“La justicia se construye exigiendo”: Helena Monzón y la condena por el feminicidio de Cecilia

Helena Monzon y su camino hacia la justicia en el feminicidio de su hermana Cecilia. (Cuartoscuro)

EMEEQUIS.– “La justicia solo se mejora participando y exigiendo”. Así resume Helena Monzón el camino que emprendió tras el feminicidio de su hermana, la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, asesinada a plena luz del día en mayo de 2022 en Puebla.

En entrevista para EMEEQUIS, Helena Monzón  reconstruye un proceso judicial que se prolongó por casi tres años, atravesado por dilaciones, amparos y lo que califica como “abusos sistemáticos del sistema de justicia”, con el objetivo de evitar que Javier López Zavala, expolítico poblano y expareja de Cecilia, llegara a juicio por feminicidio.

Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022 mientras conducía su camioneta en el municipio de San Pedro Cholula. Dos sicarios en motocicleta la interceptaron y le dispararon en al menos seis ocasiones. En ese momento, su hijo se encontraba bajo su custodia y plena tutela. A partir de ese día, relata Helena, comenzó una búsqueda “incansable” de justicia, acompañada por abogadas, abogados y colectivas feministas, muchas de las cuales ya habían caminado junto a Cecilia en vida, no solo como litigante, sino como activista.

“Desde junio de 2022 sabíamos quiénes eran los responsables”, afirma Monzón. Ese mes se realizaron las detenciones de los tres implicados: Javier López Zavala, señalado como autor intelectual, y dos autores materiales. Sin embargo, el proceso se empantanó durante meses entre investigaciones complementarias, revisiones constantes de prisión preventiva y una cascada de recursos legales.

“Lo que intentaban era extender el procedimiento para que se agotara la prisión preventiva o, en el mejor de los casos para ellos, lograr el sobreseimiento y que se les dejara ir sin perseguir el delito”, explica Helena.

La defensa de López Zavala promovió múltiples amparos, incluso para cuestionar la competencia de los tribunales de Puebla y buscar que el caso se trasladara a Toluca. Cada uno de esos recursos, señala, obligó a la familia a librar batallas paralelas solo para sostener el proceso con vida.

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El juicio por feminicidio finalmente inició en abril de 2025. Ocho meses, más de 80 audiencias y un desgaste emocional profundo después, el tribunal acreditó la responsabilidad de los tres coautores y dictó la pena máxima prevista por la ley en Puebla: 60 años de prisión para Javier López Zavala.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA SENTENCIA, LO QUE HIZO JUSTICIA

Para Helena Monzón, la justicia no está únicamente en la cifra de la condena.

“Creo en la ley, y si la ley marca un máximo, ese es el máximo humanamente alcanzable. Pero lo que verdaderamente hace justicia a mi hermana es cómo está construida la sentencia”, afirma.

Destaca que el tribunal incorporó de forma sólida la perspectiva de género, reconociendo a Cecilia no solo como víctima, sino como una mujer abogada, defensora de derechos humanos y activista feminista, cuya muerte tuvo una repercusión social más amplia.

“El tribunal consideró quién era ella, qué hacía, por qué luchaba, y eso se refleja en la sentencia. Eso deja un legado para otros casos”, subraya.

Durante el proceso, la familia incluso denunció a un juez ante el Consejo de la Judicatura por intentar excluirlos de la acusación. “Si eso hubiera prosperado, nos quedábamos fuera de todo el procedimiento y no hubiéramos llegado hasta aquí”, recuerda. El episodio, documentado y denunciado públicamente, marcó un punto de quiebre sobre lo vulnerable que puede ser el acceso a la justicia sin distinción. 

CONTROL DENTRO DEL PENAL 

Helena Monzón también se refirió al paso de López Zavala por el Cereso de Puebla, antes de su regreso al penal federal de máxima seguridad del Altiplano. De acuerdo con lo que expuso, su permanencia en el penal estatal representaba un riesgo no solo para el proceso judicial, sino para la seguridad misma del centro penitenciario.

López Zavala contaba con acceso a dispositivos electrónicos, comunicaciones frecuentes y un régimen de visitas muy por encima del promedio de la población penitenciaria. Incluso, dijo, existían versiones ampliamente conocidas y difundidas en medios locales, sobre el control que ejercía en distintas áreas del penal, incluyendo presuntas actividades internas y una red de influencias.

“No es solo una cuestión de seguridad dentro del penal, sino de seguridad para el propio Estado. Era como un cáncer”, afirmó.

López Zavala ha estado adscrito al penal del Altiplano desde 2022 por razones de seguridad, y que su estancia en Puebla fue únicamente un egreso temporal para enfrentar los juicios por violencia familiar (en 2024) y feminicidio (en 2025). “Nunca dejó de pertenecer al Altiplano”, enfatiza.

“LAS LUCHAS COLECTIVAS LLEGAN MÁS LEJOS” 

Hoy, con sentencia  dictada, Helena Monzón mira hacia adelante. Su reflexión es clara: las luchas compartidas llegan más lejos. “Hay colectivas, hay buenos profesionales, pero sobre todo hay que exigirle a las autoridades que cumplan. La justicia solo mejora cuando se le obliga a funcionar”.

El caso de Cecilia Monzón no solo concluyó con una condena contra un actor político relevante, sino que dejó un legado jurídico: la Ley Monzón, que permite retirar la patria potestad a padres investigados o sentenciados por feminicidio. Para su hermana, ese es quizá el acto de justicia más profundo: que la muerte de Cecilia sirva para proteger a otras mujeres y a sus hijas e hijos.

@MarRome259