Manipulación de la escena en el Rancho Izaguirre: Alteración de pruebas y omisiones 

Autoridades estatales modificaron la disposición de objetos, omitieron el registro de evidencias clave y restringieron el acceso a colectivos de búsqueda, de acuerdo con Yuriria Rodríguez Castro en su columna de Opinión 51.

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18 DE MARZO DE 2025
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Aspecto de las labores de la Fiscalía de Jalisco. Foto: Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– La escena del crimen en el Rancho Izaguirre, Jalisco, donde se han encontrado restos humanos, fue alterada antes de la intervención oficial, según un análisis criminológico publicado hoy en Opinión 51 por Yuriria Rodríguez Castro, doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, especialista en estructuras criminales y prevención del terrorismo. 

La experta señala que autoridades estatales modificaron la disposición de objetos, omitieron el registro de evidencias clave y restringieron el acceso a colectivos de búsqueda.

La intervención de la Fiscalía del Estado de Jalisco en el rancho ha generado dudas sobre la preservación de pruebas fundamentales para la identificación de víctimas. 

De acuerdo con Rodríguez Castro, las imágenes oficiales de la Fiscalía no coinciden con los hallazgos iniciales de los colectivos de búsqueda, quienes documentaron restos óseos en la superficie, ropa con sangre y evidencia de actividad reciente.

Además, nuevas alertas anónimas advierten que podrían hallarse más de 200 restos humanos en la zona, mientras que la Fiscalía ha emitido restricciones que impiden a los colectivos continuar con la búsqueda, limitando la posibilidad de esclarecer el número total de víctimas.

EVIDENCIAS DESAPARECIDAS Y MANIPULACIÓN DE LA ESCENA

Rodríguez Castro destaca que la escena del Rancho Izaguirre presenta patrones de alteración similares a los ocurridos en casos como Ayotzinapa y San Fernando. En entrevista con EMEEQUIS, explica que la contaminación de la escena impide una investigación científica adecuada y podría responder a una estrategia deliberada de ocultamiento de homicidios.

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“La estrategia oficial ha sido minimizar las cifras de homicidios mientras las desapariciones aumentan. Si se identifican cuerpos, dejan de ser desaparecidos y se convierten en cifras de asesinatos, lo que no conviene al discurso gubernamental”, advierte la criminóloga.

Yuriria Rodríguez Castro. Foto: Opinión 51.

Entre las irregularidades detectadas en la escena, destacan:

Ausencia de sellos de aseguramiento: Aunque la Fiscalía declaró el rancho como resguardado, los colectivos encontraron el inmueble sin cintas de seguridad ni resguardo policial, lo que permitió la manipulación de la escena.

Omisión de evidencias clave: Los colectivos documentaron ropa con sangre, restos humanos en la superficie y disparos de Gotcha en las paredes, pero en las imágenes oficiales de la Fiscalía estas evidencias no aparecen.

Manipulación del entorno: Algunos objetos, como colchones y pertenencias personales, fueron trasladados a distintos lugares, alterando el registro original de la escena del crimen.

Hallazgos recientes ignorados: Se identificaron mochilas, carteras y prendas personales, pero la Fiscalía solo catalogó una identificación, minimizando la magnitud de los hallazgos.

Rodríguez Castro señala que uno de los objetos más relevantes encontrados fue una biblia de los Testigos de Jehová, que permitió identificar a una posible víctima. Su hermana, Rubí, aún mantiene la esperanza de que esté con vida, ya que no hay evidencia directa de su fallecimiento, solo objetos personales dejados en el sitio.

“No sabemos si estas alteraciones son por negligencia o encubrimiento, pero lo cierto es que impiden una investigación real y pueden ocultar el número total de víctimas”, agrega.

RANCHO IZAGUIRRE: PARTE DE UNA RED DE EXTERMINIO EN JALISCO

El análisis criminológico también plantea la hipótesis de que el Rancho Izaguirre no es un caso aislado, sino parte de una red de campamentos operados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en toda la Zona Valles de Jalisco.

Rodríguez Castro explica que en la región han sido identificadas otras propiedades con características similares, utilizadas para reclutamiento forzado, exterminio y almacenamiento de restos humanos. Según la criminóloga, esta estructura operativa se ha mantenido desde al menos 2015 y ha evolucionado con el tiempo.

Entre los antecedentes que sustentan esta hipótesis, menciona:

Rancho Los Samiales (2015): En Teuchitlán, la Fiscalía aseguró una propiedad utilizada por el CJNG para el asesinato de víctimas.

Estanzuela, Teuchitlán (2024): Se localizó un campamento de adiestramiento criminal, donde se detuvo a Valentín S., implicado en el homicidio videograbado de los jóvenes de Lagos de Moreno.

Presa de La Vega, Jalisco (2025): Un operativo permitió el hallazgo de 1,818 cartuchos, equipo táctico y precursores químicos, lo que sugiere un vínculo con el crimen organizado.

Además, los colectivos de búsqueda han recibido información sobre otro rancho en la zona de El Carmen, a unos 40 minutos del Rancho Izaguirre, lo que sugiere que esta red de campamentos de exterminio podría extenderse a nivel estatal.

“Estos lugares no solo son puntos de exterminio, sino centros de reclutamiento y rituales de santería y adoración de la Santa Muerte, donde los cuerpos pueden ser utilizados como ofrendas. La presencia de altares y veladoras encendidas en el rancho indica que había actividad reciente”, detalla Rodríguez Castro.

TEUCHITLÁN, JALISCO, 16MARZO2025.- La Fiscalía del Estado de Jalisco realizó una jornada de trabajo junto con integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 13 de marzo de 2025 en el Rancho Izaguirre, con el fin de verificar si había más restos humanos. Las autoridades han descartado que aquí hubiera estructuras que fungieran como crematorios, aunque los buscadores afirmaron que si había restos humanos quemados cuando ellos llegaron al lugar hace una semana. FOTO: FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO/CUARTOSCURLOCM

RESTRICCIÓN DE ACCESO Y ENCUBRIMIENTO

Pese a los indicios de más restos humanos en la zona, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha restringido el acceso a los colectivos de búsqueda.

Según Rodríguez Castro, la decisión de limitar el ingreso a los activistas podría deberse a una intención de ocultar más hallazgos y reducir la cifra oficial de homicidios.

“Si el gobierno reconoce estos cuerpos, automáticamente aumenta la estadística de homicidios. En cambio, al mantenerlos en el limbo de las desapariciones, el discurso oficial puede sostener que los asesinatos han disminuido”, explicó.

La criminóloga también denuncia que, pese a las evidencias de reclutamiento forzado, las autoridades no han implementado estrategias reales para frenar esta práctica.

“El CJNG utiliza falsas ofertas de trabajo para atraer víctimas a estos campamentos. Les prometen empleo en seguridad privada con sueldos irreales, hospedaje y alimentación. Esto ya se había identificado con la empresa fachada Secmex, pero las autoridades no han bloqueado estas páginas de reclutamiento”, reveló.

Finalmente, Rodríguez Castro subraya la urgencia de una investigación internacional ante la magnitud del caso.

“El Rancho Izaguirre es una de las escenas más intervenidas y manipuladas que hemos visto. Hay indicios de exterminio sistemático y una red criminal de gran escala que amerita la intervención de organismos internacionales para su esclarecimiento”, concluye.

@emeequis

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