La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en una defensa frontal de Andrés Manuel López Beltrán tras la revocación de su visa estadounidense, la cual calificó como un acto de evidente injerencia política al carecer de sustento probatorio ante las instituciones mexicanas y exigir la misma reciprocidad de pruebas que Washington demanda en casos de extradición, reprochando además que la narrativa opositora ignore el trabajo profundo y los resultados contundentes de su administración contra el huachicol fiscal; en tanto, la mandataria respaldó el deslinde de la Fiscalía General de la República (FGR) al reiterar que no existen indicios formales ni elementos sólidos contra el exdirigente partidista, un caso que mantiene alta tensión nacional tras las filtraciones de la defensa en el noticiero de Azucena Uresti y la tramitación de amparos federales para frenar cualquier intento de captura
La difusión de una lista de presuntos "desinformadores" por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cruza la línea entre la legítima réplica gubernamental y el señalamiento desde el poder. Al identificar y exponer públicamente a periodistas y ciudadanos críticos, el Estado vulnera la protección de datos personales, intimida el ejercicio periodístico y atenta contra los límites constitucionales, transformando la crítica legítima en un blanco institucional que amenaza la libertad de expresión y la democracia. La opinión de @JulietDelrio
Un análisis de las declaraciones patrimoniales de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, revela un salto financiero que la llevó a reportar ingresos por casi 12 millones de pesos en 2025. Lejos de explicarse por su sueldo como mandataria estatal —el cual representó apenas el 15% de sus percepciones anuales—, el grueso de sus percepciones provino de la enajenación de bienes, destacando una casa adquirida en 2019 por 2 millones de pesos que fue vendida por 9.85 millones de pesos, un monto que representa casi cinco veces su valor de adquisición original en un lapso de aproximadamente cinco años.
La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
Transparencia para el Pueblo, reprobada en acceso a información, según estudio de PIPAI
Santiago Alamilla, vocal del colectivo, dijo que de 833 solicitudes de información, el 35% fueron incompletas o insuficientes. Se detectaron evasivas, negativas injustificadas, desigualdades regionales y fallas técnicas en la Plataforma Nacional de Transparencia. El 78% de los periodistas reportó afectar su trabajo por falta de acceso a datos, y la calificación global del sistema actual es de 5.7/10, reflejando un marcado retroceso
La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
EMEEQUIS.- En mayo de este año, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asumió las funciones del INAI, y con ello inició una nueva era en la transparencia para la ciudadanía y el periodismo. Para comprobar si ese cambio mantuvo abierta la válvula de acceso a la información, se creó el colectivo Periodistas de Investigación por el Acceso a la Información (PIPAI), que se encarga de evaluar la efectividad de esta nueva administración. Por desgracia, las noticias no son buenas:
“En este periodo que llamamos ‘la nueva transparencia para el pueblo’, se realizaron 833 solicitudes de información. De estas, el 93% fueron respondidas; sin embargo, aproximadamente el 35.38% de las respuestas contenían información incompleta, insuficiente o simplemente no respondían lo que se preguntaba”, explica en entrevista para EMEEQUIS Santiago Alamilla, ganador del Nacional de Periodismo de Investigación por parte del extinto INAI y vocal de PIPAI.
El análisis, que combina aspectos cuantitativos y cualitativos, encontró que “ese 35.38% incluye evasivas, ligas rotas, datos parciales o negativas injustificadas. De esas, 38 derivaron en recursos de revisión, y sólo uno fue atendido hasta el momento”.
BARRERAS Y OBSTÁCULOS EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
“La parte cualitativa es la más sensible: observamos una continua imposición de barreras, como evasivas institucionales, negativas sistemáticas, desigualdades regionales —en algunos lugares entregan información en tiempo y forma, en otros simplemente no— y múltiples fallas técnicas de la Plataforma Nacional de Transparencia, que ha presentado muchas intermitencias”, agrega.
El periodista de investigación explica que, hasta hace pocos días, no se podían explotar los datos abiertos de la plataforma, que son fundamentales para realizar análisis agregados en reportajes.
“Aproximadamente el 55% de los periodistas encuestados manifestó haber tenido afectaciones en su trabajo por estos obstáculos informativos. Muchos hemos tenido que regresar a prácticas previas a la existencia de la ley de transparencia: minería de datos, rastreos manuales, filtraciones, fuentes humanas, etcétera”.
Señaló que el análisis arrojó malos resultados:“La calificación que otorgamos como periodistas de investigación al actual sistema de transparencia es de 5.7 sobre 10, considerando que sí existe un marcado retroceso”.
Para Alamilla, la transparencia es un logro consecuencia de una lucha democrática: “El Instituto Nacional de Transparencia fue resultado de 25 años de trabajo y de gestiones desde que se empezó a abrir la información pública para que estuviera disponible para todos”.
Por eso el PIPAI quiere poner la lupa sobre las nuevas políticas de transparencia de este nuevo sexenio: “Nuestra metodología es muy simple: somos una especie de focus group especializado. Periodistas que hemos trabajado toda la vida con temas de transparencia y que hemos sido usuarios recurrentes de la Plataforma Nacional de Transparencia. Lo que buscamos es garantizar que siga existiendo ese flujo de información”.
“Desde el sexenio anterior ya había resistencia de los organismos públicos a cumplir con sus obligaciones de transparencia, y esa resistencia derivó en la modificación constitucional. Digamos que ahora vivimos un ‘segundo piso’ de la opacidad”.
Para el periodista de investigación, se ha hecho más difícil obtener información fidedigna sin tener que pasar por recursos y revisiones.
“Aunque el cambio es reciente, ya observamos una diferencia negativa respecto al instituto anterior. Aun así, habrá que esperar cómo evolucionan los recursos interpuestos, que hasta el momento han sido resueltos mayoritariamente a favor de las autoridades, ratificando las negativas”.
“Definitivamente es un tema grave. Aunque quiero pensar con optimismo que esto puede mejorar, hoy por hoy el 78% de los periodistas del PIPAI ha tenido que retrasar o modificar su trabajo por falta de información”.
IMPACTO EN EL DERECHO A SABER
Para el público en general, esto significa menos acceso a temas relevantes.
“El periodismo sirve para revelar lo oculto, para comunicar lo que las autoridades intentan mantener fuera de la vista. Este retroceso afecta directamente el derecho a saber y, por tanto, la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas”, menciona Alamilla.
Aunque existe esperanza de cambio:“Creo que no será una iniciativa que surja del propio gobierno. Tendrá que venir de la ciudadanía, igual que en el año 2000, cuando se logró la creación de la Ley de Transparencia y del instituto federal”.
Para él, tiene que ser un logro de presión de la sociedad organizada, como ocurrió a principios de siglo, para volver “al camino de la transparencia” en tiempos de la Cuarta Transformación.
La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en una defensa frontal de Andrés Manuel López Beltrán tras la revocación de su visa estadounidense, la cual calificó como un acto de evidente injerencia política al carecer de sustento probatorio ante las instituciones mexicanas y exigir la misma reciprocidad de pruebas que Washington demanda en casos de extradición, reprochando además que la narrativa opositora ignore el trabajo profundo y los resultados contundentes de su administración contra el huachicol fiscal; en tanto, la mandataria respaldó el deslinde de la Fiscalía General de la República (FGR) al reiterar que no existen indicios formales ni elementos sólidos contra el exdirigente partidista, un caso que mantiene alta tensión nacional tras las filtraciones de la defensa en el noticiero de Azucena Uresti y la tramitación de amparos federales para frenar cualquier intento de captura
La difusión de una lista de presuntos "desinformadores" por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cruza la línea entre la legítima réplica gubernamental y el señalamiento desde el poder. Al identificar y exponer públicamente a periodistas y ciudadanos críticos, el Estado vulnera la protección de datos personales, intimida el ejercicio periodístico y atenta contra los límites constitucionales, transformando la crítica legítima en un blanco institucional que amenaza la libertad de expresión y la democracia. La opinión de @JulietDelrio
Un análisis de las declaraciones patrimoniales de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, revela un salto financiero que la llevó a reportar ingresos por casi 12 millones de pesos en 2025. Lejos de explicarse por su sueldo como mandataria estatal —el cual representó apenas el 15% de sus percepciones anuales—, el grueso de sus percepciones provino de la enajenación de bienes, destacando una casa adquirida en 2019 por 2 millones de pesos que fue vendida por 9.85 millones de pesos, un monto que representa casi cinco veces su valor de adquisición original en un lapso de aproximadamente cinco años.
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