: metas infladas, manipulación de cifras, coerción mediante deudas y desintermediación de socios locales.
La semana pasada, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro reiteró que los ventiladores defectuosos de Philips ya fueron retirados en su totalidad aunque EMEEQUIS ha verificado que esta información no es cierta. Adelantó que se evalúan acciones legales, sin especificar cuáles.
A inicios de octubre, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dieron la orden a hospitales y almacenes de distribución que tuvieran en sus inventarios los ventiladores Philips Respironic modelos BiPAP V30, BiP A30/A40, Bi-Level PAP y E30 a inmovilizar, separar y solicitar de inmediato el retiro a sus proveedores, así como informar al Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia/COFEPRIS sobre los equipos, modelos y cantidad de cada uno, con los que contaban actualmente en sus instalaciones, así como el nombre del distribuidor.
Este llamado se dio cuatro años después de la notificación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informando que había ventiladores Philips defectuosos que ponían en riesgo la salud de los pacientes, ordenando el retiro de estos equipos y cuatro meses después de la revelación por parte de medios de comunicación, incluido EMEEQUIS, de que las autoridades sanitarias en México ni la empresa respondieron a este llamado.
A través de este medio se ha notificado desde diversas fuentes: personal médico, ingenieros biomédicos, usuarios y exempleados de Philips México sobre los malos procedimientos que van desde la falta de capacitación de la empresa sobre el uso de dichos dispositivos, el abandono a los hospitales públicos y privados y a clientes particulares, la negativa a responder la demanda de recolección de equipo, los intentos de extraer el equipo sin ninguna sustitución o reparación del daño, así como los despidos injustificados a trabajadores y los intentos por desmentir a este medio.
Entre los intentos de Philips por desmentir la información publicada por EMEEQUIS, aseguró que desde hace meses se había resuelto el 99% de los casos globalmente, pero en México no se había retirado ni sustituido un solo equipo E30 hasta el martes 21 de octubre que la presidenta Sheinbaum dijo que ya fueron retirados, pero no ha sido en su totalidad.
Philips insistió en septiembre que el dispositivo estaba autorizado únicamente para uso temporal durante la pandemia, bajo una Autorización de Uso de Emergencia (AUE) emitida por COFEPRIS. Sin embargo, la falla en la esponja interna de los ventiladores hecha de poliéster-poliuretano (PE-PUR) se notificó en junio de 2021, dentro del periodo oficial de la emergencia sanitaria por COVID-19, que en México comenzó el 30 de marzo de 2020 y terminó el 9 de mayo de 2023. Es decir, los dispositivos E30 fallaron dentro del plazo en el que estaban autorizados para su uso, por lo que la empresa debió actuar en consecuencia.
Además, en las publicaciones de Philips México, señalaron que en junio de 2024 Cofepris inspeccionó las operaciones de la empresa y se concluyó que “no se encontraron anomalías que representaran un riesgo para la salud pública”, lo cual contradice lo publicado por Cofepris en su “Comunicado al Sistema Nacional de Salud y a la población en general” publicado el 8 de octubre.
@FridaMendoza_
La demanda es por lesiones en un hotel del Grupo Vidanta en Nuevo Vallarta, por la que exige 75 mil dólares. ¿Y José Ramón López Beltrán? Asegura que es abogado del grupo... pero al parecer no ejerce. Para acabarla, sus últimos tuits se le revirtieron.
“Si la ponen en la boleta, lo que va a pasar es que se le va a revocar el mandato”, dice Anaya, porque no sólo habrá voto opositor, sino de los propios morenistas en contra de la presidenta.
"En 2014, comenzamos con la ilusión de convertirnos en distribuidores autorizados de Philips”, relata Sebastián, quien pidió mantener el anonimato. “Una década después, lo perdimos todo”.
Anoche peritos arribaron sorpresivamente al lugar del asesinato de Carlos Manzo para recabar evidencias, en medio de sospechas sobre la actuación de los escoltas del alcalde.
