El proceso penal contra Ovidio Guzmán López en la corte federal de Chicago entró en un nuevo retraso estratégico luego de que la jueza Sharon Johnson Coleman pospusiera su audiencia de estatus del 27 de julio al 28 de octubre de 2026, acumulando así su séptimo aplazamiento desde febrero de 2025. Esta dilación ocurre mientras el hijo de "El Chapo" se encuentra bajo un esquema de colaboración activa tras haberse declarado culpable en julio de 2025 de delitos relacionados con el narcotráfico masivo, un acuerdo de delación premiada para eludir la cadena perpetua que coincide con el pacto de su hermano Joaquín Guzmán López y que, según acusaciones sin pruebas de la fiscalía mexicana, habría detonado la entrega forzada de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
El delito de agresión cometido por el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez en contra de una recepcionista en Santa Fe, Ciudad de México, destapó un presunto fraude inmobiliario en Sinaloa que podría superar los 200 millones de pesos a través de la firma Grupo Universal Inmobiliaria y de Industrias S.A. de C.V. El esquema de estafa, que acumula decenas de denuncias de compradores de México, Estados Unidos y Canadá, incluye proyectos residenciales inconclusos o abandonados en Mazatlán, como la Torre Triana, cuyos derechos fueron asumidos por la financiera Kapitalizer ante un adeudo millonario. Mientras la Fiscalía General de Sinaloa mantiene bajo investigación 18 carpetas vinculadas al grupo de las cuales tres ya han sido judicializadas, reportes locales y volantes distribuidos en 2024 señalan al imputado bajo el alias de “El Acapulco”, vinculándolo presuntamente como lavador de dinero y socio inmobiliario del cártel de “Los Chapitos”.
Tras registrarse un enjambre sísmico en el Océano Pacífico la mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un saldo blanco preliminar y la activación de protocolos de emergencia en el sur y centro del país, destacando un terremoto principal de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. La alta frecuencia y cercanía de los impactos subterráneos —que incluyeron sacudidas consecutivas de magnitudes entre 5.2 y 6.8— alarmaron a la población y provocaron que la Secretaría de Marina activara una alerta preventiva de tsunami en los litorales de Chiapas y Guerrero. A pesar de la intensidad y de haber sido perceptible de forma moderada en la Ciudad de México, las autoridades confirmaron que las ondas no superaron los umbrales tecnológicos requeridos para activar la alerta sísmica capitalina, mientras expertos de la UNAM y el SSN mantienen bajo monitoreo el fenómeno, asociado al deslizamiento de fallas por el proceso de subducción de las placas tectónicas
El proceso penal contra Ovidio Guzmán López en la corte federal de Chicago entró en un nuevo retraso estratégico luego de que la jueza Sharon Johnson Coleman pospusiera su audiencia de estatus del 27 de julio al 28 de octubre de 2026, acumulando así su séptimo aplazamiento desde febrero de 2025. Esta dilación ocurre mientras el hijo de "El Chapo" se encuentra bajo un esquema de colaboración activa tras haberse declarado culpable en julio de 2025 de delitos relacionados con el narcotráfico masivo, un acuerdo de delación premiada para eludir la cadena perpetua que coincide con el pacto de su hermano Joaquín Guzmán López y que, según acusaciones sin pruebas de la fiscalía mexicana, habría detonado la entrega forzada de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024
Reformas al Código Fiscal pondrían en peligro libertad de negocios digitales
“Consideramos que la regulación propuesta, sobre todo en el Código Fiscal, va más allá de lo que debería contemplar una regla de fiscalización de contribuyentes”, afirma la experta Diana Juárez Martínez en entrevista.
El proceso penal contra Ovidio Guzmán López en la corte federal de Chicago entró en un nuevo retraso estratégico luego de que la jueza Sharon Johnson Coleman pospusiera su audiencia de estatus del 27 de julio al 28 de octubre de 2026, acumulando así su séptimo aplazamiento desde febrero de 2025. Esta dilación ocurre mientras el hijo de "El Chapo" se encuentra bajo un esquema de colaboración activa tras haberse declarado culpable en julio de 2025 de delitos relacionados con el narcotráfico masivo, un acuerdo de delación premiada para eludir la cadena perpetua que coincide con el pacto de su hermano Joaquín Guzmán López y que, según acusaciones sin pruebas de la fiscalía mexicana, habría detonado la entrega forzada de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024
Este martes comienza la discusión de las reformas al Código Fiscal en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro.
EMEEQUIS.– Los derechos de los negocios digitales podrían estar en peligro. Esto ante las modificaciones al Código Fiscal de la Federación que el gobierno impulsará para el ejercicio fiscal 2026 y que podrían anular la protección de datos personales de usuarios.
Este martes comienza la discusión de las reformas al Código Fiscal en la Cámara de Diputados y existe el riesgo de aprobación fast track como ha sucedido en otras iniciativas.
La reforma busca que las plataformas digitales no residentes paguen la retención y recaudación de impuesto sobre la renta (ISR) y del IVA a las personas morales que realicen operaciones a través de ellas.
Ante esto, el Grupo de Práctica Fiscal de Baker McKenzie, una firma internacional de abogados que trabaja estrechamente con una amplia gama de plataformas digitales y asociaciones industriales, mandó una carta al Poder Legislativo, argumentando que estas nuevas disposiciones exceden “las normas y principios internacionales sobre mecanismos de recaudación aplicables a plataformas digitales no residentes”.
Diana Juárez Martínez, representante de Baker McKenzie, explica en entrevista para EMEEQUIS las implicaciones de esta reforma:
“Nosotros lo vemos principalmente desde el punto de vista de las plataformas digitales; consideramos que la regulación propuesta, sobre todo en el Código Fiscal, va más allá de lo que debería contemplar una regla de fiscalización de contribuyentes”, afirma.
Señala que se está “solicitando acceso a los sistemas y registros de las plataformas digitales que operan en México, ya sean nacionales o extranjeras; considero que este acceso, tal como está planteado, es demasiado amplio y podría violar diversas disposiciones, tanto locales, como la Ley de Protección de Datos Personales, como constitucionales e incluso tratados internacionales”.
Morena podría imponer su mayoría para la aprobación fast track. Foto: Cuartoscuro.
“La redacción actual del artículo 30-B es preocupante, así como la forma en que se plantea su aplicación. Además, se propone extender el esquema de retenciones de las plataformas digitales intermediarias, que actualmente aplican a personas físicas, también a personas morales”.
Menciona que estas plataformas, aún sin tener presencia física en México, ya están sujetas al régimen de servicios digitales para efectos del IVA y a múltiples obligaciones fiscales.
“La ampliación de este esquema generaría cargas administrativas importantes, tanto para las plataformas como para las personas morales que ya cumplen con sus obligaciones en México. En consecuencia, esto podría tener un impacto negativo no solo en las plataformas, sino también en sus usuarios, al complicar un modelo de negocios que se caracteriza justamente por su simplicidad y eficiencia en el entorno digital”, agrega.
La consultora Diana Juárez Martínez advierte de los peligros.
Además, aunque no afectaría directamente a los pequeños y medianos negocios, sí afectaría a las retenciones: “Tal como se plantea, serían del 4% sobre ISR y del 8% sobre IVA. En el caso del ISR, esa tasa nos parece elevada y podría afectar su flujo de efectivo”.
Para ella, el impacto no será inmediato, pero a largo plazo sí puede afectar “su liquidez, ya que muchos de estos negocios cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales; al someterlos a un esquema de retenciones, podrían terminar pagando más impuestos de los que realmente les corresponden. Eso generaría saldos a favor que tendrían que solicitar en devolución al SAT, un proceso que, como sabemos, suele ser complejo y tardado”.
Ella cuestiona que aunque el gobierno busca aumentar la recaudación “y atender ciertas inconsistencias detectadas en el cumplimiento de algunos contribuyentes, me parece que hay otras formas de resolverlo, sin imponer más obligaciones a empresas que no tienen presencia en México”.
“La fiscalización es responsabilidad del gobierno mexicano, no de las empresas. No tendría sentido trasladarles más cargas administrativas o de verificación”, sentencia.
El camino adecuado, según analiza, es fortalecer las medidas de fiscalización sobre los contribuyentes en México: “Si el problema está relacionado con las plataformas digitales, y se ha detectado que algunas personas físicas utilizan RFC de personas morales para evadir retenciones, entonces habría que implementar mecanismos más eficientes para verificar la identidad de los contribuyentes”, y no generar una vigilancia injustificada sobre las plataformas digitales.
Los diputados federales tienen hasta el 20 de octubre para aprobar los cambios, mientras que el proceso en el Senado de la República tiene que quedar antes del 31 de octubre, con el peligro de que esta reforma pueda aprobarse de forma exprés o como comúnmente se conoce, fast track.Además, existe cierto recelo de que esta ley pueda dar datos sensibles de los usuarios a la Agencia de Transformación Digital, dirigida por José Antonio Merino.
Este martes, la discusión llegará a la Cámara de Diputados para la modificación del Código Fiscal de la Federación. Ya que estos cambios afectan la recaudación de impuestos, tienen que verse reflejados también en la Ley de Ingresos, ya que esta se encarga de proyectar la forma en la que el gobierno recibirá dinero de los contribuyentes.
El proceso penal contra Ovidio Guzmán López en la corte federal de Chicago entró en un nuevo retraso estratégico luego de que la jueza Sharon Johnson Coleman pospusiera su audiencia de estatus del 27 de julio al 28 de octubre de 2026, acumulando así su séptimo aplazamiento desde febrero de 2025. Esta dilación ocurre mientras el hijo de "El Chapo" se encuentra bajo un esquema de colaboración activa tras haberse declarado culpable en julio de 2025 de delitos relacionados con el narcotráfico masivo, un acuerdo de delación premiada para eludir la cadena perpetua que coincide con el pacto de su hermano Joaquín Guzmán López y que, según acusaciones sin pruebas de la fiscalía mexicana, habría detonado la entrega forzada de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
El delito de agresión cometido por el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez en contra de una recepcionista en Santa Fe, Ciudad de México, destapó un presunto fraude inmobiliario en Sinaloa que podría superar los 200 millones de pesos a través de la firma Grupo Universal Inmobiliaria y de Industrias S.A. de C.V. El esquema de estafa, que acumula decenas de denuncias de compradores de México, Estados Unidos y Canadá, incluye proyectos residenciales inconclusos o abandonados en Mazatlán, como la Torre Triana, cuyos derechos fueron asumidos por la financiera Kapitalizer ante un adeudo millonario. Mientras la Fiscalía General de Sinaloa mantiene bajo investigación 18 carpetas vinculadas al grupo de las cuales tres ya han sido judicializadas, reportes locales y volantes distribuidos en 2024 señalan al imputado bajo el alias de “El Acapulco”, vinculándolo presuntamente como lavador de dinero y socio inmobiliario del cártel de “Los Chapitos”.
Tras registrarse un enjambre sísmico en el Océano Pacífico la mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un saldo blanco preliminar y la activación de protocolos de emergencia en el sur y centro del país, destacando un terremoto principal de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. La alta frecuencia y cercanía de los impactos subterráneos —que incluyeron sacudidas consecutivas de magnitudes entre 5.2 y 6.8— alarmaron a la población y provocaron que la Secretaría de Marina activara una alerta preventiva de tsunami en los litorales de Chiapas y Guerrero. A pesar de la intensidad y de haber sido perceptible de forma moderada en la Ciudad de México, las autoridades confirmaron que las ondas no superaron los umbrales tecnológicos requeridos para activar la alerta sísmica capitalina, mientras expertos de la UNAM y el SSN mantienen bajo monitoreo el fenómeno, asociado al deslizamiento de fallas por el proceso de subducción de las placas tectónicas
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