La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
Santiago Alamilla, vocal del colectivo, dijo que de 833 solicitudes de información, el 35% fueron incompletas o insuficientes. Se detectaron evasivas, negativas injustificadas, desigualdades regionales y fallas técnicas en la Plataforma Nacional de Transparencia. El 78% de los periodistas reportó afectar su trabajo por falta de acceso a datos, y la calificación global del sistema actual es de 5.7/10, reflejando un marcado retroceso
La explosión de una pipa en Iztapalapa dejó 31 muertos y la Fiscalía de la CDMX ha decidido reservar los videos del C5 y de particulares por tres años, pese a haber mostrado algunas imágenes inicialmente. Expertas en transparencia consideran que la medida carece de justificación legal y que el interés público debería prevalecer. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y la investigación oficial no aclara responsabilidades.
La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dará este viernes detalles sobre la explosión en Iztapalapa que dejó 31 muertos, en medio de una controversia por la reserva de videos y registros del caso. EMEEQUIS ha cuestionado la versión oficial y evidenciado que la FGJ-CDMX decidió mantener la información oculta hasta 2027, generando dudas sobre la transparencia y la verdad sobre la velocidad de la pipa y la responsabilidad del chofer.
La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
Transparencia para el Pueblo, reprobada en acceso a información, según estudio de PIPAI
Santiago Alamilla, vocal del colectivo, dijo que de 833 solicitudes de información, el 35% fueron incompletas o insuficientes. Se detectaron evasivas, negativas injustificadas, desigualdades regionales y fallas técnicas en la Plataforma Nacional de Transparencia. El 78% de los periodistas reportó afectar su trabajo por falta de acceso a datos, y la calificación global del sistema actual es de 5.7/10, reflejando un marcado retroceso
La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
EMEEQUIS.- En mayo de este año, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asumió las funciones del INAI, y con ello inició una nueva era en la transparencia para la ciudadanía y el periodismo. Para comprobar si ese cambio mantuvo abierta la válvula de acceso a la información, se creó el colectivo Periodistas de Investigación por el Acceso a la Información (PIPAI), que se encarga de evaluar la efectividad de esta nueva administración. Por desgracia, las noticias no son buenas:
“En este periodo que llamamos ‘la nueva transparencia para el pueblo’, se realizaron 833 solicitudes de información. De estas, el 93% fueron respondidas; sin embargo, aproximadamente el 35.38% de las respuestas contenían información incompleta, insuficiente o simplemente no respondían lo que se preguntaba”, explica en entrevista para EMEEQUIS Santiago Alamilla, ganador del Nacional de Periodismo de Investigación por parte del extinto INAI y vocal de PIPAI.
El análisis, que combina aspectos cuantitativos y cualitativos, encontró que “ese 35.38% incluye evasivas, ligas rotas, datos parciales o negativas injustificadas. De esas, 38 derivaron en recursos de revisión, y sólo uno fue atendido hasta el momento”.
BARRERAS Y OBSTÁCULOS EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
“La parte cualitativa es la más sensible: observamos una continua imposición de barreras, como evasivas institucionales, negativas sistemáticas, desigualdades regionales —en algunos lugares entregan información en tiempo y forma, en otros simplemente no— y múltiples fallas técnicas de la Plataforma Nacional de Transparencia, que ha presentado muchas intermitencias”, agrega.
El periodista de investigación explica que, hasta hace pocos días, no se podían explotar los datos abiertos de la plataforma, que son fundamentales para realizar análisis agregados en reportajes.
“Aproximadamente el 55% de los periodistas encuestados manifestó haber tenido afectaciones en su trabajo por estos obstáculos informativos. Muchos hemos tenido que regresar a prácticas previas a la existencia de la ley de transparencia: minería de datos, rastreos manuales, filtraciones, fuentes humanas, etcétera”.
Señaló que el análisis arrojó malos resultados:“La calificación que otorgamos como periodistas de investigación al actual sistema de transparencia es de 5.7 sobre 10, considerando que sí existe un marcado retroceso”.
Para Alamilla, la transparencia es un logro consecuencia de una lucha democrática: “El Instituto Nacional de Transparencia fue resultado de 25 años de trabajo y de gestiones desde que se empezó a abrir la información pública para que estuviera disponible para todos”.
Por eso el PIPAI quiere poner la lupa sobre las nuevas políticas de transparencia de este nuevo sexenio: “Nuestra metodología es muy simple: somos una especie de focus group especializado. Periodistas que hemos trabajado toda la vida con temas de transparencia y que hemos sido usuarios recurrentes de la Plataforma Nacional de Transparencia. Lo que buscamos es garantizar que siga existiendo ese flujo de información”.
“Desde el sexenio anterior ya había resistencia de los organismos públicos a cumplir con sus obligaciones de transparencia, y esa resistencia derivó en la modificación constitucional. Digamos que ahora vivimos un ‘segundo piso’ de la opacidad”.
Para el periodista de investigación, se ha hecho más difícil obtener información fidedigna sin tener que pasar por recursos y revisiones.
“Aunque el cambio es reciente, ya observamos una diferencia negativa respecto al instituto anterior. Aun así, habrá que esperar cómo evolucionan los recursos interpuestos, que hasta el momento han sido resueltos mayoritariamente a favor de las autoridades, ratificando las negativas”.
“Definitivamente es un tema grave. Aunque quiero pensar con optimismo que esto puede mejorar, hoy por hoy el 78% de los periodistas del PIPAI ha tenido que retrasar o modificar su trabajo por falta de información”.
IMPACTO EN EL DERECHO A SABER
Para el público en general, esto significa menos acceso a temas relevantes.
“El periodismo sirve para revelar lo oculto, para comunicar lo que las autoridades intentan mantener fuera de la vista. Este retroceso afecta directamente el derecho a saber y, por tanto, la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas”, menciona Alamilla.
Aunque existe esperanza de cambio:“Creo que no será una iniciativa que surja del propio gobierno. Tendrá que venir de la ciudadanía, igual que en el año 2000, cuando se logró la creación de la Ley de Transparencia y del instituto federal”.
Para él, tiene que ser un logro de presión de la sociedad organizada, como ocurrió a principios de siglo, para volver “al camino de la transparencia” en tiempos de la Cuarta Transformación.
La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
Santiago Alamilla, vocal del colectivo, dijo que de 833 solicitudes de información, el 35% fueron incompletas o insuficientes. Se detectaron evasivas, negativas injustificadas, desigualdades regionales y fallas técnicas en la Plataforma Nacional de Transparencia. El 78% de los periodistas reportó afectar su trabajo por falta de acceso a datos, y la calificación global del sistema actual es de 5.7/10, reflejando un marcado retroceso
La explosión de una pipa en Iztapalapa dejó 31 muertos y la Fiscalía de la CDMX ha decidido reservar los videos del C5 y de particulares por tres años, pese a haber mostrado algunas imágenes inicialmente. Expertas en transparencia consideran que la medida carece de justificación legal y que el interés público debería prevalecer. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y la investigación oficial no aclara responsabilidades.
La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dará este viernes detalles sobre la explosión en Iztapalapa que dejó 31 muertos, en medio de una controversia por la reserva de videos y registros del caso. EMEEQUIS ha cuestionado la versión oficial y evidenciado que la FGJ-CDMX decidió mantener la información oculta hasta 2027, generando dudas sobre la transparencia y la verdad sobre la velocidad de la pipa y la responsabilidad del chofer.
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